REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

Expediente No. 23057

PARTE DEMANDANTE RECONVENIDA: ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA ARGUETA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 4.075.933.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE RECONVENIDA: MARCO LOPEZ TRUJILLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-2.996.719, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 21974.
PARTE DEMANDADA RECONVINIENTE: ALIS MARIA JUARES ARAUJO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 2.959.015.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA RECONVINIENTE: CARMEN GARCIA y ANTONIO JOSE GONZALEZ MEJIA, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 92551 y 92553, respectivamente.
TERECRISTA: OLGA PALACIOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 2.742.706.
APODERADA JUDICIAL DE LA TERCERISTA: ALEXANDRA JORGE, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 89.070.
MOTIVO: NULIDAD DE VENTA
SENTENCIA DEFINITIVA
I
Se inicia el presente procedimiento mediante demanda incoada por el abogado MARCO LOPEZ TRUJILLO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA ARGUETA, en contra de la ciudadana ALIS MARIA JUARES ARAUJO, ambos ampliamente identificados, mediante la cual alega que: 1) Vive desde hace dieciocho (18) años en unión concubinaria con la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 1.581.836, conformando, supuestamente, durante ese tiempo una familia muy unida, donde se brindan, presuntamente, cariño y respeto mutuo, de forma tal que se apoyan en todos sus problemas y tratan en lo posible de protegerse uno al otro, como lo haría cualquier matrimonio formal y con el dinero producto del trabajo de ambos, han adquirido, supuestamente, diversos bienes muebles e inmuebles, los cuales conforman el patrimonio del grupo familiar. 2) De esa unión han procreado un hijo de nombre MAIKER ALEXIS, nacido en Caracas, en fecha 5 de septiembre de 1983, como consta de acta de nacimiento que dice consignar conjuntamente con su escrito libelar. 3) En fecha 15 de mayo de 2001, su mandante y su compañera de vida marital, supuestamente, adquirieron un inmueble constituido por un lote de terreno identificado con el No. C-14, ubicado en la Calle Páez, sector La Llanada, Minitiendas EL RINCON DEL SAMAN, en la ciudad de Guarenas y que por razones económicas el documento de propiedad del referido inmueble fue otorgado a nombre de la concubina CARMEN ROSA CONTRERAS. 4) En ese local ambas personas han trabajado durante estos últimos años, como pequeños comerciantes en la venta de ropa informal para damas y caballeros. 5) En fecha 10 de julio de 2001, la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS vendió el inmueble antes descrito por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,oo) a la ciudadana ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO, ya identificada, según documento protocolizado que también dice consignar con su escrito libelar. 6) Cuando la referida ciudadana realizó la venta no lo hizo con la debida y necesaria autorización de su compañero de vida marital, por lo que, en su decir, la operación en cuestión carece de validez, porque este inmueble, supuestamente, no pertenece en forma exclusiva a la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS, pues también pertenece supuestamente a su concubino ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA, plenamente identificado en autos. 7) Por tales consideraciones e invocando los artículos 156, 164, 168, 170, 767, 1141 y 1142 del Código Civil, demanda como en efecto lo hace a la ciudadana ALIS MARIA JUARES ARAUJO, ya identificada, para que convenga o en su defecto así sea declarado por este Tribunal, que la venta efectuada por la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS es NULA, por carecer del consentimiento exigido por la ley.
Por auto de fecha 11 de julio de 2002, es admitida la referida demanda, ordenando el emplazamiento de la demandada a los fines de que diera contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación.
En fecha 1 de agosto de 2002, el Alguacil del Juzgado del Distrito Plaza de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, consigna recibo de citación firmado por la demandada en el presente juicio.
El 18 de septiembre de 2002, comparece ante este Juzgado el abogado ANTONIO JOSE GONZALEZ MEJIA, ya identificado, en representación de la ciudadana ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO, parte demandada en el presente juicio, a los fines de dar contestación a la demanda que da inicio a las presentes actuaciones. En el escrito respectivo la representación judicial de la demanda expuso lo siguiente: 1) Impugnó y desconoció las documentales que el actor acompañó a su demandada, identificadas con las letras “A”, “B” y “C”. 2) Solicitó que se tome como valor de la demanda la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 11.500.000,oo), dada la omisión en la que incurrió el demandante de no establecer la cuantía de la misma en su escrito libelar. 