REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



JUZGADO DEL MUNICIPIO LOS SALIAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA


PARTE DEMANDANTE: LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.720.505.

APODERADO JUDICIAL: ALFREDO RAMPHIS JIMENEZ, venezolano, abogado en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el No 31.696.





PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil STARLUZ, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 1º de Agosto de 1.977, bajo el No 54, tomo 97-A Sgdo.





DEFENSOR JUDICIAL: JOSÈ SANTIAGO RODRÍQUEZ SIMANCAS, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 75.289.






MOTIVO. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
EXPEDIENTE No E-2003-027
SENTENCIA DEFINITIVA.


Se inició la presente demanda por Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra-Venta presentado ante este Órgano Jurisdiccional en fecha 17 de Marzo de 2003, por el abogado ALFREDO RAMPHIS JIMENEZ, en su carácter de apoderado de la ciudadana LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.720.505, contra la Sociedad Mercantil STARLUZ C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha primero de agosto de 1977, bajo el número 54, Tomo 97-A Sgdo.

En fecha 26 de Marzo de 2003, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la demandada Sociedad Mercantil STARLUZ, C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano ANTONIO ALVARADO GARCIA, para que dieran contestación a la demanda al segundo (2do) día de despacho siguientes a su citación.
En fecha 25 de Junio de 2003, el Alguacil del Tribunal estampó informe dejando constancia de no haber logrado la citación personal de la demandada.
En fecha 21 de Julio de 2003, compareció la parte actora y solicitó la citación cartelaria de la demandada de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue acordada y quedó perfeccionada el 10 de Septiembre de 2003.
En fecha 25 de Julio de 2003 la Juez Titular de este Tribunal se avocó al conocimiento de la causa.
En fecha 29 de Octubre de 2003 el Tribunal designó defensor judicial de la parte demandada al abogado JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ SIMANCAS, solicitado por la parte actora el 16 de Octubre de 2003.
En fecha 5 de Noviembre de 2003 el abogado designado, previamente notificado, aceptó el cargo de defensor judicial y juro cumplirlo bien y fielmente.
En fecha 8 de Diciembre de 2003 el apoderado judicial de la parte actora solicitó la citación del defensor judicial designado para que diera contestación a la demanda, quien se dio por citado el 05 de Febrero de 2003.
En fecha 9 de Febrero de 2004 el defensor judicial de la parte demandada presentó escrito de litis contestación.
Abierto el lapso de pruebas sólo la parte actora hizo uso de este derecho.
En fecha 04 de Abril de 2004 el Tribunal dictó auto de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 26 constitucional a través del cual se exige a la parte actora la consignación de documento juzgado importante para emitir la decisión definitiva, el cual fue consignado el 21 de mayo de 2004
MOTIVA
Llegada la oportunidad de dictar sentencia, este Tribunal para decidir observa:
Demandó la parte actora el cumplimiento del contrato de Opción de Compra-Venta, suscrito el 26 de Diciembre de 1996 y su ratificación por ante la Notaria Pública Sexta del Municipio Libertador en fecha 26 de Marzo de 1.997, entre su mandante y la Sociedad Mercantil STARLUZ C.A., antes identificados, sobre un apartamento distinguido con el número y letra (8-D), piso 8, Edificio “MANAPIRE”, Parque Residencial San Antonio de Los Altos, ubicado entre el Kilómetro 15 y 16 de la Carretera Panamericana Altos de Las Minas, Municipio Los Salias, Estado Miranda, cuyas medidas y linderos se encuentran descritos en el contrato de Opción de Compra Venta. Alega la parte actora que en fecha 27 de diciembre de
1.996 su representada celebró con la Sociedad Mercantil STARLUZ, C.A. contrato de opción de compra venta por el inmueble antes identificado el cual quedó autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Novena de Caracas, bajo el Nº 38, Tomo 68. Asimismo, en fecha 26 de marzo de 1997 su representada ante la Notaría Pública Décima Sexta del Municipio Libertador por documento signado bajo el Nº 08, Tomo 17, procedió a cancelar a la Sociedad Mercantil STARLUZ, C.A. la totalidad del precio del inmueble a que se había obligado a comprar. Que el ciudadano Antonio Alvarado García en su condición de Gerente General de dicha sociedad además de recibir la totalidad del precio de la venta del inmueble se obligó a otorgar el documento definitivo de compra venta ante el Registro correspondiente, pero era el caso que transcurrido más de cinco años, no lo ha hecho a pesar de las múltiples gestiones que ha realizado su mandante. Que por tales razones demanda a la Sociedad Mercantil STARLUZ C.A., para que convenga o sea condenada a cumplir con el contrato de opción de compra venta autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima Novena de Caracas en fecha 27 de diciembre de 1996, bajo el número 38, Tomo 68 y su ratificación ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador en fecha 26 de marzo de 1997 bajo el Nº 8, Tomo 17, y proceda a otorgarle ante la Oficina Subalterna de Registro el documento definitivo de venta, y en caso de que éste no lo haga la sentencia le sirva de título para proceder a su registro. Por último solicitó se condenara en costas y costos procesales del presente juicio.
Su pretensión la fundamenta en lo establecido en el artículo 1.167 del Código Civil.
Contra tales imputaciones la parte demandada representada por el defensor judicial, abogado JOSÉ SANTIAGO RODRÍGUEZ SIMANCAS, en la oportunidad de dar contestación a la litis rechazó en forma pura y simple, negando los hechos y el derecho invocados en el escrito libelar, configurándose así la denominada “contestación genérica”, en la cual la carga de la prueba continúa en cabeza del actor; por lo que toca examinar las probanzas aportadas por la parte actora como instrumentos fundamentales de su pretensión.
Pasa entonces esta Sentenciadora a dilucidar en primer término, si la parte actora de conformidad con los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil efectivamente demostró la obligación imputada a la demandada.
El contrato objeto de la presente demanda, establece que el ciudadano ANTONIO ALVARADO GARCÍA, en su carácter de Gerente General de la empresa Mercantil STARLUZ C.A., ofrece a la ciudadana LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ en opción de compra venta un inmueble de su propiedad cuyos linderos y medidas se encuentran descritos en dicho contrato, estableciendo el precio de la venta en ONCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs 11.000.000,00) con un plazo de 30 días a partir de la firma del documento - 27 de diciembre de 1996-, pudiendo ser prorrogado o adelantada su firma, por acuerdo entre las partes. Se establece en el contrato que la vendedora recibe en ese acto la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs 3.000.000,00), según depósito bancario en la Cuenta

