REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA


EXP. Nº 25.267

PARTE ACTORA: BENITO ANTONIO ARTIGAS ANDRADE Y JOSÉ ALBERTO ARTIGAS ANDRADE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de las cédulas de identidad Nº 4.314.862 y 2.689.019, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: JUANA CARMARIA BRANDT PURROY, abogada en ejercicio, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 11.044.782 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 71.735.
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL “PARQUE CORRALITO, C.A.,” inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha nueve (09) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983), anotado bajo el Nº 28, Tomo 67-A Primero, representada por el ciudadano Orlando Rafael Vargas, titular de la cédula de identidad Nº 4.585.857.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene constituido.
MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

I

Se inicia el presente juicio por escrito libelar presentado ante el sistema de distribución con sus respectivos recaudos por la abogada JUANA CARMARIA BRANDT PURROY, en su carácter de Apoderada Judicial de los ciudadanos BENITO ANTONIO ARTIGAS ANDRADE Y JOSÉ ALBERTO ARTIGAS ANDRADE, ambos suficientemente identificados, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA contra la Sociedad Mercantil “PARQUE CORRALITO C.A.,” ya identificada, mediante el cual manifiesta que sus representados han venido poseyendo de forma legítima, es decir, continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con ánimo de tener la cosa como suya propia, un inmueble ubicado en la Ciudad de Carrizal, antigua vía a Pan de Azúcar, Sector Corralito, Municipio Carrizal del Estado Miranda, constituido por un terreno y las bienhechurías sobre él construidas, siendo sus linderos y medidas los siguientes: “(…) Con una superficie aproximada de cuatro mil seiscientos veinte metros cuadrados con cero centímetros (4.620 Mts.2) y cuyos linderos son los siguientes: NORTE: En cuarenta y cinco metros con siete centímetros (45,07 mts) con terrenos que están o fueron ocupados por Manuel Delgado y en parte con terrenos propiedad Alida Cotton Rodríguez Torty; SUR: En ochenta y cinco metros con noventa y ocho centímetros (85,98 mts) con carretera que conduce a “Pan de Azúcar”; ESTE: En ciento dos metros con cuarenta y un centímetros (102,41mts) con terrenos ocupados por Horacio Machado y Miguel Fuentes; y OESTE: En setenta y tres metros con treinta y siete centímetros (73,37 mts) con terrenos que están o fueron ocupados por ALIDA COTTON RODRÍGUEZ TORTY…”. Según lo afirmado por la parte actora, el inmueble anteriormente descrito pertenece a la hoy demandada, Sociedad Mercantil “Parque Corralito C.A.” De la misma forma, dicha representación judicial señala que la posesión que, supuestamente, ejercen sus representados se inició a mediados del año 1.981, extendiéndose durante los últimos 24 años hasta la actualidad, comportándose como verdaderos propietarios, pues su intención era adquirir dicho terreno, de forma tal, que han realizado remodelaciones, ampliaciones y mejoras sustanciales y de infraestructura al referido inmueble, manteniéndolo en perfecto estado de conservación y habitabilidad. En tal virtud, manifiesta que la posesión ejercida por sus mandantes sobre el inmueble antes identificado, es y ha sido legítima, toda vez que, cumple cabalmente las características a que se contrae el artículo 722 del Código Civil, sin que a la fecha ninguna otra persona hubiere pretendido despojarlos de la referida posesión, razón por la cual, y con fundamento en los artículos 771, 772, 773, 796, 1953 y 1977 del Código Civil, procede a demandar como en efecto formalmente lo hace, a la Sociedad Mercantil “Parque Corralito C.A.,” para que convenga o en su defecto este Tribunal declare como propietarios del referido inmueble a los hoy accionantes, así como también se ordene la inscripción de la eventual sentencia que este Tribunal pronunciara de la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, estiman la demanda en la cantidad de setecientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 750.000.000,00).

Por auto de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil cinco (2005), este Tribunal, previa consignación de los recaudos mencionados en el escrito libelar, admitió la demanda por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, ordenando la citación de la Sociedad Mercantil “Parque Corralito C.A.,” a fin de que diera contestación a la demanda, así como también la publicación de un edicto, emplazando a todos los que pudieren tener interés directo y manifiesto en el inmueble descrito en el escrito libelar, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 690 y 692 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 231 eiusdem.

