EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 13 de Agosto de 2007
Años. 197º Y 148º

EXPEDIENTE : Nº 4510

PARTE ACTORA : RAFAEL JOSE VILARO PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 11.271.070.

APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA : Abg. GERMAN MACEA LOZADA, Inpreabogado N° 23.878, y de este domicilio.

PARTE DEMANDADA : CARLOS LUIS PUERTAS, JESUS RIVAS y JULIO CANELA, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 13.094.194, Inpreabogado N° 111.316 y 8.778.153, respectivamente, el primero en su condición de Alcalde del Municipio José Antonio Páez del Estado Yaracuy, la segunda en su carácter de Sindico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio José Antonio Páez y el tercero como Presidente de Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA
: Abg. HECTOR RUBEN MARCHENA MOYETONES, Inpreabogado Nro. 103.067.

MOTIVO
: COBRO DE BOLIVARES (APELACIÓN)


Subieron los autos a esta alzada con motivo de Apelación interpuesta por el co-demandado de autos ciudadano JULIO CANELA, en su carácter de Presidente del Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio José Antonio Páez (IMCAP), contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 2005 por el Juzgado de los Municipios Urachiche y José Antonio Páez de de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, cursante la misma a los folios del 231 al 245 del presente expediente.
La causa fue recibida en este Tribunal en fecha 13 de febrero de 2006, dándosele entrada en fecha 17 de febrero de 2006, anotándose en el Libro de Causas bajo el Nro. 4510.
Al folio 263 consta diligencia del abogado GERMAN MACEA en su condición de apoderado judicial de la parte actora, en la cual solicita la notificación de los co-demandados de autos, a los fines pertinentes a la reanudación del juicio por el nombramiento de la nueva jueza, decretándose la misma por auto de fecha 18 de mayo de 2006, cursante al folio 264, en el cual se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Urachiche y José Antonio Páez de esta Circunscripción Judicial, para la respectiva notificación.
Al folio 270 consta auto de este Tribunal de fecha 06 de julio de 2006, dando por recibida la comisión ordenada, constante de 10 folios útiles, con las debidas notificaciones de los co-demandados.
Al folio 282 consta auto de este Tribunal fijando la causa para constitución de asociados y al folio 283 consta auto para la consignación de Informes.
En fecha 11 de octubre de 2006 al folio 284, consta auto de este Tribunal en el cual se fija la causa para decidir dentro de los sesenta días continuos siguientes. En fecha 12 de Diciembre de 2006 se difiere la presente sentencia por treinta días continuos.
De la lectura del escrito libelar se evidencia que la parte actora alega los siguientes hechos:
El Instituto Municipal de Crédito Agrícola de Páez ofrece créditos para cultivos a los productores con la promesa de comprarles la cosecha y descontarles los insumos entregados. El demandante solicitó crédito para cultivar fríjol en una parcela de terreno propiedad de su padre, con una extensión de 08 hectáreas, el cual fue otorgado comprometiéndose el Instituto a comprar la cosecha a Bs. 650 el kilogramo, proporcionando insumos para la siembra.
Se produce la cosecha, se recoge el fríjol, se pone al sol para su secado y se metió en 157 sacos. El día 20 de enero de 2005, se presenta el ciudadano José Luis Gutiérrez, perito del Instituto, con una orden de entrega emanada del Instituto a recoger la cosecha de frijoles en un camión que contenía sacos llenos de fríjol de otros productores. Se realizaron dos relaciones de peso, una por 4576 kilos y la segunda por 2494 kilos de fríjol, suscribiéndose la orden por el ciudadano José Luis Gutiérrez en representación del Instituto, un señor de nombre Julio en representación de la empresa denominada Distribuidora La Constancia y por el demandante Rafael Vilaró.

