REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO CRISTOBAL ROJAS
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA


EXPEDIENTE N° 1110-2001


PARTE DEMANDANTE
(RECURRENTE) COMUNIDAD DE CO-ARRENDATARIOS DEL EDIFICIO “CENTRO COMERCIAL RIO TUY”, ciudadanos: PEDRO ANTONIO ARVELAEZ HERNANDEZ, RAFAEL ADRIAN FIGUERA SEIJAS, INES MARITZA CASTRO PARRA, ZENAIDA CECILIA GEORGERIN PEREZ, ELENA DEL VALLE NAVARRO GUERRA, SAMUEL PEÑA PEREZ, BEXIS MAGALY GONZALEZ DE PEÑA, ISABEL ELINA CODECIDO DE PEREZ, FREMIO CARMELO LEIRA ANTUNEZ, FABIO SASTOQUE PULIDO, NELLY ESTHER ROSARIO CARDENAS, DISNARDI MEZA DE NIEVE, MIRIAN JOSEFINA MACHUCA, MARLENE CASTRO, IGNACIO ANTONIO PEREZ MALO, WU XIU KUI, SONIA MARTINEZ DE MELENDEZ y HENRY CID NAVARRO.-


APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDANTE:
ABOGADO JUAN BAUTISTA PEÑA GONZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.529.


PARTE DEMANDADA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CRISTOBAL ROJAS DE CHARALLAVE DEL ESTADO MIRANDA.

MOTIVO RECURSO DE NULIDAD
(Resolución N° 02, cursante al expediente Administrativo N° 02 de fecha 11/11/2002).