3) Alegó la falta de cualidad e interés de la demandada para sostener la presente acción, esgrimiendo lo que parcialmente se transcribe a continuación: “(…) mi representada ha sido querellada temerariamente por una nulidad de venta; enajenación ésta que materializó con la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS (…) sobre el inmueble que el actor medianamente identifica en su libelo de demanda. Dicha venta que perfectamente se realizó, la reconozco, por ser totalmente cierta, además que consta en documento público, el cual no tacho u objeto. Uno de los alegatos expuestos por el actor en su libelo de demanda, lo sustenta en el hecho, que desde ya lo niego de manera rotunda y contundente que dice ser concubino de la ciudadana anteriormente referida y a consecuencia de ello, procede a demandar la nulidad por una supuesta ausencia de consentimiento, sustentando jurídicamente tal artería, en el artículo 170 del Código Civil. Es indudable que dicha norma se refiere, a las personas que hayan contraído legalmente matrimonio y la jurisprudencia que menciona la parte demandante, en ningún momento ha establecido tal falacia. El artículo antes invocado, establece en sus párrafos segundo y último, que los derechos de los terceros de buena fe, quedan completamente ha (sic) salvo si hubiesen registrado con anterioridad al registro de la demanda de nulidad y el ultimo se refiere, a que no habiendo posibilidad de ejercer la nulidad en cuestión, solo tendrá la acción directa de daños y perjuicios. Es de resaltar nuevamente, que el requisito sine cuanon (sic) para poder aplicar o subsumir el hecho concreto, es que exista un vínculo matrimonial y así expresamente lo planteo. Siguiendo el orden de ideas, es categórica mi posición y así lo planteo como alegato de defensa, que mi representada es tercera adquiriente de buena fe, por una parte y por la otra, no habiendo sido alegada la mala fe ni mucho menos cumplido con el registro de la demanda de nulidad con anterioridad a la protocolización de la venta perfecta y legalmente realizada, mi poderdante no tiene la cualidad para sostener este proceso, es decir, existe lo que la doctrina ha denominado LEGITIMATIO AD CAUSAM (…) Por último, expongo otro hecho, con el objeto de que prospere a defensa aquí planteada, y es que mi patrocinada ya no es la legítima propietaria del bien inmueble objeto de la infundada demanda y ello se verifica en documento debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Plaza del Estado Miranda en la ciudad de Guarenas, en fecha quince (15) de julio de 2002, quedando anotado bajo el No. 13, tomo 4, protocolo primero. Por todas estas razones, pido a este Juzgado, que la presente defensa de fondo SEA DECLARADA CON LUGAR…” 4) Negó, rechazó y contradijo los hechos y derecho alegados por el actor, por no ser, supuestamente, ciertos y por fundarse el actor en normas que rigen solo y únicamente al régimen del matrimonio. 5) Invocó como alegato de fondo los requisitos de admisibilidad de la presente acción, que suponen la existencia de un vínculo matrimonial y el registro de la demanda de nulidad, todo ello de conformidad con el artículo 170 del Código Civil. 6) Afirma, además, que es incuestionable el hecho que su patrocinada es una tercera persona de buena fe, por lo que nunca podrá existir una acción directa contra ésta, sino, contra el vendedor, por daños y perjuicios. 7) Expresa que los hechos narrados por el actor en su libelo son totalmente falsos y que éste estaba en pleno y total conocimiento de causa que el bien objeto de esta controversia, solo y únicamente pertenecía a la ciudadana que dice ser su concubina, cuestión esta última que niega y rechaza. 8) Su mandante vive en un estado de zozobra, pues es amenazada constantemente por el accionante además de ser señalada como una persona poco seria, razón por la cual y con fundamento en los Artículos 361, 365 y siguientes del Código de Procedimiento Civil reconviene, en nombre de su representada, al ciudadano ALEXIS ANTONIO LOAIZA ARGUETA, suficientemente identificado, para que convenga o en su defecto sea condenado por este tribunal a cancelar a su mandante la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.500.000,oo), por concepto de daños y perjuicios materiales, así como a la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,oo) que estimó por concepto de daños morales, previa corrección monetaria de tales sumas. Finalmente, requiere que la demanda sea declarada sin lugar mientras que la reconvención o mutua petición propuesta con lugar, con la respectiva condenatoria en costas.
Por escrito fechado cuatro (4) de octubre de 2002, la representación judicial de la parte actora se opone a la admisión de la reconvención o mutua petición propuesta por la parte demandada, invocando a tales efectos el incumplimiento de los requisitos previstos en los ordinales sexto y séptimo del Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante sentencia de fecha 9 de octubre de 2002, el Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, se declaró incompetente por razón de la cuantía para conocer de la reconvención o mutua petición propuesta.
Por auto de fecha 25 de noviembre de 2002, este Juzgado declaró admisible la reconvención o mutua petición propuesta por la parte demandada reconviniente y se fija el quinto día de despacho siguiente a la constancia en autos de la notificación para que el demandante de contestación a la reconvención.
En fecha 8 de abril de 2003, la parte actora reconvenida dio contestación a la reconvención negando, rechazando y contradiciendo tanto los hechos como el derecho.
El 29 de abril de 2003, la representación judicial de la parte demandada consignó escrito mediante el cual promueve pruebas en el presente juicio, el cual fue providenciado por auto de fecha 6 de junio de 2003.
En fecha 1 de septiembre de 2003, el apoderado judicial de la accionada consignó escrito de informes.
Mediante auto de fecha 9 de marzo de 2006, quien suscribe se avocó al conocimiento de la causa, ordenándose la notificación de las partes a los fines previstos en el Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
Notificadas las partes del referido avocamiento, sin que ejercieran el derecho a que se refiere el artículo antes mencionado, procede este Tribunal a dictar sentencia en los siguientes términos:

II
DE LA ESTIMACION DEL VALOR DE LA DEMANDA

En la oportunidad de la contestación de la demanda, la representación judicial de la parte demandada, solicitó que se tome como valor de la demanda la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 11.500.000,oo), dada la omisión en la que incurrió el demandante de no establecer la cuantía de la misma en su escrito libelar. Al respecto este Tribunal observa que, la estimación del valor de la demanda constituye una carga procesal del actor, salvo que se trate de una pretensión extrapatrimonial, es decir, aquellas cuyo objeto es el estado y capacidad de las personas, por ende, cuando el demandante omite indicar la cuantía de su demandada, el demandado no puede suplir la omisión en la que incurrió aquél, como pretendió hacerlo en el presente caso, pues no existe disposición alguna que le permita cumplir con una carga procesal que no es suya, por tanto, este Tribunal desestima lo solicitado por la parte demandada de que se tenga como valor de la demanda la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 11.500.000,oo) y así se establece. Entonces, que puede hacer el demandado ante la falta de indicación del valor de la demanda, por parte del actor, oponer la cuestión previa contenida en el ordinal sexto del Artículo 346 de nuestro Código Adjetivo, referente a defecto de forma de la demanda interpuesta, en concordancia con el ordinal cuarto del Artículo 340 eiusdem, toda vez que este último exige al actor la determinación precisa de lo que constituye el objeto de su pretensión, por lo que la falta de estimación del valor, en cumplimiento del Artículo 38, impide establecer un parámetro procesal que tiene significación para ambas partes, en cuanto a la competencia por el valor, la admisibilidad eventual de un recurso extraordinario y el máximo de honorarios profesionales. Ahora bien, si el demandado no opone la cuestión previa en referencia, precluye su oportunidad, tal y como ocurrió en la presente causa, toda vez que la cuestión previa de defecto de forma en el escrito libelar no fue oportunamente promovida por la parte demandada y así se establece. En consecuencia, debe este Tribunal desestimar la solicitud efectuada por la representación de la parte demandada respecto de que se tenga como valor de la demanda la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 11.500.000,00), y así se decide.