Al demandante le es pagado el equivalente en dinero de 2000 kilos, menos los gastos de administración en un 3% y un fondo de contingencia en un 4%, los cuales no fueron pactados en el contrato suscrito.
Al realizar el reclamo el demandante al ciudadano Julio Canela, Presidente del Instituto, por la diferencia de kilos de fríjol y los gastos deducidos, este respondió que el resto de los kilos de fríjol salió dañado y por esa razón no se iba a cancelar el resto del precio, ni se iba a devolver el resto del fríjol y en cuanto a los gastos de administración y del fondo de contingencia, esos son gastos que se acostumbran a deducir en este tipo de negociación.
Fundamenta la presente acción en los artículos 1159, 1160, 1212 y 1264 del Código Civil.
La demanda fue admitida por el Tribunal A Quo en fecha 29 de abril de 2005 y los demandados fueron citados en fecha 13 de mayo de 2005, según consta a los folios 28 al 33, y la misma fue contestada en fecha 10 de junio de 2005.
Las pruebas fueron debidamente promovidas por la parte demandante el día 22 de junio de 2005; y por la parte demandada el día 6 de julio de 2005, las cuales fueron admitidas en fecha 14 de julio de 2005.
A los folios del 221 al 230 consta escrito de Informes de la parte actora.
A los folios del 231 al 245 consta decisión del Tribunal A Quo y en la cual el juzgador señala que existe un contrato entre el demandante y el Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez, para la siembre de 8 hectáreas de fríjol; que es el Instituto quien establece las condiciones de contratación, constituyéndose una desigualdad económica en perjuicio del productor, estimando el sentenciador que la entrega de la cosecha por parte del productor Rafael Vilaró es una obligación de dar, de lo que se desprende que al entregarse y pesarse la cosecha, se produjo la transmisión de la propiedad de la cosecha del productor al Instituto.
Igualmente señala que según el objeto social del Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez, no es un ente comercializador, pero al imponer al productor Rafael Vilaró la entrega de la cosecha, la persona jurídica con quien negociará la venta de la misma, así como es el Instituto quien cobra la totalidad del precio de la cosecha, y como se desprende de las declaraciones de autos, está actuando en nombre y representación del Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez y no del productor, por lo tanto dicho Instituto asume el riesgo del producto de la cosecha de fríjol desde el momento que fue entregado y pesado, tal como lo preceptúa el artículo 1475 del Código Civil.
Por todo lo expuesto el Tribunal A Quo declara con lugar la demanda por Cobro de Bolívares intentada por el ciudadano RAFAEL VILARÓ contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO AGRICOLA PAEZ, condenando igualmente la indexación, para lo cual acuerda experticia complementaria del fallo.
ESTANDO EN LA OPORTUNIDAD PARA DICTAR SENTENCIA EN EL PRESENTE CASO, ESTE JUZGADOR LO HACE PREVIO ANALISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL PROCESO:

PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL ACTOR:
A los folios 06 al 07, ambos inclusive, consta fotostática simple de DOCUMENTO donde se le adjudica una parcela a titulo definitivo gratuito al ciudadano RAFAEL JOSE VILARO ARTEAGA, titular de la cedula de identidad Nº 3.086.446, dicha parcela esta ubicada en el Asentamiento Campesino “Sabana de Parra”, municipio Páez, distrito Urachiche, del estado Yaracuy, signada con el numero ocho (Nº 08), con una extensión de ocho hectáreas con siete mil quinientos metros cuadrados ( 8.7500 has.), alinderada así: Norte: Parcela Nº 7; Sur: Parcela Nº 9, Este: Parcela Nº 29, con vía de por medio; y Oeste: Quebrada de Sabana de Parra.,documento éste autenticado por ante la Notaria Pública Duodécimo de Caracas.
A los folios 08 consta copia fotostática de planilla de solicitud de crédito de fríjol del Instituto Municipal de Crédito Agrícola de Páez (IMCAP) del ciudadano Rafael Vilaro, titular de la cédula de identidad Nº 11.271.070, de fecha 22-09-2006,
A los folios 09 al 10 consta informe técnico del Instituto Municipal de Financiamiento Agrícola de Páez (IMCAP) sabana de parra, donde se evidencia la recomendación de la aprobación del crédito, ya que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto.
Al folio 11 consta copia fotostática de acta de comité de crédito del Instituto Municipal de Crédito Agrícola de la Alcaldía del Municipio José Antonio Páez de fecha 01 de octubre de 2004, donde se evidencia en el renglón de observaciones que se le concede el crédito para la siembra de 8 has del cultivo de fríjol.
Al folio 12 consta copia fotostática de carta de orden de solicitud de insumos para el productor Rafael Vilaro, de fecha 24-09-04.
A los folios 13 y 14 consta copia fotostática de control de visitas, signadas con el números 0259 y 0263, del instituto municipal de crédito agrícola Páez de la alcaldía del municipio José Antonio Páez donde se observa en el resultado de la misma que el productor está en plena cosecha.
Al folio 15 consta orden de entrega Nº correlativo 0003 del ciudadano Rafael Vilaro (Productor) a la Distribuidora La Constancia , con domicilio fiscal en Barquisimeto, autorizado por el Instituto Municipal de crédito Agrícola Páez (IMCAP).
A los folios 16 al 17 consta relación del peso del fríjol por sacos del productor Rafael Vilaro.
A los folios 18 y 19 consta planilla de liquidación de crédito y cuadro de inversión del productor Rafael Vilaro.
Al folio 20 consta copia fotostática de cheque signado con el Nº 15172175, de Casa Propia, del código cuenta cliente Nº 0410 0015 54 0151002834, de la alcaldía del municipio José Antonio Páez a la orden de Rafael Vilaro por la cantidad de Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Bolívares (Bs. 486.800).

