REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN OCUMARE
DEL TUY.-
EXPEDIENTE Nro. 770-06
PARTE DEMANDANTE: MARIO CARLOS TORRICO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-14.789.777
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Dr. CESAR LUIS BARRETO SALAZAR, MARIA BEATRIZ SANCHEZ DEVENISH, JESUS ALBERTO URDANETA SALAS y JAMILA MARGARITA TORRES BLANCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 46.871, 46.870, 109.338 y 74.653, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: CENTRO MEDICO PASO REAL, S.A, sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 10 de mayo de 1.989, bajo el Nº 27, tomo 41-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: RAFAEL AGUIAR GUEVARA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.869

MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.
NARRATIVA

Se recibió en la Secretaría de este Tribunal en fecha 09 de mayo de 2.005, libelo de demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el ciudadano MARIO CARLOS TORRICO, venezolano, mayor de edad, médico, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-14.789.777, en contra de la sociedad mercantil CENTRO MEDICO PASO REAL, S.A, empresa inscrita por ante el Registro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 10 de mayo de 1.989, bajo el Nº 27, tomo 41-A, donde expresa y demanda lo siguiente:
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA:
• Que es médico cirujano, y que hace diez (10) años adquirió una acción tipo “A”, en el Hospital Privado Centro Medico Paso Real, S.A, y que dicha acción esta signada con la nomenclatura 39 A,
• Que las acciones tipo “A”, de forma expresa indican que sus titulares no tienen ningún tipo de derecho a voz ni voto, ni a participar en las asambleas de accionistas, ni derechos a las utilidades de la empresa; pero que las acciones tipo “B” son de orden mercantil, y facultan al titular a participar con voz y voto en asamblea de accionistas, y tienen derecho al reparto de utilidades de la empresa.
• Que a partir del mes de enero del año 2.005 fue desincorporado ilegalmente del Centro Medico Paso Real, S.A, teniendo que intentar un Recurso de Amparo Constitucional ante este Tribunal cuyo expediente se encuentra signado con el Nº 545-05, y que dicho amparo se realizo a los fines de ser restituido sus derechos en el ejercicio de su profesión, igualmente la parte actora en sus defensas esgrimidas hizo hincapié al referirse, que en la oportunidad de la Audiencia Constitucional, la parte demandada ante la flagrante violación de los derechos no le quedó otra opción que convenir y aceptar la violación de los derechos constitucionales denunciados, siendo homologada por ante este Tribunal en fecha 19-07-2005, luego de ello según expresa el actor.
• Que en virtud del convenimiento celebrado entre las partes, en el mes de Septiembre de 2005 el Dr. Mario Torrico se reincorporó a sus labores habituales, pero la actuaciones lesivas según el actor dejaron una estela de daños y perjuicios que deben ser resarcidos; como lo es según expresa el actor el daño material demandado debido a la desincorporación ilegal efectuada por la parte demandada afectó su patrimonio el cual mermo significativamente desde el mes de enero de 2.004 hasta diciembre de 2.004, el que se evidencia según el actor, en el movimiento bancario hasta la fecha.
• Que sufrió daños patrimoniales específicamente daño emergente y lucro cesante, debido a que durante su desincorporación ilegal dejo de percibir honorarios profesionales por un monto aproximado de BOLÍVARES TRES MILONES CUAROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (Bs- 3.410.625,00) según certificación de ingresos emitida por el Centro Médico Paso Real S.A, en fecha 22/09/2004
• Que esa cantidad sufrió un incremento del 17% adicional a partir de Mayo de 2005, lo que significa que para los meses desde enero a abril de 2005, debió tener un ingreso de Bs. 13.642.500,00 y en los meses de mayo a agosto de 2005 debió percibir honorarios por un monto aproximado de Bs. 15.961.725,00
• Que además debió pagar Bs. 5.000.000, a los abogados que ejercieron su representación en la acción de amparo en virtud de la cual fue repuesto a sus labores.