Se inició la presente causa mediante demanda intentada por los ciudadanos PEDRO ANTONIO ARVELAEZ HERNANDEZ, RAFAEL ADRIAN FIGUERA SEIJAS, INES MARITZA CASTRO PARRA, ZENAIDA CECILIA GEORGERIN PEREZ, ELENA DEL VALLE NAVARRO GUERRA, SAMUEL PEÑA PEREZ, BEXIS MAGALY GONZALEZ DE PEÑA, ISABEL ELINA CODECIDO DE PEREZ, FREMIO CARMELO LEIRA ANTUNEZ, FABIO SASTOQUE PULIDO, NELLY ESTHER ROSARIO CARDENAS, DISNARDI MEZA DE NIEVE, MIRIAN JOSEFINA MACHUCA, MARLENE CASTRO, IGNACIO ANTONIO PEREZ MALO, WU XIU KUI, SONIA MARTINEZ DE MELENDEZ y HENRY CID NAVARRO, en su carácter de arrendatarios del Edificio CENTRO COMERCIAL RIO TUY, TORRES A y B, AVENIDA BOLIVAR JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO, en fecha 15/07/2003, quienes se encuentra representados de su apoderado DR. JUAN BAUTISTA PEÑA GONZALEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21529, quien demandó la NULIDAD DE LA RESOLUCION N° 02, emanada de la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas de fecha 11/11/2002, por auto de fecha 23/07/2003, éste Tribunal le dio entrada a dicho recurso, se ordenó solicitar de la Alcaldía de éste Municipio los Antecedentes Administrativos.
Por auto de fecha 15 de agosto de 2003, se admitió dicho recurso y se ordenó librar el Cartel de Citación y se ordenó notificar al Sindico Procurador; por diligencia de fecha 21 de agosto de 2003, compareció el apoderado de la parte Recurrente y consignó copia del ejemplar del Diario El Nacional de fecha 28 /08/2003, donde aparece publicado el Cartel de Citación librado.
Por escrito presentado el 09/09/2003, por la abogada MIRTHA TARIFFE DE MORA, en su carácter de apoderada de INVERSIONES FIDALGO, C.A., ampliamente identificada en autos y quien en su carácter de propietaria del inmueble denominado EDIFICIO RIO TUY, TORRES A y B y por encontrarse dentro del lapso fijado por el Artículo 125 de la extinta Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; se dio por citada.
Por diligencia de fecha 17/09/2003, la apoderada de INVERSIONES FIDALGO, C.A., solicitó se fije la oportunidad de comenzar la relación de la causa ; por escrito recibido en la misma fecha el apoderado de los Recurrentes igualmente solicitó se aperturara la causa a pruebas.
Por auto de fecha 18/09/2003, se acordó la apertura a pruebas de la presente causa. En fecha 23/09/2003, la apoderada del propietario consigno escrito contentivo de pruebas mediante los cuales reproduce y hace valer los argumentos que invocó en el Recurso de Nulidad intentado; en tanto que en la misma fecha la representación de los Recurrentes presentó escrito constante de cinco (5) folios, mediante el cual expone las razones y argumentos en el cual basa sus recursos.
En fecha 26/09/2003, se recibió escrito constante de 2 folios útiles, de la apoderada de INVERSIONES FIDALGO.
Siendo la oportunidad para dictar sentencia en el presente juicio, éste Tribunal procede a ello previa las siguientes consideraciones:
Sostienen los recurrentes que la administración dictó el acto administrativo que riela del folio 34 al 35 del expediente, quebrantando el ordenamiento jurídico, esencialmente los artículos 29 y 30 del Decreto-Ley de Arrendamientos.
Fundamentan los formalizantes el recurso en las siguientes razones de hecho: PRIMERO.- La Oficina de Catastro sin previo chequeo de las instalaciones del edificio y de sus demás males que lo circundan, tomando como modelo ejemplar, quizás como el mismo expresaba, el Edificio Don Alejandro, basa la imposición de su canon de arrendamiento que impugnamos, tomando como referencia entre otras pocas cosas, el costo actual de dicho inmueble como que fuera nuevo, sin considerar el titulo de propiedad que indica que ya éste pasa de los 30 o 28 años desde su construcción. SEGUNDO.- Que el organismo regulador, toma por separado, tal como se vislumbró antes, el precio del terreno por un lado y el precio de los metros viejos de construcción del edificio por otro lado, como si fuera nuevo, luego los suma y divide entre los metros cuadrados de cada inmueble , a precios actualizados, lo que permite que cada dos (2) años el propietario pueda doblar dicho canon de arrendamiento, no tomando en cuenta la vetustez o antigüedad de dicho edificio, ni lo que es más grave aun, el colapsamiento de las tuberías del gas. TERCERO.- También se suma el hecho de que no existen sistemas contra incendios, ni menos aun mangueras. CUARTO.- Tampoco se toma en consideración que dicho edificio, legalmente, no posee un estacionamiento adecuado y, el que existe no es más la extensión u ocupación ilícita de un retiro municipal, donde apenas se llena con doce (12) carros, y que no hay alumbrado eléctrico aceptable que ilumine el mismo. QUINTO.- Que dicha construcción carece de un área de esparcimiento legalmente destinada a ello, no hay un salón de fiesta o por lo menos de reuniones sociales, conforme lo exige la normativa de la materia al respecto. Tampoco hay luces de emergencia. SEXTO.- Que la puerta principal de entrada al edificio se encuentra dañada. SEPTIMO.- Las luces de la entrada principal fueron arregladas por el Banco Industrial, pero estas se encienden desde el interior del banco, por lo que siempre quedan apagadas durante la noche.
A juicio de los recurrentes el acto administrativo cuestionado quebranta la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como disposiciones de orden constitucional destacando entre ellas:
Artículo 24: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicaran desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimaran en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.”
Artículo 112: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.”
Artículo 257: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la comisión de formalidades no esenciales.”
Finalmente solicitan que la causa se tramite atendiendo a lo previsto en los artículos 121, 122, 123, 112 y 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, procediéndose a la admisión del recurso de Nulidad del acto administrativo regulatorio de conformidad con el Artículo 78 del Decreto- Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Estimándose la demanda en la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.4.500.000,oo).
En fecha 15/08/2003, éste Tribunal admite el recurso de Nulidad y ordena librar Cartel de Citación con el fin de notificarles a todas las personas que tengan interés personal, legitimo y directo en el recurso de Nulidad, que éste Juzgado admitió dicho recurso en esa misma fecha (folios 55 y 56 del expediente).