Este Tribunal mediante auto fechado seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005), libró la compulsa respectiva, verificándose la citación de la demandada, en la persona del ciudadano Orlando Rafael Vargas, titular de la cédula de identidad Nº 4.585.857, según declaración rendida por el ciudadano Orlando Brito Muñoz, en su condición de Alguacil Titular de este Juzgado, tal y como se desprende al folio 53 del expediente.

En fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), la representación judicial de la parte actora solicitó, se librara edicto, petición ésta que fue acordada por auto de fecha cinco (5) de diciembre de ese mismo año.

Mediante diligencia fechada dos (2) de marzo de dos mil seis (2006), la apoderada judicial de la parte actora consignó ejemplares de los diarios “El Nacional” y “La Región”, en los cuales aparece publicado el Edicto librado por este Juzgado con ocasión del presente juicio. De igual forma, la secretaria de este Tribunal, en fecha tres (3) de abril de 2006 hizo constar en el expediente la fijación del Edicto en la cartelera del Tribunal.

En fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), la representación judicial de la parte actora solicitó la designación de un defensor judicial para todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble descrito en el Edicto librado por este Juzgado. Tal solicitud, fue acordada por este Juzgado el diecisiete (17) de mayo de este mismo año, designándose como Defensor Judicial al abogado Eduardo Vizcaya, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 31.240. En esa misma fecha se libró la boleta de notificación respectiva.

Mediante diligencia de fecha dos (02) de junio de dos mil seis (2006), la Alguacilesa Accidental de este Juzgado, ciudadana Jennifer Bacallado, consignó boleta de notificación debidamente firmada por el ciudadano Eduardo Vizcaya, quien el seis (06) de julio de ese mismo año aceptó tal designación, jurando cumplir con la misma fielmente.

En fecha veinte (20) de junio de dos mil seis (2006), la representación judicial de la parte actora requirió la citación del Defensor Judicial designado, librándose la compulsa respectiva el trece (13) de junio de dos mil seis (2006).

Por diligencia de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil seis (2006), la parte actora, a través de su apoderada judicial, consignó copia certificada del Registro Mercantil de la Sociedad Mercantil “Parque Corralito C.A.,” así como también, copia certificada del instrumento poder otorgado por dicha empresa al ciudadano Orlando Rafael Vargas, titular de la cédula de identidad Nº 4.585.857.

Mediante diligencia de fecha veinte (20) de julio de dos mil seis (2006), la Alguacilesa Accidental de este Juzgado, Jennifer Bacallado, consignó recibo de citación debidamente firmado por el defensor judicial designado en el presente juicio.

En fecha nueve (09) de agosto de dos mil seis (2006), comparece el ciudadano Orlando Rafael Vargas, ya identificado, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil Parque Corralito C.A., debidamente asistido por la abogada Nora Zoraida Caripe Ávila, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 100.650, y mediante diligencia dice dar contestación a la demanda interpuesta contra su representada, rechazando, negando y contradiciendo tanto en los hechos como en el derecho las pretensiones alegadas por la parte actora, consignando además original de instrumento poder conferido por los ciudadanos Mounir Y. Nassif y Oscar Solórzano Sierralta, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.264.700 y 2.940.825, respectivamente, en sus caracteres de directores ejecutivo y administrativo, respectivamente.

En fecha trece (13) de octubre de dos mil seis (2006), el abogado Eduardo Vizcaya, ya identificado, y en su condición de defensor judicial, consignó escrito contentivo de promoción de cuestiones previas.

Por diligencia fechada veintitrés (23) de octubre de dos mil seis (2006), la representación judicial de la parte actora solicitó cómputo del día de despacho, pues en su decir la cuestión previa promovida lo ha sido fuera del lapso legal. Ante tal requerimiento, este Tribunal instó a la apoderada judicial de la parte demandante para que especificara la fecha exacta a partir de la cual requiere el cómputo.