• Que además fue afectado su fuero interno y su reputación ante sus colegas médicos y ante sus pacientes porque al no saber la causa de su desincorporación de sus labores, las personas imaginaban que era una sanción o medida disciplinaria por su actuación profesional, y que para ser restituido tuvo que interponer una acción judicial, así mismo expreso textual
“Esta situación genero angustias y sufrimiento en su medio familiar durante los ocho meses que estuvo desincorporado, amen que para la fecha de la desincorporación, su señora esposa, quien también es medico activa del Centro Medico Paso Real, se encontraba embarazada , lo que implico una afección mayor en el seno familiar. La aflicción es mayor en vista que su cónyuge también es medico y le cuesta entender que se pueda aplicar una sanción sin derecho a la defensa. Se violentaron los procedimientos administrativos previstos en el estatuto del Centro Medico Paso Real, S.A……” “El Dr. Mario Torrico tuvo que soportar la discriminación de la cual fue objeto donde radica la discriminación: Los médicos que integran las guardias y emergencias contaron con mejores beneficios económicos que Mario Carlos Torrico, esta situación ha creado una discriminación entre iguales no consentida por nuestro orden Jurídico” Sic.
Es por ello que proponen acción de daños y perjuicios con fundamento en el Artículo 1273 del Código Civil, y en el artículo 1.196 del Código Civil, norma que prevé la determinación por parte del juez del daño moral estimado por el actor, en virtud del hecho ilícito civil. El monto total demandado es por la cantidad de Bs. 59.604.225,00
ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:
En el momento de dar contestación a la demanda la parte demandada expone y alega que:
• Niega, rechaza y contradice que le demandado adquirió acciones tipo A y tipo B, en el Centro Medico Paso Real S.A.
• Conviene en que la titularidad de tipo A le otorga el derecho a pertenecer al Cuerpo Medico Activo del Centro Medico Paso Real y a ejercer en la especialidad señalada en el documento de adquisición y de conformidad con lo estatutos y reglamentos,
• Niega, rechaza y contradice que a partir del mes de enero de 2005 el demandante fue desincorporado ilegalmente el Centro Medico Paso Real S.A,
• Niega, rechaza y contradice que ante la flagrante violación de los derechos no le convino aceptar la violación de los derechos del demandante,
• Niega, rechaza y contradice que el actor haya dejado de percibir los honorarios profesionales que venía percibiendo de manera efectiva y permanente, y que de no haber sido por la conducta ilícita del Centro Medico Paso Real el demandante, hubiese recibido esa cantidad mes a mes incluyendo el 17% adicional al cual se incrementan los honorarios médicos a partir del mes de mayo de 2005, y que debió obtener en el mes de mayo, junio, julio, y agosto de 2005 un ingreso mensuales de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES (Bs. 15.961.725,00).
• Alega que la acción propuesta no se encuentra fundamentada correctamente ni de hecho ni de derecho alguno identificado en la ley, que haya sido opuesta como fundamento de la negada obligación de reparación de algún daño que supuestamente se ocasiono por acción u omisión de la parte demandada.
• Que la parte actora debe probar que se ha cometido un hecho ilícito fundamentado en dolo, negligencia o imprudencia del demandado, y que se ha producido un daño como consecuencia de abuso de derecho, y mala fe por parte del demandado, así como el hecho ilícito civil y la obligación de reparación por los numerales anteriores para que la obligación de reparar se extienda al daño moral.
Como alegato fundamental, lo expresado por la parte actora debe ser probado, a los fines de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 340 numeral 5º Código de Procedimiento.
Cursa al folio 37 auto de admisión de la demanda
Cursa a los folios del 43 al 68 escrito de contestación de la demanda presentado dentro del lapso útil.
La parte actora mediante diligencia que cursa al folio 69, solicita la exhibición por parte de la demandada, de los documentos, libros, gacetas y demás documentos a que se contrae el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y que constituyen la base fundamental para el otorgamiento del Poder.- Impugna el poder mediante el cual actúa en el juicio el apoderado judicial de la parte demandada, en virtud de que en él cuerpo del mencionado instrumento por cuanto se omitieron datos que lo vician de nulidad,
En la oportunidad procesal correspondiente, la parte demandada promovió pruebas mediante escrito que cursa a los folios 74 al 77 de este expediente, promovió las siguientes:
I) Documentales:
 Copia Certificada de los estatutos de la demandada Centro Médico Paso Real S.A, (la misma no se acompañó al escrito de promoción, tal y como se evidencia de la nota de secretaría donde se lee: sin anexos)
 Certificación de ingresos del Dr. Mario Torrico durante los años 2003, 2004,k 2005 y 2006 suscrita por el TSU Yufremi Jaen, Asistente de Honorarios Médicos, (la misma no se acompañó al escrito de promoción, tal y como se evidencia de la nota de secretaría donde se lee: sin anexos)
II) Certificación detallada de ingresos del Dr. Mario Torrico según reporte de Comisiones de Servidores que evidencian los ingresos del demandante durante los años 2003, 2.004, 2.005 y 2.006
Prueba de Informes:
 Promueve por vía de informes, copia certificada de la Sentencia de Homologación de este mismo Tribunal expediente N° 545-05 y solicita a este Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, acuerde la expedición e incorporación al expediente de dicha homologación certificada e informe sobre el contenido del mismo.