El 0909/2003, compareció la apoderada de INVERSIONES FIDALGO, C.A., propietaria del Edificio RIO TUY, TORE A y B, quien de conformidad con el Artículo 125 de la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se da por citada en nombre de su representada, parte interesada en coadyuvar la legalidad de la resolución N° 02, dictada por la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas el 11/11/2002.
Comparecencia que legitima el Artículo 11 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que expresa: “A los fines del procedimiento administrativo se consideran interesados: a) El propietario………”, y en el artículo 22 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que textualmente reza: “Se considerarán interesados, a los efectos de ésta Ley, a las personas naturales o jurídicas a que se refieren los artículos 112 y 121 de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia.”
Argumenta la compareciente que la regulación que fijara canon máximo de arrendamiento a las diferentes unidades que integran el edificio propiedad de quien representa, es un acto administrativo definitivo, que causa estado, y en cuya sustanciación se cumplieron con todos los requisitos de ley. Invoca lo sustentado por la más autorizada doctrina administrativa en el sentido de que para ejercer adecuadamente el recurso Contencioso de Anulación, el libelo debe cumplir ciertos requisitos, a saber:
1.- Identificación precisa del acto impugnado.
2.- Determinación exacta de cuales son las disposiciones legales violadas.
3.-Especificación de cuales son las razones de hecho y de derecho en que se funda la acción.
4.- Identificación exacta de los hechos por los cuales el interesado se siente dañado en su interés legitimo, personal y directo.
En su criterio, del cumplimiento de los requisitos especificados, dependerá la existencia de los motivos de impugnación del acto administrativo inquilinario; bajo el entendido de que la jurisdicción contencioso-administrativa, tiene por objeto entre otras cosas, la anulación de aquellos actos administrativos que sean contrarios a Derecho. Contrariedad que debe entenderse en un sentido lato, ya que comprende el derecho en sentido estricto, es decir las normas expresamente consagradas en la legislación, así como también los principios generales del derecho Administrativo, consagrados en la vigente ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De modo, que dependiendo de los motivos de impugnación, estaremos frente a un vicio de inconstitucionalidad o de ilegalidad.
A juicio de la apoderada de la propietaria del inmueble objeto de la regulación, la administración sustanció el expediente N° 02 donde recayera el acto administrativo impugnado previa observación de todos los requisitos adjetivos y formales, previstos en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Presentada la solicitud, la Alcaldía del Municipio Autónomo Cristóbal Rojas del Estado Miranda, procedió a admitirla de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Se ordenó la notificación de todos y cada uno de los arrendatarios del edificio Río Tuy Torre A y B, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 67 ejusdem, que establece que deberán comparecer al tercer día hábil administrativo siguiente a su notificación, a exponer lo que estimen conveniente.
Ordenada su comparecencia en la oportunidad indicada en el Artículo 68 ibidem se presentaron los ciudadanos FREMIO LEIRA, NELLY ROSARIO CARDENAS y GLORIA CARRASCO, quienes asistidos por el DR. RAMON VELASQUEZ, consignaron sus defensas mediante escrito de fecha 14/06/2002, que riela inserto a los folios 20 y 21 del expediente, en los términos siguientes: Cursa actualmente por ante el Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda un Recurso de Nulidad interpuesto por los inquilinos del edificio Río Tuy, expediente N° 639, en contra de la resolución Administrativa N° 14, de fecha 25/01/2002, expediente administrativo N° 11, cuyo recurso de Nulidad se encuentra en proceso, precisamente en Etapa de Informes, motivo por el cual el presente procedimiento debe ser declarado inadmisible e improcedente, por existir una regulación anterior que no está firme…, lo cual conlleva automáticamente a la acumulación prohibida del Artículo 78 del Código Procesal Civil en virtud de que cualquier decisión en ambos procedimientos se excluyen mutuamente, esto aunado al hecho de que no pueden existir juicios por una misma causa, es decir, no pueden existir dos (2) procedimientos de regulación de alquiler a la vez, para un mismo inmueble……..”.
Planteamiento que fue resuelto por la Sindicatura del Municipio de la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas el 29/10/2002, por considerar que: El Artículo 68 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios, si bien señala que los intereses deberán consignar por escrito todas sus defensas y pretensiones en que se fundamenta su oposición al tercer (3er) día hábil administrativo siguiente a su notificación, también es cierto que el Artículo 69 ejusdem dispone que la causa quedará abierta a pleno derecho a prueba durante un lapso de diez (10) días hábiles para la promoción y evacuación de pruebas, y que agotado dicho lapso se procederá a determinar el valor del inmueble dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes (Artículo 70 de la ley de Arrendamiento Inmobiliario). De tal modo que el legislador no dejó establecido la suspensión de procedimiento o apertura de incidencia alguna que derivase de la oposición efectuada al procedimiento administrativo inquilinario. Las razones y defensas esgrimidas por los opositores no han de ser resueltas in limini litis, sino en la Resolución o acto administrativo que con carácter definitivo recaiga en el procedimiento, y es por lo fenecido el lapso probatorio, deberá procederse a determinar el valor del inmueble a los efectos de la regulación”.