FALTA DE CUALIDAD E INTERES DE LA DEMANDADA PARA SOSTENER LA PRESENTE ACCIÓN

La excepción perentoria mencionada en el epígrafe fue opuesta por el apoderado judicial de la parte demandada en los siguientes términos:

“(…) mi representada ha sido querellada temerariamente por una nulidad de venta; enajenación ésta que materializó con la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS (…) sobre el inmueble que el actor medianamente identifica en su libelo de demanda. Dicha venta que perfectamente se realizó, la reconozco, por ser totalmente cierta, además que consta en documento público, el cual no tacho u objeto. Uno de los alegatos expuestos por el actor en su libelo de demanda, lo sustenta en el hecho, que desde ya lo niego de manera rotunda y contundente que dice ser concubino de la ciudadana anteriormente referida y a consecuencia de ello, procede a demandar la nulidad por una supuesta ausencia de consentimiento, sustentando jurídicamente tal artería, en el artículo 170 del Código Civil. Es indudable que dicha norma se refiere, a las personas que hayan contraído legalmente matrimonio y la jurisprudencia que menciona la parte demandante, en ningún momento ha establecido tal falacia. El artículo antes invocado, establece en sus párrafos segundo y último, que los derechos de los terceros de buena fe, quedan completamente ha (sic) salvo si hubiesen registrado con anterioridad al registro de la demanda de nulidad y el último se refiere, a que no habiendo posibilidad de ejercer la nulidad en cuestión, solo tendrá la acción directa de daños y perjuicios. Es de resaltar nuevamente, que el requisito sine cuanon (sic) para poder aplicar o subsumir el hecho concreto, es que exista un vinculo matrimonial y así expresamente lo planteo. Siguiendo el orden de ideas, es categórica mi posición y así lo planteo como alegato de defensa, que mi representada es tercera adquiriente de buena fe, por una parte y por la otra, no habiendo sido alegada la mala fe ni mucho menos cumplido con el registro de la demanda de nulidad con anterioridad a la protocolización de la venta perfecta y legalmente realizada, mi poderdante no tiene la cualidad para sostener este proceso, es decir, existe lo que la doctrina ha denominado LEGITIMATIO AD CAUSAM (…) Por último, expongo otro hecho, con el objeto de que prospere a defensa aquí planteada, y es que mi patrocinada ya no es la legítima propietaria del bien inmueble objeto de la infundada demanda y ello se verifica en documento debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Plaza del Estado Miranda en la ciudad de Guarenas, en fecha quince (15) de julio de 2002, quedando anotado bajo el No. 13, tomo 4, protocolo primero. Por todas estas razones, pido a este Juzgado, que la presente defensa de fondo SEA DECLARADA CON LUGAR…”

Planteada como ha sido la defensa de fondo de falta de cualidad e interés para sostener la presente causa, este Tribunal considera necesario puntualizar que el Artículo 346 del Codigo de Procedimiento Civil, en sus ordinales 2°, 3°, 4° y 5°, contempla las cuestiones previas atinentes atinentes a los sujetos procesales, y a las condiciones que deben llenar para actuar legítimamente en el proceso, las cuales se pueden sintetizar diciendo, que se requiere la legitimidad de las partes y de sus apoderados, y la necesidad de la caución o fianza que exige la Ley en determinados casos para proceder al juicio. Por tanto, resulta necesario distinguir entre legitimidad de las partes o denominada tambien “legitimacion ad procesum” de la legitimacion o cualidad “legitimatio ad causam”, la primera se refiere a la falta de capacidad procesal mientras que la segunda guarda relación entre el sujeto y el interés jurídico controvertido, de forma tal que por regla general, la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación o cualidad activa) y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interes, en nombre propio, tiene a su vez legitimación o cualidad pasiva para sostener el juicio, por lo que la falta de legitimación produce el efecto de desechar la demanda por ésta razón, tal y como ha sido sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 30 de julio de 2003, siguiendo de esta forma lo expresado por los proyectistas en la Exposición de Motivos de nuestro Código de Procedimiento Civil, al explicar que:

“(...) Siguiendo la línea central del Proyecto de conseguir una pronta entrada en el mérito de la causa, se ha considerado que bien pueden la falta de cualidad y la falta de interés, considerarse solo como defensas de mérito, ya que por su indole misma, siempre que se discute sobre la titularidad de un derecho o de una obligacion, allí está planteada realmente la negación de la acción, porque para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual (Articulo 16 del Codigo de Procedimiento Civil). Así, el efecto de la declaratoria con lugar de estas defensas será la desestimación de la demanda en su mérito mismo (...)”.
Establecido lo anterior, se observa que la cualidad o legitimatio ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relacion a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa e incluso la legitimación pasiva esta sometida a la afirmacion del actor, porque es este quien debe senalar que, efectivamente, el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho. Cabe señalar que el Juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del demandante porque ésto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se de la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o culidad pasiva. Efectuada esta distinción entre legitimidad y legitimación, este Tribunal encuentra que lo denunciado por la parte demandada es la falta de legitimación ad causam, esgrimiendo entre otros alegatos que: “(…) mi representada es tercera adquiriente de buena fe, por una parte y por la otra, no habiendo sido alegada la mala fe ni mucho menos cumplido con el registro de la demanda de nulidad con anterioridad a la protocolización de la venta perfecta y legalmente realizada, mi poderdante no tiene la cualidad para sostener este proceso, es decir, existe lo que la doctrina ha denominado LEGITIMATIO AD CAUSAM…”. De igual forma, afirmó que: “(…) con el objeto de que prospere la defensa aquí planteada, y es que mi patrocinada ya no es la legítima propietaria del bien inmueble objeto de la infundada demanda y ello se verifica en documento debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Plaza del Estado Miranda en la ciudad de Guarenas, en fecha quince (15) de julio de 2002, quedando anotado bajo el No. 13, tomo 4, protocolo primero…”. Así las cosas, el actor afirma ser concubino de la ciudadana CARMEN ROSA CONTRERAS, suficientemente identificada en autos, quien en su decir vendió a la hoy demandada, ciudadana ALIS MARIA JUARES ARAUJO, también ya identificada, un inmueble constituido por un lote de terreno ubicado en la Jurisdicción del Estado Miranda, Municipio Plaza, Calle Páez, Sector La Llanada, razón por la cual pretende la nulidad del contrato de venta respectivo alegando que el mismo fue otorgado sin su consentimiento, sin embargo, tal pretensión se hizo valer solo respecto de la ciudadana ALIS MARIA JUARES ARAUJO, a pesar de haber sido suscrito el supuesto contrato, tal y como lo afirma el actor, tanto por la persona que él señala como su concubina y la antes mencionada, es decir, que resultaba necesario que él accionara contra ambas, pues ante una eventual modificación de la relación jurídica antes dicha, se requiere, a los fines de su eficacia frente a todos quienes suscriben el contrato, que estos participaran en el juicio, razón por la cual la pretensión debió hacerse valer frente a ambas ciudadanas y no una de ellas, pues, en conclusión, toda nulidad una vez declarada, implica la desaparición de las consecuencias jurídicas que se le imputan al contrato nulo, desaparición o ablación de la eficacia de tal contrato que debe retrotraerse al origen de éste. En adición a lo anterior, nuestra Ley Sustantiva, en su artículo 789, prevé que la buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla. Bastará que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición, por ende, si el actor quiere hacer valer su pretensión de nulidad con la hoy demandada, debió por lo menos alegar la mala fe de ésta para el momento de la adquisición del inmueble, a los fines de que ésta efectivamente pudiese ser la destinataria, por supuesto, no única, de la acción. Establecido lo anterior, considera oportuno precisar que la representación judicial de la demandada incurre en error de interpretación respecto del primer aparte del Artículo 170 del Código Civil, pues el supuesto de la norma, se encuentra dirigido a los terceros que no participaron en el acto cuya nulidad se requiere y que con posterioridad a la interposición de la demanda de nulidad y antes de su registro, por lo que, la invocación de tal disposición en beneficio de su mandante debe ser desestimada, y así se declara. Por otra parte, de autos se evidencia (folios 68 y 69 del expediente) que se encuentra inserta certificación de gravámenes emanada de la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda, de cuyo contenido se desprende que la propietaria del inmueble objeto del presente juicio es la ciudadana “(…) OLGA PALACIOS, quien lo adquirió según documento anotado en fecha 15 de julio de 2002, bajo el No. 13, Tomo 04, Protocolo Primero…”. Esta documental es apreciada por este Juzgado de conformidad con lo establecido en el Artículo 1360 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, la demandada logró demostrar que tampoco es la propietaria del inmueble. Por las consideraciones que anteceden, la defensa perentoria de falta de cualidad e interés alegada por la parte demandada debe prosperar y así se decide.
Dado el presente pronunciamiento, este Juzgado se ve en la imposibilidad de emitir pronunciamiento alguno respecto de los demás alegatos y defensas esgrimidos por las partes en el juicio principal y así se establece.