En fecha diez (10) de noviembre de dos mil seis (2006), la apoderada judicial de la parte actora suscribe diligencia solicitando a este Tribunal que no sea apreciada la Cuestión Previa promovida por el Defensor Judicial por ser extemporánea.

Siendo la oportunidad para decidir este Tribunal observa:

II
DEL JUICIO DECLARATIVO DE PROPIEDAD

El juicio declarativo de prescripción adquisitiva o de usucapión, constituye una de las novedades del Código de Procedimiento Civil, dirigida a llenar una laguna que en ese sentido existía en el Código de 1916. Este juicio, fundado en el derecho de acción, es decir, derecho de reclamar en juicio lo que se nos debe o es nuestro, tiene por objeto la declaración del derecho de propiedad, una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley. De allí, que el artículo 690 de nuestra Ley Adjetiva establezca que cuando se pretende la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva según la Ley o la declaración de cualquier otro derecho real, susceptible de prescripción adquisitiva, el interesado deberá presentar, demanda ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, del lugar de situación del inmueble, la cual deberá sustanciarse y resolverse con arreglo a las disposiciones contenidas en el Título Tercero, Capítulo Primero del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, conforme a tales disposiciones el demandante deberá acompañar a su demanda, certificación expedida por el Registrador correspondiente, en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de aquellas personas que figuren como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble en cuestión, así como copia certificada del título respectivo, instrumentos estos que resultan indispensables a los efectos de establecer la cualidad pasiva de los demandados e integrar el litisconsorcio pasivo necesario, entre todas aquellas personas naturales o jurídicas que aparezcan como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Desde este punto de vista no cabe duda, que cuando el legislador estableció en el artículo 691 eiusdem, que el demandante deberá presentar los referidos instrumentos, no es potestativo, sino un verdadero requisito procesal, a los efectos del trámite posterior de la demanda. En este sentido, la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Civil, en la exposición de motivos del mismo, al referirse a esta norma señaló: “(…) Se exige que la demanda se interponga contra todas aquellas personas que aparezcan como propietarias o titulares de cualquier otro derecho real sobre el respectivo inmueble; y que se acompañe con el libelo una certificación del Registrador en el cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas. Este requisito garantiza por sí mismo que el juicio será entablado con la intervención de todos los sujetos interesados…”. En consecuencia, la cualidad pasiva reside sobre aquellas personas que están legitimadas para contradecir la demanda de usucapión, por aparecer como titulares de la propiedad o de cualquier otro derecho real sobre el inmueble cuya adquisición prescripcional pretende el demandante, y es a estas personas a las que se deberá citar una vez admitida la demanda, conforme lo prevé los artículos 692 y 693 del Código de procedimiento Civil, quienes deberán dar contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días siguientes a la constancia en autos de su citación.

III
DE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DEL CIUDADANO ORLANDO RAFAEL VARGAS, QUIEN SE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE CORRALITO C.A.