Sostiene que la prueba evidente de que no se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso fue la comparecencia de los interesados ante la administración para esbozar las razones en contra de la regulación donde recayera el acto administrativo impugnado, fue que la Resolución Administrativa N° 14 de fecha 25 de Enero de 2000, no se encontraba definitivamente firme, puesto que el Recurso de Nulidad propuesto en su contra aun estaba en estado de presentar informes, igualmente sostiene que durante la oportunidad prevista en el Artículo 68 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para exponer los interesados todas las defensas y pretensiones que a su juicio obren en contra de la regulación, los escasos inquilinos que comparecieran no invocaron algún motivo que guardara relación con las razones de hecho que ahora aducen como fundamento del presente Recurso de Nulidad; así como tampoco probaron absolutamente nada durante la articulación probatoria aperturaza por mandato del artículo 69 de la ley de arrendamientos Inmobiliarios durante un lapso de diez (10) días hábiles, según lo revela el auto dictado el 17/06/2002, que riela al folio 78 del expediente administrativo, por lo que transcurrido dicho lapso la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda, procedió a determinar el valor del inmueble.
Establecido lo anterior este sentenciador pasa a examinar la violación de los artículo 29 y 30 de la ley de Arrendamientos inmobiliarios denunciados como infringidos, pasando a revisar en primer término el texto de las disposiciones planteadas. Artículo 29 ejusdem: “La fijación de los cánones de arrendamientos de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el presente Decreto-Ley, estará basada en los siguientes porcentajes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble representado en unidades tributarias: A) Con un valor hasta 4.200 Unidades Tributarias…….6% anual. B) Con un valor de entre 4.201 y 8.400 Unidades Tributarias……7% anual. C) Con un valor de entre 8,401 y 12.500 Unidades Tributarias….8% anual. D) Con un valor superior a 12.501 Unidades Tributarias…..9% anual. Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional podrá modificar los porcentajes de rentabilidad establecidos en éste artículo, cuando así lo determinen razones de interés público o social”.
La transcrita disposición establece los porcentajes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble atendiendo el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que realiza a razón de Bs. 14.600,00. Establece la administración cuando emite su Resolución atendiendo al informe de avalúo, que el valor del inmueble es de UN MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS (Bs.1.056.607.860,00), correspondiéndole una renta calculada a razón del 9% anual para vivienda, comercio y otros usos del inmueble de conformidad con lo establecido 29 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Por lo que tomando en consideración el valor del inmueble representado en unidades tributarias, es superior a las 12.500 unidades, resulta aplicable por mandato de la literal d) del artículo 29 ejusdem, el 9% anual de porcentaje de rentabilidad. De allí que estuvo conforme a derecho la fijación del canon máximo de arrendamiento mensual para todas las unidades que integran el edificio de SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.7.924.956,75). Y ASÍ SE DECIDE.
En cuanto a la determinación del valor de inmueble se observa que para el primer avalúo se atendió a dos aspectos: a) Terreno. B) Construcción.
Tomándose en cuenta los factores que inciden, tanto en los valores unitarios como en el factor rental del mismo, para la fijación del precio del terreno se tuvo en consideración lo siguiente:
A) TERRENO.
*Área del terreno.
*Topografía.
* Zona, vialidad y Servicios Público.
* Ubicación.
Su ubicación en jurisdicción del Municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda y comprendido bajo o entre los linderos según sus documentos anexos.
Por lo que el valor del terreno, se determinó conforme a la ley de Inquilinato determina y en función del mercado inmobiliario en la cantidad de Bs. 65.000,00 por metro cuadrado. Deja constancia el organismo regulador que las indicadas medidas y linderos fueron debidamente verificadas y constan en los documentos públicos acompañados a la solicitud de Regulación.
Para determinar el valor de la CONSTRUCCION se tomó en consideración:
- Área total construida.
- Materiales y Acabados: piso: Granito
Techos: Platabanda
Paredes: Friso liso.
- Mantenimiento: Regular.
- Áreas útiles: 4,25%
- Edad de la construcción: Mayor de 10 años.
En tal virtud, para determinar el valor de la construcción, se tomó en cuenta los materiales empleados en la obra, su estado de conservación, edad de la construcción, para los apartamentos destinados a habitación familiar; mientras que el valor del metro cuadrado de construcción de los locales destinados a uso comercial situados en la Torre A y B del Edificio Río Tuy, se fijó en la cantidad de Bs.428.800,00 por cada metro cuadrado.
El analizado informe de avalúo demuestra que la administración no transgredió el artículo 30 ibidem, que reza: “ Para la determinación del valor del inmueble a los fines del artículo anterior, el organismo encargado de efectuar la fijación del canon de arrendamiento máximo deberá tomar en consideración los siguientes factores: 1.- Uso, clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas y todas aquellas circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos que se hayan hecho para fijar su justo valor, las cuales también se especifican razonadamente. 2.- El valor fiscal declarado o aceptado por el propietario y el valor establecido en los actos de transmisión de la propiedad, realizados por lo menos seis (6) meses antes de la fecha de solicitud de regulación, y los precios medios a que se hayan enajenado inmuebles similares en los últimos dos (2) años …”.
En efecto, para la determinación del valor del inmueble tomó en consideración la ubicación del Edificio Río Tuy en la Avenida 2, Bolívar; disfrute de todos los servicios públicos y privados existentes en la zona. Así como la dimensión de los apartamentos y locales, la edad de la construcción que sirvió de parámetro para el calculo del valor del metro de construcción. Por lo que resulta ajustado a derecho la fijación por parte de la administración del canon de arrendamiento máximo mensual para vivienda, comercio y otros usos del inmueble antes mencionado en la cantidad de (Bs. 7.924.956,75) BOLIVARES SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS. Distribuidos de la siguiente manera: TORRE A
INMUEBLE AREA M2 CANON MENSUAL
(APARTAMENTO)
02-12, Y 22 95,91 M2 C/U 120.127,25 Bs. C/U.
10-20, y 30 120,03 M3 C/U 150.337,50 Bs. C/U.
08-18, y 28 88,28 M2 C/U 110.570,75 Bs. C/U.
04-06, y 14 71,15 M2 C/U 89.115,25 Bs. C/U.
16-24, y 26
PENTHOUSE 90,00 M2 C/U 112.727
LOCALES 12-13-14 150,00 M2 C/U 555.525 Bs. C/U.