III
DE LA TERCERIA

En fecha 20 de mayo de 2003, el abogado JORGE ELIECER ADRIAN RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad No. 9.879.629 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 45.917, en su caracter de apoderado judicial de la ciudadana OLGA PALACIOS, también de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 2.742.706, de conformidad con lo establecido en el Ordinal Primero del Artículo 370 del Codigo de Procedimiento Civil, procedió a demandar en tercería a los ciudadanos ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO y ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA ARGUETA, suficientemente identificados en autos, alegando ser la legítima propietaria del bien objeto del proceso instaurado por aquél contra la primera de los nombrados, según se desprende de título protocolizado ante la Oficina Subalterna del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda en la ciudad de Guarenas, quedando inscrito bajo el No. 13, tomo 04, folio 110 al 116, protocolo Primero de fecha 15 de julio de 2002, razón por la cual pretende que los referidos ciudadanos convengan o en su defecto sean condenados a lo siguiente: “(...) PRIMERO: En que mi representada es la verdadera y única propietaria del inmueble identificado y descrito tanto en este libelo como en el recaudo marcado con la letra “B”. SEGUNDO: Que la ciudadana OLGA PALACIOS, arriba identificada, es un tercer adquiriente de buena fe de la propiedad del bien en cuestión. TERCERO: Que en virtud de ser mi poderdante ciudadana, OLGA PALACIOS, ya identificada, la titular del derecho de propiedad, la misma tiene el derecho de usar, gozar y disponer del inmueble ampliamente identificado en este libelo y en las actas procesales. CUARTO: (...) solicito en nombre de mi representada se aplique el contenido del artículo 548 del Código Civil (...) QUINTO: En pagar los costos y costas del proceso originado. Deando asi mismo por esta vía (...): PRIMERO: En pagar a mi representada la suma de cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,oo) cada uno, correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados a la ciudadana OLGA PALACIOS, cantidad ésta que deviene por concepto de beneficios y utilidades que la misma dejo de percibir al no poder explotar comercialmente el bien legalmente adquirido desde el momento en que adquirio el bien, es decir, desde el 15 de julio de 2002, lo que la doctrina ha denominado lucro cesante, así como tambien el daño emergente, por los diferentes gastos en que se le ha hecho incurrir a mi poderdante, por toda esta situación; al punto de ejercer su derecho a una tutela judicial...” Dicha demanda, previa consignación de los recaudos respectivos, fue admitida por este Juzgado por auto de fecha veinte y siete (27) de mayo de dos mil tres (2003), ordenándose el emplazamiento de los demandados para que dieran contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación. Citados los demandados, estos procedieron a dar contestación a la referida demanda.
En este sentido, la representación judicial de la co-demandada ALIS JUARES, convino en que la tercerista es la legítima propietaria del inmueble objeto del juicio y por ende, tiene derecho de usar, gozar y disponer del mismo. De igual forma, conviene en la pretensión contenida en el particular CUARTO del escrito libelar. Finalmente, negó y rechazó la reclamación que por daños y perjuicios pretende la tercerista. Por su parte, el abogado EILING RUIZ TOVAR, de nacionalidad venezolana, e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 79.741, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA ARGUETA, ya identificado en autos, en su escrito de contestación negó, rechazó y contradijo los hechos, alegando que el cónyuge o en su caso el concubino no puede vender bienes que pertenecen a la comunidad de gananciales sin la debida autorización y consentimiento del otro cónyuge o concubino. Que es nula la venta de una cosa ajena y finalmente, afirma que el presunto documento consignado por la tercerista nada tiene que ver con el inmueble objeto de la causa principal, pues, en su decir, su identificación es distinta.