Al folio 111 del expediente cursa diligencia suscrita por el ciudadano mencionado en el epígrafe, quien se identificó con la cédula de identidad Nº V-4.585.857, asistido por la abogada Nora Zoraida Caripe Ávila, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 100.650, afirmando ser el representante legal de la empresa demandada y que con tal carácter procedía a dar contestación a la demanda que da origen a las presentes actuaciones, exponiendo lo siguiente: “(…) Rechazo, niego y contradigo tanto en los hechos como en el derecho las pretensiones alegadas por la parte demandante en su libelo, que cursa en las actuaciones del presente expediente…”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, la contestación de la demanda debe darse presentándola por escrito. Dicha disposición legal, adicionalmente, establece que el escrito de contestación se agregará al expediente con una nota final al secretario en la que se exprese que aquel constituye la contestación, así como también, deberá indicarse la fecha y hora de su presentación, todo lo cual responde al principio procesal previsto en el artículo 25 ibídem, según el cual: “(…) Los actos del Tribunal y de las partes, se realizarán por escrito. De todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las actuaciones deben observar el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura del expediente se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil manejo, cuando sea necesario…”. Esta disposición necesariamente debemos concatenarla con las contenidas en los artículos 187 y 188 del referido texto legal, las cuales constituyen una concreción del referido principio. En este sentido, se pronuncia Arístides Rengel-Romberg en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, cuando sostiene: “(…) Por la trascendencia que tiene la contestación de la demanda en el conjunto de los actos del procedimiento, la Ley establece diversos requisitos legales que en definitiva vienen a garantizar la certeza del acto y el leal desarrollo del contradictorio, en un plano de igualdad entre las partes. A) El primero de esos requisitos que debemos mencionar es que la contestación deberá darse por escrito. Es esta una manifestación particular del principio de escritura adoptado en general para los actos procesales, que se ratifica especialmente para este acto, así como se exige específicamente para la demanda. En el escrito de contestación el demandado deberá indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, a los fines indicados en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y a falta de esta indicación, se tendrá como tal la sede del Tribunal. De este domicilio procesal ya hemos tratado con ocasión de la demanda. Por razones de certeza o autenticidad, exige la disposición de la ley que el escrito de contestación sea agregado al expediente de la causa, con una nota firmada por el secretario en la cual se exprese que aquella es la contestación presentada y la fecha y hora de su presentación como se ha visto la atribución conferida por la Ley a los secretarios, de autorizar la exposiciones hechas por las partes, comprende la de dar fe, no solo de la comparecencia del exponente, sino también de la autenticidad de su firma, lo que hace que el acto escrito correspondiente adquiera la calidad de documento autentico. Si fueren varios los demandados, podrán proceder a la contestación juntos o separados en el día y a la hora que elijan conforme al artículo 359; pero en todo caso debe cumplirse la formalidad del escrito antes referido…”. De las disposiciones antes transcritas se desprende que los actos procesales deben -en principio- cumplir con la forma de expresión que el legislador ha contemplado a saber diligencia y escrito o memorial los cuales involucran su presentación personal, es decir, por quien las formula o de su apoderado judicial, sin embargo, tal regla debe atemperarse dada la letra de la disposición contenida en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que concibe al proceso, un instrumento fundamental para la realización de la justicia, estableciendo además que ésta no se sacrificara por la omisión de formalidades no esenciales, lo cual también es ratificado por el constituyente en el artículo 26 cuando consagra el derecho de acceso a la justicia, estableciendo expresamente que: “(…) Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para ser valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud de obtener la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…” (Negrillas y subrayado por el Tribunal). Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social sostuvo en sentencia del 06 de marzo de 2003, lo siguiente: “(…) Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal de la República, por medio de la cual, se ratifica el hecho de que en nuestra carta magna, se aprobaron una serie de principios que tienen como objetivo garantizar a los ciudadanos una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos reposiciones inútiles. Es así que en sentencia del Nº 388, de fecha 21 de septiembre de 2.002, expediente Nº 00.213, se expresó: el recién aprobado texto constitucional establece que el proceso es el medio utilizado para hacer efectiva la justicia, donde no debe verse éste, como un conjunto de actividades que van en defensa de un fin particular, sino como aquel que tiene como objetivo ir en procura de salvaguardar los interés de la colectividad como institución fundamental de la sociedad, por que éste, en ningún caso, no puede estar supeditado a formalismos que subordinen la justicia al proceso, menoscabando los intereses del colectivo...”. En el caso de marras la demandada no cumplió con la forma procesal prevista en nuestra Ley Adjetiva para la presentación de la contestación de la demanda, sin embargo, ello en criterio de quien suscribe no sería razón suficiente para tenerla como no presentada y así se establece. Ahora bien, la diligencia antes referida, consignada por quien se atribuye la representación de la demandada fue presentada vencido el lapso de emplazamiento a que se refiere el Artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, es decir, transcurrido el lapso de veinte días contados a partir de la constancia en autos de la citación de la demandada, lapso éste conocido por quien fue citado como representante de la accionada, tal y como consta al folio 54 del expediente, al cual se encuentra consignado recibo de citación firmado por el ciudadano ORLANDO RAFAEL VARGAS, titular de la cédula de identidad No. 4.585.857, cuyo contenido se transcribe a continuación: “(…) Yo, ORLANDO RAFAEL VARGAS, titular de la cédula de identidad número V- 4.585.857, en mi carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil PARQUE CORRALITO, he recibido del ciudadano Alguacil Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, una compulsa librada en el expediente número 25267, en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, siguen en contra de mi representada los ciudadanos BENITO ANTONIO ARTIGAS ANDRADE y JOSÉ ALBERTO ARTIGAS ANDRADE, en la que se me hace saber que debo comparecer por ante el mencionado Juzgado dentro de los VEINTE (20) DÍAS DE DESPACHO, siguientes a la constancia en autos de mi citación…”. Tal declaración coincide con la disposición antes mencionada, que a la letra reza: “(…) La contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado, o del último de los demandados, si fueren varios. Tanto para la contestación, como para los trámites siguientes, se observarán las reglas del procedimiento ordinario…”. Del referido artículo se desprende claramente que el emplazamiento para la contestación comienza a correr a partir de la citación del demandado o los demandados, y no a partir del cumplimiento total del trámite de citación por edictos. Al respecto, Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, señala respecto de esta norma que la misma “debe aplicarse según su letra. Los veinte días del emplazamiento corren a partir de cuando conste en autos las citaciones de los demandados, es decir, de aquellos que aparecen como tales en el libelo de demanda. El edicto no es, en este caso, una citación a otros demandados contra quienes se pretende también la declaratoria de propiedad; es un llamamiento en general a intervenir cualquier persona con cualidad a la causa. La razón de la intervención no está condicionada al edicto judicial sino el interés jurídico que motoriza y legítima el apersonamiento al proceso.”. En tal virtud, el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda comenzó a correr a partir del 25 de octubre de 2005 (exclusive), fecha en la cual el Alguacil de este Juzgado consignó el recibo de citación en referencia, y venció el 9 de enero de 2006 (inclusive), por tanto, la contestación que se verificó el 9 de agosto de 2006, es a todas luces extemporánea y así se establece.