TORRE B.
INMUEBLE AREA CANON MENSUAL
(APARTAMENTO)
1-13 y 25 83,45 M2 C/U 104.521,25 Bs. C/U.
3-15 y 27 104.70 M2 C/U 131.136,75 Bs. C/U.
CONSERJERIA
17-29 66,30 M2 C/U 83.040,75 Bs. C/U.
7-19 Y 31 84,38 M2 C/U 105.686,00 Bs. C/U.
9-21 Y 33 100,25 M2 C/U 125.563,25 Bs. C/U.
11-23 Y 35 146,66 M2 C/U 183.861,75 Bs. C/U.
LOCALES N°
8 Y 9 402,00 M2 1.488.807,00
10 80,00 M2 C/U 296.280,00 Bs. C/U.
11 130,00 M2 C/U 481.455,00

Examinado el acto administrativo y el expediente donde recayera, este sentenciador observa que el Recurso no se encuadró dentro de los requisitos previstos en el artículo 19, ordinal 4° de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, que establece los casos en que los actos administrativos son absolutamente nulos: 1) cuando hallan sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes. 2) o con prescindencia total o absoluta del procedimiento legalmente establecido.
En cuanto al primer requisito entiende quien decide, que de conformidad con lo previsto en el artículo 8° literal “b”, en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ciertamente la Alcaldía del Municipio Cristóbal rojas del Estado Miranda es la competente para conocer de la regulación del inmueble constituido por el Edificio Río Tuy, torre “A” y “B”. Amen de que el recurrente tampoco alegó la incompetencia del organismo productor del acto.
En relación al segundo supuesto a que se contrae la norma invocada, este sentenciador observa que contrariamente a lo señalado por los recurrentes, la administración cumplió a cabalidad con el procedimiento previsto en los artículos 29 y 30 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para la fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación, porcentaje de rentabilidad anual, y la determinación del valor del inmueble.
Tampoco se observaron violaciones de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso, puesto que los recurrentes estuvieron a derecho, alegando en la oportunidad preclusiva a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la existencia de un Recurso de Nulidad contra la anterior regulación. Planteamiento que desvirtuara la propietaria del inmueble mediante la consignación de la sentencia dictada por el Superior Contencioso que declara desistido el Recurso contra la Resolución N° 14, de Enero de 2000, a tenor de los dispuesto en el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Observándose de igual manera que durante la articulación probatoria aperturaza, los recurrentes no promovieron ni evacuaron probanza alguna de hechos que no son susceptibles de revisar ante esta Instancia a través del Recurso Contencioso destinado a revisar la legalidad del acto, y así se decide.
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el Recurso de Nulidad, propuesto contra la resolución N° 02, dictado por la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas de fecha 11 de Noviembre de 2002, que fijara canon máximo de arrendamiento al edificio Río Tuy, torre “A” y “B”.-
No hay especial condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE A LAS PARTES

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas de la circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Charallave, a los Dos (2) días del mes de julio del año Dos Mil Cuatro. Años 194° y 145°.-
LA JUEZ,

DRA. FLOR A. GONZALEZ S.
LA SECRETARIA,

ABG. JOANNY CARREÑO
En ésta misma fecha siendo las 11:00 a.m., se publicó la anterior sentencia.-
LA SECRETARIA,

ABG. JOANNY CARRENO

FAGS/JC/Rosa
EXP: N° 1110-2003