En la oportunidad legal respectiva los apoderados judiciales tanto de la demandante como de la co-demandada ejercieron su derecho de promover pruebas en el presente juicio.
Efectuado el avocamiento de ley por quien suscribe y notificadas las partes respecto del mismo, sin que a la fecha hubieren objetado mi capacidad subjetiva para decidir la presente tercería, procedo a sentenciar la tercería en los siguientes términos:
La tercerista alega ser la propietaria del inmueble objeto de la causa principal, consignando a los fines de demostrar esa afirmación de hecho documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda, en fecha 15 de julio de 2002, el cual quedó asentado en los libros respectivos bajo el No. 13, Protocolo Primero, Tomo 04 en el Tercer Trimestre de dos mil dos (2002), que corresponde a venta efectuada por las ciudadanas ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO y OLGA PALACIOS, ambas suficientemente identificadas en autos, mediante el cual la primera de las nombrandas vende a la segunda un lote de terreno identificado como LOTE C-14, el cual es parte de mayor extensión de un lote de terreno de OCHOCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y OCHO DECIMETROS (860,48 M2), ubicado en la calle Paez, sector La Llanada del Municipio Plaza del Estado Miranda, cuyos linderos son los siguientes: “(...) NORTE: Con el lote C-15, SUR: Con el lote C-13, Este: Con el lote B-13 Y b-14, y por el OESTE: Con el pasillo de circulación “CD”...”, identificación ésta que coincide con la Certificación de Gravámenes cursante al folio 68 del expediente, documental ésta que hicieron valer en esta tercería tanto la tercerista como la representacion judicial de la co-demandada, aunado ello al hecho de que en el contenido de esta documental el registrador certifica que la propietaria del referido inmueble es la ciudadana OLGA PALACIOS (tercerista), ya identificada. En consecuencia, quedó demostrado en autos que la tercerista es la propietaria del inmueble en referencia, según se desprende de las documentales antes mencionadas, las cuales son apreciadas por este Juzgado como plena prueba, de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Codigo Civil, en concordancia con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. La parte accionante en tercería en la oportunidad de promover pruebas, promovió la testimonial de la ciudadana RHAYDA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ, titular de la cédula de identidad No. 6.918.177, quien a las preguntas formuladas por el promovente contestó: “(...) PRIMERA: Diga la testigo, si conoce de vista trato y comunicación a la ciudadana OLGA PALACIOS?. Contestó: Si la conozco (...) TERCERA: Diga la testigo que profesión u oficio práctica? Contestó: comerciante. CUARTA: Diga la testigo si conoce la situacion patrimonial que vive actualmente la ciudadana OLGA PALACIOS en virtud de la compra de un local comercial ubicado en esta ciudad de Guarenas? Contestó: Si la conozco ella tiene muchos pagos por parte del abogado e indemnizaciones ya que tuvo que devolver la mercancía ya que no le dieron el local que compro y hasta a mi me debe plata por ese problema...” A las repreguntas formuladas por el apoderado judicial de la co-demandada respondió: “(...) Al Primero: Diga la testigo si tiene algún interés en las resultas de este juicio? Contestó: No. Al Segundo: Diga la testigo si es amiga íntima de la ciudadana OLGA PALACIOS? Contestó: No. Al Tercero: Diga la testigo si conoce a la ciudadana ALIS JUARES. Contestó: Si la conozco. Al Cuarto: Diga la testigo si sabe y le consta que la ciudadana ALIS JUAREZ ha colaborado con la ciudadana OLGA PALACIOS.? Contestó:Si me consta el problema no ha sido ALIS JUAREZ si no el problema ha sido por la señora CARMEN la antigua dueña que se hizo demandar por otra persona es una guerra...”. Este Tribunal aprecia según el sistema de la sana crítica la testimonial rendida por la ciudadana RHAYDA DEL CARMEN ESPINOZA, por no haber incurrido en contradicciones en sus deposiciones.