De la apreciación de los documentos se evidencia que:
A este respecto, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil establece en su segundo parágrafo:
“…Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte…”.

Ahora bien, estos documentales anexas al libelo de la demanda le da la cualidad al demandante de beneficiario del crédito y cuyo documentos al no ser desvirtuado en los autos por la parte demandada, traen como consecuencia plena fuerza probatoria, tal como lo establece el artículo 429 ejusdem. y así se decide.
En cuanto a la Prueba de Informe solicitando a Casa Propia Entidad de Ahorro y préstamo Agencia Sabana de Parra del Estado Yaracuy la información señalada, inserta al folio 212 al 214, este Tribunal le da valor probatorio ya que fue promovida y evacuada dentro del lapso legal y tal como lo señala la Ley.
Promovió las testimoniales de los ciudadanos JOSE LUIS LOZADA, ADELIS TORRES, JOSÉ LUIS GUTIERREZ y LISMERY COLMENAREZ este Tribunal le da su valor probatorio por cuanto los mismo fueron contestes en afirmar que sus respuestas, así mismos sus deposiciones concuerdan entre sí y al momento de las repreguntas estos fueron firmes y no hubo contradicción alguna, tal como lo señala el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto se le dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 492 ejusdem, para la validez de la prueba testimonial.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
A los folios 91 al 100 consta Documento en Original de Gaceta Municipal de Fecha 11 de Abril de 2003, de Sesión Extraordinaria Nº 427, publicada por la Cámara Municipal, donde se evidencia la creación del Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio José Antonio Páez.
A los folios 101 al 102 consta Documento en Original de cuadro de inversión expedido por el Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio José Antonio Páez del Estado Yaracuy del ciudadano RAFAEL VILARO.
A los folios consta 103 al 104 consta Documento Original denominado Control de Visita Nº 0259 y 0268 expedida por el Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio José Antonio Páez del Estado Yaracuy en fecha 04-01-2003 y 06-01-2005.
Estas documentales se relacionan con los hechos que se ventilan en el presente procedimiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1360 del Código Civil Venezolano, este Tribunal le da todo su valor probatorio, y así se establece.
Promovió las testimoniales de los ciudadanos GUSTAVO ALVARADO, JONAS ALVARADO, ADELYS TORRES y JOSE LUIS LOZADA, este Tribunal no le da valor probatorio por cuanto los mismos en el momento de su evacuación no comparecieron a rendir su declaración.

ESTE TRIBUNAL ACTUANDO COMO TRIBUNAL DE ALZADA DENTRO DE SU PODER JURISDICCIONAL DE REVISIÓN PASA A DICTAR SENTENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO: En el presente juicio se dieron cumplimiento a todos los lapsos procesales para evitar reposiciones innecesarias, por lo tanto carece de vicios procedimentales.
SEGUNDO: La causa en estudio se refiere a un COBRO DE BOLIVARES procedimiento tramitado por vía de intimación,
TERCERO: Las partes intervinientes en este proceso hicieron uso del derecho de promoción de pruebas tal como se evidencia en autos.
El Procedimiento por Intimación es una vía procesal especial que busca obtener el pago o la entrega de la cosa adeudada inmediatamente, o, en su defecto, crear el titulo ejecutivo con carácter de cosa juzgada y que permita la ejecución forzosa del deudor renuente. Por lo que representa una vía especial y opcional para la pretensión del acreedor y con la simple presentación de un instrumento que constituya prueba de la obligación reclamada, el Juez apremie el pago al deudor, advirtiéndole que de no hacerlo ni comparecer a alegar algún argumento o circunstancia que lo favorezca, se procederá de inmediato a la ejecución de bienes de su propiedad suficientes para el cobro de la acreencia demandada.
El Código de Procedimiento Civil señala los requisitos de forma que debe llevar toda demanda intentada por este procedimiento, los cuales son los que menciona el artículo 340 ejusdem y los que están indicados en el artículo 642 ejusdem, esta demanda al igual que cualquiera otra, deberá proponerse por escrito ante el Tribunal Competente.
En el presente caso nace la acción de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN por UN Contrato de Crédito Agrícola suscrito por el ciudadano RAFAEL JOSE VILARO PACHECO, antes identificado, con el Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio de Páez o Instituto Municipal de Financiamiento Agrícola de Páez o Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez (IMCAP).
Siendo así necesario señalar que cuando el contrato se perfecciona produce consecuencias que directamente afectan a las partes contratantes, según lo establece el artículo 1159 del Código Civil Venezolano:
“Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.”

Es decir, que esta norma contiene dos reglas: a) La fuerza obligatoria del contrato y b) La irrevocabilidad del contrato por voluntad unilateral de los contratantes, a menos que a ello los autorice el propio contrato.
Igualmente, el artículo 1160 del Código Civil Venezolano, dispone:
“Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el o la Ley.”

