REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Guatire, 23 de marzo de 2007.
196º y 148º
Visto el escrito de estimación y solicitud de intimación de honorarios presentado por la profesional LEILA BRITO, contra la parte accionada en el juicio principal, ZOHIRA MANZO GARCÍA, y los recaudos acompañados a dicho escrito, este Tribunal, antes de pronunciarse acerca de la admisibilidad de la acción propuesta, OBSERVA:
PRIMERO: Pretende la abogada demandante, el cobro de los honorarios profesionales causados a su decir por efecto de la condenatoria en costas recaída contra la demandada, en la sentencia dictada el 08 de diciembre de 2005 con motivo de la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL ejercida por ISBELIA MANZO GARCÍA contra ZOHIRA MANZO GARCÍA.
En tal sentido estima prudencialmente el valor de sus honorarios en la suma de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,oo), y solicita la intimación a la perdidosa condenada en costas.
Contempla la Ley de Abogados los procedimientos para el ejercicio del cobro de los honorarios profesionales de abogado atendiendo al tipo de actividades profesionales efectuadas, a saber:
1) Por medio del procedimiento breve, en caso de actuaciones no contenciosas;
2) A través del procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales previsto en los artículo 22 y 23 de la Ley en comento, en los casos en que las actuaciones profesionales versen sobre asuntos contenciosos, y en el caso específico que la reclamación sea producto de la condena en costas, la misma se encuentra limitada conforme lo prevé el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DEJA ESTABLECIDO.
SEGUNDO: No obstante lo anterior, observa este Juzgador, que en el caso que nos ocupa, el producto de la condenatoria en costas proviene de una sentencia dictada en un proceso de AMPARO CONSTITUCIONAL, juicios y derechos que no son estimables en dinero, ni consta que así lo hubiere hecho la accionante.
Como quiera que los honorarios de la parte gananciosa, por regla general, no pueden exceder del 30% del valor de lo litigado, ex artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, por la naturaleza de la acción de amparo, dicha norma no encuentra cabida en el caso que nos ocupa, respecto de la limitación antes referida.
Así, la parte que obtuvo la condenatoria favorable en costas, puede encontrarse, luego de ésta, en dos situaciones jurídicas:
1. Que el accionante no utilice apoderado ni abogado asistente (artículo 23 de la Ley de Abogados), lo que resulta posible en los juicios de amparo en virtud de la previsión contenida en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo cual también resulta aplicable para el accionado; en ese caso, el que se defiende sólo bien como actor, o como demandado, no puede pretender se le paguen honorarios de abogados cuyos servicios nunca utilizó. Queda exceptuado del análisis anterior aquel involucrado en el caso que resulta ser abogado, toda vez que si resulta con una condena favorable en costas a su favor, a pesar de que realizó una actividad propia, la misma fue profesional, no pudiendo atender otros asuntos ni ejercer la profesión de abogado en otros casos que tuvieron lugar en la misma fecha y hora.
2. Que las partes estuvieren representadas o asistidas de profesionales del derecho, en cuyo caso los honorarios causados podrán ser cobrados al condenado en costas.
Ahora bien, en los casos del cobro de honorarios profesionales al perdidoso en el juicio de Amparo, el Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado las normas contenidas en los artículos 39 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado venezolano, respecto de la ponderación que debe existir al momento de realizar la estimación de honorarios profesionales de abogados, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y en ese sentido ha dispuesto lo siguiente:
“…Dada esta estimación fundada en las circunstancias del artículo 40 del Código de Ética Profesional, y siendo las costas propiedad de la parte beneficiada por la condena de su contraparte, considera esta Sala, que el procedimiento para el cobro al perdidoso en el juicio de amparo, no es el establecido en el artículo 23 de la Ley de Abogados, el cual como presupuesto para la intimación de honorarios, sólo exige que se tome en cuenta las anotaciones del valor de la actuación, que haga el abogado al margen de todo escrito o diligencia en que actúe, o la relación de estas actuaciones en diligencia o documento aparte, sin que el artículo 24 de la Ley de Abogados requiera se dé cumplimiento en alguna forma al artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado. … Pero en el caso de costas dentro de un proceso no estimable en dinero, esa valla no existe, y por ello el que pretenda el cobro de los honorarios, debe explicar conforme al artículo 40 del Código de Ética citado, las razones que tuvo para estimar esos honorarios, las cuales pueden ser discutidas por el deudor de las costas; … Por ello, quien pretende el cobro de estas costas del amparo, en base a un escrito circunstanciado sobre la razón de los honorarios y previa aprobación de su cliente, ventilará dicho cobro por el procedimiento establecido en el primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados, a pesar que no se trate del cobro de honorarios por servicios extrajudiciales,… El artículo 23 de la Ley de Abogados otorga una acción directa de cobro, en cabeza del abogado contra el condenado en costas, pero no siendo el artículo 23 citado, aplicable al caso, tal acción directa no existe, por lo que hay que acudir a otra vía, siendo la de mayor semejanza con la situación existente, la del primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados…” (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 04 de mayo de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en el juicio de Seguros La Occidental en amparo; extracto tomado de Ramírez & Garay, Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLXV, Mayo 2000).
Atendiendo al criterio antes expuesto, este Juzgador subsana el retardo procesal involuntario en que ha incurrido desde la fecha en que se interpuso la presente estimación de honorarios, y ADMITE CUANTO HA LUGAR EN DERECHO la acción de COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADO intentada, por no ser la misma contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley, la cual se sustanciará por los trámites del juicio breve.
En consecuencia, conforme lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, CITESE a la demandada ZOHIRA MANZO GARCIA, para que comparezca por ante este Tribunal a las 11:30 de la mañana del SEGUNDO (2º) día de Despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, para que de contestación a la demanda incoada en su contra, y de considerarlo pertinente, ejerza el derecho de retasa que le concede la Ley.
Compúlsese por Secretaría el Libelo de la demanda y con su orden de comparecencia al pie, entréguese la misma al Alguacil de esta Despacho para su práctica.
Asimismo, respecto de la medida preventiva solicitada en el libelo de la demanda, este Tribunal proveerá por auto separado en el cuaderno de medidas que al efecto ordena abrir. Cúmplase.
EL JUEZ,

ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT.
LA SECRETARIA,

ROSANA SANCHEZ MONTIEL.
En la misma fecha se insta a la parte actora consignar los fotostatos requeridos para la elaboración de la compulsa de citación.
LA SECRETARIA,

ROSANA SANCHEZ MONTIEL.

AJFD/RSM.
EXP.2104-06.