De las pruebas aportadas por las partes al proceso, quedo demostrado en autos que los demandados en tercería no son los propietarios del inmueble objeto de la causa principal, sino la tercerista OLGA PALACIOS, ya identificada, quien si bien es cierto adquiere el inmueble con posterioridad a la demanda que por nulidad de venta instauro el ciudadano ALEXIS OLAIZOLA ARGUETA contra la ciudadana ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO, ambos suficientemente identificados en autos, también es cierto que no consta en autos que tal demanda hubiere sido protocolizada antes de la venta efectuada a la tercerista, por lo que forzosamente este Tribunal debe aplicar lo dispuesto en el primer aparte del Articulo 170 del Código Civil, según el cual: “(...) Quedan a salvo los derechos de terceros de buena fe que, no habiendo participado en el acto realizado con el cónyuge, hubiesen registrado su titulo con anterioridad al registro de la demanda de nulidad...” y así se establece. En cuanto a la pretensión de la tercerista acerca de la aplicación del Artículo 548 del Código Civil, relativo a la accion petitoria que puede ejercer el propietario de un inmueble que no se halle en posesión del mismo, este Juzgado observa que si bien la tercerista afirma que no ejerce la posesión del inmueble (folio 3 vto del escrito libelar), afirmación ésta que coincide con la declaración testimonial rendida por la ciudadana RHAYDA DEL CARMEN ESPINOZA, también es cierto que omite señalar quien es el poseedor actual del mismo, limitándose a afirmar simplemente que existe un ilegítimo poseedor del bien, sin identificar si es alguno de los demandados en tercería o un tercero, razón por la cual debe este Juzgado negar tal pretensión, en el entendido de que la tercerista podrá ejercerla acción petitoria respectiva, previo cumplimiento de los extremos de ley, pues en el presente pronunciamiento el Tribunal no se ha pronunciado acerca del derecho o no de reivindicar la cosa, toda vez que se vio impedido de efectuar tal análisis por falta de indicación del supuesto poseedor actual del inmueble y así se establece. En lo que respecta a la reclamación por daños y perjuicios, este Tribunal también debe desechar la misma toda vez que la tercerista no logro demostrar la entidad y cuantía de los supuestos daños y perjuicios, incumpliendo así con la carga probatoria que le imponen los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil.

IV

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara 1) CON LUGAR LA DEFENSA DE FONDO DE FALTA DE CUALIDAD E INTERÉS propuesta por la parte demandada. 2) SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA ARGUETA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 4.075.933, contra la ciudadana ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 2.959.015. 3) PARCIALMENTE CON LUGAR LA TERCERIA propuesta por la ciudadana OLGA PALACIOS contra los ciudadanos ALEXIS ANTONIO OLAIZOLA y ALIS MARIA JUAREZ ARAUJO, por haber quedado demostrado en autos que los ciudadanos antes mencionados no son los propietarios del inmueble objeto de la causa principal sino la tercerista OLGA PALACIOS, ya identificada.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la presente decisión.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 274 ibidem, se condena en costas al demandante de la causa principal.
En la tercería no hay expresa condenatoria en costas, por no haber resultado totalmente vencidos los demandados en la misma.
Notifíquese a las partes.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil siete (2007). Anos 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
LA JUEZ TEMPORAL,

ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA,

SAMANTA ALBORNOZ
En esta misma fecha, se publico y registro la anterior sentencia siendo las 3:00 p.m.
LA SECRETARIA,


Exp.No. 23057
EMQ/SA/magaly