 Promueve por medio de informes la misma prueba pero con el objeto de dejar constancia de la negativa del demandante en reincorporarse a sus actividades quirúrgicas.
Prueba Testimonial:
 De conformidad con lo establecido en el Artículo 485 del código de Procedimiento Civil, promueve la testimonial del ciudadano T.S.U. Yufremi Jaen, a los fines de ratificar la documental promovida y suscrita por él (que no se acompañó al escrito de promoción de pruebas).

Por su parte la parte actora promovió mediante escrito que cursa a los folios los folios 78 al 82 en el que promovió las siguientes:
Pruebas Documentales: Ratifica los documentos presentados con el libelo de demanda como fundamentales:
 Copia certificada de la sentencia emitida por este Tribunal del expediente 545-05, contentivo de la acción de amparo constitucional intentada por el Dr. Mario Carlos Torrico en contra del Centro Médico Paso Real C.A
 Factura de honorarios emitida por el Escritorio Jurídico Barreto & Sánchez Asoc. por Bs. 5.000.000,00.
 Copia de cheque pagado por Mario Carlos Torrico al Bufete EBS Abogados, s.c. por Bs. 5,000,000,00, según factura anterior.
Prueba de Exhibición De Documentos:
 Solicitan la exhibición de parte de la demandada de una comunicación fecha el 01-09-2005, suscrita por la Dra. Alba Lobo quien es la Coordinador Médico de la demandada, donde hace saber el acatamiento por parte de la demandada de la decisión judicial dictada en la acción de amparo interpuesta.
Testimoniales:
 Promueven las testimoniales de los ciudadanos ABELARDO MORA, JULIO FEIJOO y ZOILA SALAS, titulares de las cédulas de identidad Nº V-7.224.011, V-7.236.232 y V-4.218.888, respectivamente.
Posiciones Juradas:
 Promueven la absolución de posiciones juradas de parta de la demandada y comprometen a su representado a absolverlas recíprocamente.
La parte demandada se opuso a la admisión de las pruebas mediante escrito de fecha 25/09/2006 el cual corre inserto a los folios 102 al 113.
Mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2006 (folio 114) el tribunal admitió las pruebas promovidas.
Cursa a los folios 120 al 121 apelación del auto de admisión de pruebas incoada por la parte actora.
Cursa a los folios 127 acta levantada con ocasión de la prueba de exhibición de documento promovida por la parte actora.
Cursa a los folios 128 al 129 apelación del auto de admisión de pruebas incoada por la parte demandada.
Mediante escrito presentado por el apoderado de la demandada en fecha 06/10/2006 aparece que éste consigna los anexos de las pruebas promovidas.
Cursa al folio 203 auto de admisión de las pruebas de las partes.
Cursa al folio 204 auto en el cual este Tribunal oye la apelación en un solo efecto.
Cursa a los folios 206 acto levantada con ocasión del examen de la testigo ciudadana ALBA LOBO.
Cursa a los folios 208 diligencia suscrita por la parte actora en la que solicita que no sean admitidas las documentales presentas por la demandada por cuanto no fueron acompañados los anexos en la oportunidad procesal correspondiente.
Cursa al folio 209 diligencia suscrita por la parte actora en fecha 10/10/2006 donde desiste de la prueba de posiciones juradas promovida.
Cursa a los folios 212 auto en el cual se oye la apelación en un solo efecto y se ordena remitir al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Protección al Niño.
Cursa a los folios 5 de la segunda pieza resultas de comisión signada con el Nº 3141-2006 procedente del Juzgado de Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Charallave.