Corriente Nº 497-0644165 del Banco de Venezuela, como arras de garantía de la obligación y que formaría parte del pago total de la operación a la firma del documento de propiedad en la Oficina Subalterna de Registro.
En este orden se observa que en fecha 26 de Marzo de 1997, mediante documento autenticado ante la Notaría Pública Décima Sexta del Municipio Libertador, anotado bajo el Nº 8, Tomo 17, los ciudadanos ANTONIO ALVARADO GARCÍA, en su carácter de Gerente General de la empresa mercantil STARLUZ, C.A., denominado “EL PROPIETARIO” por una parte y por la otra LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ denominada “LA COMPRADORA”, convinieron en celebrar el contrato bilateral de venta con entrega anticipada, ratificaron en todas sus partes el contenido del documento de opción de compra del apartamento ubicado en el Edificio Manapire distinguido con el número y letra 8-D, piso 8, parcela V-13-15 de la Segunda Etapa del Parque Residencial San Antonio de Los Altos, ente el Km. 15 y 16 de la Carretera Panamericana que conduce a Los Teques, lugar denominado Altos de las Minas, Jurisdicción del Municipio Los Salias, Estado Miranda, otorgado ante la Notaría Pública Vigésima Novena de Caracas, el 27 de Diciembre de 1996, bajo el Nº 38, Tomo 68. Se estableció en este contrato que el precio de la venta es la cantidad de ONCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs 11.000.000,00), de los cuales se señala que “EL PROPIETARIO” recibe la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 9.500.000,00), según depósito en la Cuenta Nº 497-0616441 del Banco de Venezuela, discriminados en las planillas de depósitos señaladas en el referido documento. Igualmente “LA COMPRADORA” entrega en dicho acto a “EL PROPIETARIO” la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 1.500.000,00), dejando cancelado totalmente el inmueble, con cuya suma “EL PROPIETARIO” se compromete a diligenciar con la urgencia del caso todo lo necesario para facilitar el otorgamiento del Documento Definitivo de Compra Venta del inmueble ya referido, ante el Registro correspondiente.
De la revisión de los Contratos se observa que son documentos autenticados y conforme a lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, se trata de instrumentos públicos, los cuales de conformidad con lo previsto en el articulo 1360, ejusdem, le merecen fe a este Tribunal y los aprecia en todo su valor probatorio. Así se decide.
Durante el lapso probatorio la parte demandada no promovió prueba alguna y la parte actora promovió los contratos de opción de compra venta sobre el inmueble objeto de la demanda y su ratificación, los cuales ya fueron analizados y apreciados anteriormente por la Sentenciadora. Así se decide.
Los Contratos cursantes en autos, debidamente autenticados por ante las Notarías Públicas Vigésima Novena de Caracas y Décima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fechas 27 de diciembre de 1996 y 26 de marzo de 1997, respectivamente, firmados por sus otorgantes, ciudadanos ANTONIO ALVARADO GARCIA, en su carácter de Gerente General de la empresa Mercantil STARLUZ C.A. y LISBETH JOSEFINA