A los fines de emitir el pronunciamiento de mérito respectivo, y determinar si concurren las condiciones para que se considere a la parte demandada como confesa en la presente causa, procede este Juzgado al análisis exhaustivo de las pruebas aportadas por la parte actora al proceso, toda vez, que la demandada no hizo uso de ese derecho.

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

DOCUMENTALES: 1) Resultas originales de inspección ocular extralitem evacuada por el Juzgado del Municipio Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 24 de mayo de 2005, en la cual dejó constancia de los particulares contenidos en la solicitud, en los términos siguientes: “(…) AL Primer Particular: El Tribunal hace constar que al momento de practicarse la Inspección se hicieron presentes los ciudadanos BENITO ANTONIO ARTIGAS y JOSÉ ALBERTO ARTIGAS ANDRADE, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nros. V-4.314.862 y V-2.689.019, respectivamente, quienes manifestaron que habitan en dicho inmueble. Al Segundo Particular: El Tribunal hace constar previo asesoramiento del Topógrafo designado que el inmueble tiene una extensión aproximada de cuatro mil seis cientos veinte y un metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros aprox. (4.621,88 mts2). Al Tercer Particular: EL Tribunal hace constar que en el inmueble se observaron dos bienhechurías edificadas, construidas en bambú de Veinte metros (20 mts2) cuadrados aproximadamente y otra construida en bloques y concreto cuya área es de sesenta (60 mts2) metros cuadrados aproximadamente, incluyendo un pequeño gallinero. Al Cuarto Particular: El Tribunal hace constar que en las faldas del inmueble se encuentran sembradas plantas frutales, entre ellas: mangos, aguacate, cambur, lechosas, limones, entre otras. Al Quinto particular: El Tribunal hace constar que en el inmueble se observan varios vehículos estacionados, entre ellos un camión, un autobús y cinco carros particulares. Al Sexto Particular: El Tribunal hace constar que el inmueble objeto de la presente inspección se observa protegido en su entrada por un portón de hierro de aproximadamente seis metros (6 mts). Al Séptimo particular: La solicitante haciendo uso de la reserva pide al Tribunal se deje constancia de los siguientes hechos: A) se deje constancia si el inmueble objeto de la presente inspección se observa perturbada por alguna acción. B) Sean agregadas a la presente inspección copia fotostática de los planos del inmueble. El Tribunal visto el pedimento que antecede acuerda de conformidad y ordena su evacuación de la siguiente manera: AL PARTICULAR A: El Tribunal hace constar que el inmueble objeto de la presente Inspección y durante la practica de la misma no se observa ningún tipo de perturbación en el mismo. AL PARTICULAR B: EL Tribunal hace constar que se agregó a las actas de la presente inspección copia fotostática del plano del inmueble objeto de la presente inspección constante de un folio útil”. Este Tribunal aprecia la diligencia extralitem practicada por el referido Juzgado de Municipio, aplicando el sistema de sana crítica, en virtud del cual se le atribuye valor de plena prueba. 2) Justificativo para perpetua memoria (Justificativo de testigos original), evacuado por el Juzgado del Municipio Carrizal en fecha 26 de mayo de 2005 y en virtud del cual, rindieron declaración bajo juramento los ciudadanos Ramón Guillent y José Ramón Cabrera Pérez, quienes se identificaron con la cédula de identidad Nros. 4.025.599 y 1.407.508, respectivamente, y declararon sobre los particulares contenidos en la solicitud. Ahora bien, tales declaraciones extrajudiciales no fueron ratificadas en juicio a los fines de que la parte demandada ejerciera el control de la prueba, por lo que este Tribunal solo atribuye valor de indicio a las declaraciones rendidas bajo juramento por estos ciudadanos, en aplicación del sistema de la sana crítica previsto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. 