Asimismo, el artículo 1271 Ejusdem, establece que:
“El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.”

Siendo la obligación de uno el fundamento de la del otro, el primer efecto de la convención es el de que cada uno de los contratantes, puede obligar al otro a cumplir su obligación, cumpliendo la suya por su parte. El demandado puede oponer la inejecución de la obligación, por ello, es necesario precisar cuando existe ese incumplimiento y al mismo tiempo, si es o no culposo.
Establecen los artículos 1271 y 1270 del Código Civil Venezolano, según el primero, el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución si no prueba que la inejecución o el retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable; y conforme al segundo artículo citado “la diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito”. en efecto, sólo se le podrá considerar inmerso en culpa cuando pueda demostrarse que ha faltado a ese deber de diligencia que no deriva justamente del contrato, sino de las circunstancias que rodean la ejecución del mismo.
En general se distinguen varias formas de incumplimiento, atendiendo a diversos puntos de vista, a saber: a) Según su naturaleza propia; b) Según su duración; y c) Según que su origen consista o no en hechos o causas imputables al deudor.
Por ello, en el citado artículo 1271 del Código Civil, están contempladas las diversas formas de incumplimiento; cuando se hace referencia a la “inejecución de la obligación” comprende tanto el incumplimiento total como parcial y permanente.
La inejecución de la obligación motivada por causa imputable al deudor (dolo o culpa) como el debido a circunstancias, hechos o causas que objetivamente se consideran imputables al deudor, constituyen incumplimiento de la obligación y comprometen la responsabilidad del deudor pero esta se produce siempre que se den otros elementos de la responsabilidad civil; el daño y la relación de causalidad.
Ahora bien, para resolver el problema planteado en el presente caso debemos tomar en consideración que de las documentales consignadas y valorados por esta Juzgadora se evidencia la existencia de una obligación entre el ciudadano RAFAEL JOSE VILARO PACHECO, parte demandante en este proceso y el Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio de Páez o Instituto Municipal de Financiamiento Agrícola de Páez o Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez (IMCAP),parte demadanda en este proceso, esta obligación nace del contrato de crédito agrícola. Asimismo se observa la responsabilidad que tiene el Instituto Municipal de Crédito Agrícola del Municipio de Páez o Instituto Municipal de Financiamiento Agrícola de Páez o Instituto Municipal de Crédito Agrícola Páez (IMCAP) una vez que recibe la cosecha, asumiendo el riesgo del producto que arroja la cosecha de fríjol. Concatenados, las referidas documentales con lo establecido en los articulados del Código Civil Venezolano es evidente que la presente acción debe prosperar, por lo que esta Sentenciadora comparte el criterio dirimido por el Juez A Quo.
Con fundamento a todo lo explanado ut supra, este Tribunal Confirma, en los términos que anteceden, la sentencia apelada que emitió el Tribunal A Quo, y declara sin lugar el recurso de apelación que se interpuso contra el presente fallo, Y ASÍ SE DECIDE.

Por los razonamientos anteriormente explanados, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando como Tribunal de Alzada dentro de su poder jurisdiccional de revisión, y administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.

DECLARA

PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACION interpuesta por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado de los Municipios Urachiche y José Antonio Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 20 de diciembre de 2005, cursante la misma a los folios del 231 al 245 del presente expediente.
SEGUNDO: CON LUGAR LA DEMANDA DE COBRO DE BOLÍVARES intentada por el ciudadano RAFAEL JOSÉ VILARO PACHECO contra los ciudadanos CARLOS PUERTAS, en su carácter de Alcalde del Municipio José Antonio Páez del Estado Yaracuy, JESUS RIVAS, en su carácter de Sindico Procurador del Municipio José Antonio Páez del Estado Yaracuy y a JULIO CANELA, en su carácter de Presidente del Instituto Municipal Agrícola Páez de la Alcaldía del Municipio José Antonio Páez del Estado Yaracuy.
TERCERO: QUEDA CONFIRMADA la sentencia apelada en todas y cada una de sus partes
CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE PERDIDOSA de conformidad con lo establecido en el Artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: SE ACUERDA NOTIFICAR A LAS PARTES DEL PRESENTE PROCESO de conformidad a lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, Líbrese Boletas de notificación.
SEXTO: Remítase en su oportunidad el presente expediente a su Tribunal de origen.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los trece (13) días del mes de agosto de 2007. Años: 197° y 148°.

La Jueza,

Abog. WENDY C. YANEZ RODRIGUEZ
El Secretario,

Abg. LUIS ALFONSO VERASTEGUI

En esta misma fecha y siendo las 11:00 a.m. se publicó y registró la anterior decisión.
El Secretario,

Abg. LUIS ALFONSO VERASTEGUI