RODRÍGUEZ, los cuales quedaron anotados el primero bajo el Nº 38, Tomo 68 y el segundo bajo el Nº 08, Tomo 17, de los Libros de Autenticaciones llevado por ambos Despachos, son contratos que como tal generan obligaciones y hacen plena fe entre las partes de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que éstos instrumentos se contraen, produciéndose así esos efectos con fundamento a los establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil. En el contrato bilateral, como el presente caso, si una de las partes no ejecuta su obligación la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, tal y como lo establece el artículo 1167 del Código Civil., concatenado con los nombrados artículos 1359 y 1360 del texto sustantivo civil que consagran la fuerza de los contratos entre las partes, quienes deben cumplirlos de buena fe, obligándose a cumplir no solo lo expresado en ellos, si no a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según el uso, la equidad y la Ley .
De los autos y de las pruebas cursantes en autos, se desprende que la demandada, Sociedad Mercantil STARLUZ, C.A., propietaria del inmueble objeto de la presente causa según se evidencia de documento protocolizado el 24 de Noviembre de 1984 en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda bajo el No 45, Tomo 14, Protocolo Primero del Cuarto Trimestre, representada por su Gerente General ANTONIO ALVARADO GARCIA, no cumplió con el Contrato de Opción de Compra-Venta pactado con la ciudadana LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ, a pesar de que ésta última, sí cumplió con su obligación de cancelar la totalidad del precio del inmueble de Bolívares ONCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs 11.000.000,00). Todo lo cual sirve de fundamento de derecho de esta decisión y que conlleva a declarar procedente la acción de Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra-Venta intentada por la ciudadana LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ, mediante apoderado judicial. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por las razones anteriores, este Tribunal del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Con Lugar la demanda intentada por la ciudadana LISBETH JOSEFINA RODRIGUEZ, representada por su apoderado judicial Abogado ALFREDO RAMPHIS JIMENEZ, contra la Sociedad Mercantil STARLUZ C.A., representada por su Gerente General ANTONIO ALVARADO GARCIA, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA, ambas partes identificadas anteriormente.
2.- Se condena a la demandada Sociedad Mercantil STARLUZ C.A. a otorgar el Documento de compra-venta sobre el bien inmueble objeto del Contrato de Opción de Compra suscrito con la ciudadana LISBETH JOSEFINA

RODRIGUEZ, constituido por un apartamento ubicado en el Edificio MANAPIRE, distinguido con el número y letra 8-D, piso 8, en la parcela V-13-15 de la Segunda Etapa del Parque Residencial San Antonio de Los Altos, entre el kilómetro 15 y el kilómetro 16 de la Carretera Panaméricana, que conduce a Los Teques, en el lugar denominado Altos de Las Minas, jurisdicción del Municipio Los Salias, cuyos linderos son: NORTE: Fachada Norte del Edificio. SUR: Espacio exterior que lo separa de los cuerpos que forman Edificio y zona de circulación. ESTE: Pared medianera que lo separa del apartamento C. OESTE: Junta de construcción que lo separa del edificio Orituco. Forma parte del apartamento un puesto de estacionamiento, ubicado en la zona del referido edificio, distinguido con el Nº 169, y sus dependencias se encuentran distribuidas así: Sala-comedor, Cocina-Lavadero, Tres (3) Dormitorios, Dos (2) Baños, Tres (3) Closets. Tiene una superficie de Noventa y Cuatro Metros con Setenta y Cinco centímetros cuadrados (94,75 mts.).
3.- En caso de negativa de la vendedora o demandada de otorgar el documento, la presente sentencia debidamente registrada servirá de título de propiedad a favor de la Compradora o demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil.

4.- Se condena en costas a la parte perdidosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Déjese copia certificada de la Sentencia conforme al artículo 248 ejusdem.
PÚBLIQUESE Y REGISTRESE
NOTIFIQUESE A LAS PARTES

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Municipio del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los siete (7) días del mes de Junio de Dos mil cuatro (2004).- Años 194° y 145º.
LA JUEZ TITULAR


LEONORA CARRASCO HERNÁNDEZ


LA SECRETARIA TEMP.

SANDRA MARCANO



En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo la 10:30 a.m.



LA SECRETARIA TEMP.


LCH/smm