3) Copia certificada expedida por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, en fecha 21 de julio de 2005, que reproducen documento otorgado por el ciudadano Mounir Nassif, titular de la cédula de identidad Nº 6.264.700, Chafic Said Aboud Jaoude, portador de la cédula de identidad 3.561.344, Oscar Solórzano Sierralta, portador de la cédula de identidad Nº 2.940.825, en su carácter de gerente general de la empresa Servicios Profesionales B.M.A., C.A., mediante el cual declaran que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º del acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa Parque Corralito C.A., aportan, un lote de terreno con un área aproximada de cuatro mil seiscientos veintiún metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros (4.621,88 mts2), ubicado en el sector denominado Corralito, en la vía que conduce a Pan de Azúcar, Municipio Carrizal del Estado Miranda, cuyos linderos y medidas son los siguientes: “(…) NORTE: En cuarenta y cinco metros con siete centímetros (45,07 mts) con terrenos que están o fueron ocupados por Manuel Delgado y en parte con terrenos propiedad de la ciudadana Alida Cotton de Rodríguez Torty; SUR: En ochenta y cinco metros con noventa y ocho centímetros (85,98 mts) con carretera que conduce a “Pan de Azúcar”; ESTE: En ciento dos metros con cuarenta y un centímetros (102,41mts) con terrenos ocupados por Horacio Machado y Miguel Fuentes. OESTE: En setenta y tres metros con treinta y siete centímetros (73,37 mts) con terrenos que están o fueron ocupados por ALIDA COTTON DE RODRÍGUEZ TORTY…”. Dicha documental, se encuentra protocolizada en la referida Oficina Subalterna de Registro bajo el Nº 10, Tomo primero (1º), Protocolo Tercero, en fecha ocho (08) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). Este Tribunal atribuye plena eficacia probatoria a dicha documental de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de procedimiento Civil. 4) Certificación de gravámenes (Original) expedida por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, en fecha 02 de agosto de 2005, mediante la cual, el Registrador ciudadano Carlos Ernesto Padrón Roca, certificó lo que a continuación se transcribe: “(…) CERTIFICA: Que revisados los libros protocolos y notas marginales llevados en esta Oficina durante el lapso de los últimos veintiún (21) años; por documento Nº 49 y 10, Protocolo primero y tercero, Tomo 05º y 01º, de fecha 08 de febrero de 1.984; adquirió: La Compañía “Parque Corralito, C.A.,” Entidad Mercantil. Inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de junio de 1983, actuando bajo el Nº 28, del Tomo 67-A Primero. Asimismo, CERTIFICO: Que no tiene gravamen hipotecario vigente y no han sido recibidas medidas de prohibición de enajenar y gravar, secuestros o embargos, que hayan sido remitidas por las Autoridades Judiciales del País…”. Este Tribunal aprecia dicha documental, de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. 5) Copia certificada de los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil “Parque Corralito C.A.”, la cual, cursa inserta en los Libros que al efecto lleva el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 28, Tomo 67-A-Pro, de fecha 09 de junio de 1983. 6) Instrumento poder conferido por los ciudadanos Mounir Y. Nassif y Oscar Solórzano Sierralta, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.264.700 y 2.940.825, respectivamente, en sus caracteres de Director Ejecutivo y Director Administrativo, respectivamente, de la Sociedad Mercantil Parque Corralito autenticado en fecha 15 de enero de 2002, ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador, del Distrito Federal, quedando asentado bajo el Nº 92, Tomo 02, de los Libros de Autenticaciones respectivos. Este Tribunal aprecia dicha documental de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359, del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Apreciadas como han sido las probanzas suministradas por la parte actora, este Tribunal encuentra que ésta en el escrito libelar pretende adquirir por prescripción un inmueble constituido por un terreno y las bienhechurías en él construidas ubicado en el sector denominado Corralito, en la vía que conduce a Pan de Azúcar, Municipio Carrizal del Estado Miranda, cuyos linderos y medidas se encuentran suficientemente especificados en este mismo fallo, pues se afirma, poseedora legítima por más de 24 años del referido inmueble, sin que durante ese tiempo, hubiere sido perturbada en el ejercicio de tal posesión, ni por el propietario del inmueble ni por terceros, todo ello, invocando las disposiciones contenidas en los artículos 771, 772, 773, 796, 1953 y 1977 del Código Civil.

Así las cosas, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil prevé que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquél lapso, ateniéndose a la confesión del demandado...”. De la disposición antes transcrita se desprenden los dos supuestos para que proceda la confesión ficta, a saber, que el demandado no pruebe algo que le favorezca y que la pretensión de la parte actora no sea contraria a derecho, cuya ocurrencia se ha configurado en la presente causa, debiendo este Tribunal decidir sin dilación, como en efecto lo hace a continuación.

En cuanto a la primera condición para que proceda la confesión ficta, la demandada, efectivamente, no promovió prueba alguna en la oportunidad legal para ello, por lo tanto dicha condición se cumple en el caso en comento.

En lo que respecta a la segunda condición, esto es, que la petición no sea contraria a derecho, debe este Tribunal analizar la pretensión de la parte actora contenida en el escrito libelar, a los fines de determinar si la misma es o no contraria a derecho. En este sentido, se observa que los accionantes en el escrito libelar pretenden adquirir por prescripción un inmueble constituido por un terreno y las bienhechurías en él construidas ubicado en el sector denominado Corralito, en la vía que conduce a Pan de Azúcar, Municipio Carrizal del Estado Miranda, cuyos linderos y medidas se encuentran suficientemente especificados en este mismo fallo, pues se afirma, poseedora legítima por más de 24 años del referido inmueble, sin que durante ese tiempo, hubiere sido perturbada en el ejercicio de tal posesión, ni por el propietario del inmueble ni por terceros, todo ello, invocando las disposiciones contenidas en los artículos 771, 772, 773, 796, 1953 y 1977 del Código Civil. Ahora bien, nuestra Ley Sustantiva contempla en su artículo 1952 la figura de la Prescripción, definiéndola como: “(…) un medio de adquirir un derecho o de deliberarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley…”. De tal definición se infiere la existencia de dos clases de prescripción, la adquisitiva o usucapión, que es un medio de adquirir un derecho y la extintiva, que es un medio de libertarse de una obligación, en ambos casos, por obra del transcurso del tiempo y cumplidas las demás condiciones determinadas por la Ley, siguiendo así el Legislador, lo dispuesto en el Código Napoleónico y así como en el Código Civil Italiano de 1865, toda vez, que