Cursa a los folios 19 acta levantada para ratificación de constancia suscrita por el T.S.U YUFREMI JAEN, prueba promovida por la parte demandada.
Cursa a los folios 23 diligencia suscrita por la parte demandada en la que impugna la deposición de los testigos que por comisión realizó el Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas, por cuanto se omitió notificar a la parte demandada.
Cursa a los folios del 26 al 36 escrito de informes consignado por la parte actora.
Cursa a los folios 37 auto visto para sentencia.

MOTIVA

Estando el Tribunal en la oportunidad de dictar sentencia en este Juicio, hace previamente las siguientes consideraciones:
Civil.
El principio de Exhaustividad recogido por el Legislador en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, obliga a los jueces a valorar y analizar todas las pruebas producidas en juicio, razón por la cual entra este Tribunal a analizar y valorar cada una de las pruebas presentadas y promovidas en la presente causa:
ANALISIS DE LA ACCIÓN PROPUESTA:
Propone el actor una acción por daños y perjuicios derivada de una conducta desplegada por la demandada, la cual consistió en desincorpóralo de sus actividades profesionales.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:
Documentales:
• Copia Simple de Acta de Asamblea Nº 20 de fecha 18-10-2004, cursante a los folios 13 al 23, la cual este Tribunal entrara a su análisis y valoración consignada por la parte demandada. Y ASI SE DECLARA
• Documento Privado constituido por Estados de Cuentas emanado de la Sociedad Mercantil Centro Medico Paso Real S.A, de la fecha correspondiente al 16-01-2004 al 31-12-2004, aun cuando la misma fue impugnada por su contraparte, dicha impugnación lo fue en forma genérica y en conjunto con los demás medios probatorios acompañados en el libelo de la demanda, sin que para ello el demandado haya ejercido de manera formal los medios de impugnación que para los instrumentos públicos o privados que la Ley adjetiva aplica la materia, en virtud de ello, se desecha la impugnación opuesta por la parte demandada, y se le otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, y es apreciada por el Tribunal, en cuanto a los ingresos percibidos por la parte actora que son objeto de los daños cuya indemnización se reclama judicialmente. Y ASI SE DECLARA.
• Documento Privado constituido por Constancia de ingresos mensuales por concepto de Honorarios Profesionales emanado de la Sociedad Mercantil Centro Medico Paso Real S.A, de fecha 22-09-2.004, en el que se evidencia que el ciudadano el Dr. MARIO TORRICO, titular de la cedula de identidad Nº 14.789.777, tiene un ingreso de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES (Bs. 3.410.625.00), y documento Privado constituido por comunicación suscrita por el Presidente y Director General del Centro Medico Paso Real, y dirigidas a los Médicos Accionista relacionada con la actualización de las tarifas de los servicios de clínicas, de estudios diagnosticas, terapéuticas y de honorarios médicos en un 17% a partir del 15 de mayo 2.005. Ahora bien, esta Juzgadora observa, que tales instrumentos fueron desconocidos por la parte contraria, y que una vez que ha sido desconocido un instrumento probatorio le toca a la parte que lo produjo probar su autenticidad, a este efecto puede promover la prueba de cotejo y la testigo cuando no fuere posible hacer el cotejo, y como la parte actora no lo hizo no logro probar la autenticidad del documento, el mismo queda desechado. Y ASI SE DECLARA.
• Copia certificada de la sentencia emitida por este Tribunal del expediente 545-05, donde se evidencia que el Dr. MARIO CARLOSS TORRICO, ha incoado un Recurso de Amparo Constitucional contra la empresa CENTRO MEDICO PASO REAL, S.A. Ahora bien, en el mismo se evidencia que en fecha 19-07-2005 este Tribunal Homologo el convenimiento entre las partes, por lo que de conformidad con el articulo artículos 1357 y 1360 del Código Civil le otorga merito probatorio a los fines de demostrar los hechos que pretende demostrar la parte actora, por cuanto en dicha homologación los demandados aceptan de manera expresa que hubo un daño. Y ASI SE DECLARA.
• Factura de copia de cheque cancelado por MARIO CARLOSS TORRICO al Bufete EBS abogados, s.c, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00), ahora bien dicha factura no aporta nada a la cuestión controvertida en la presente causa por cuanto el cobro de honorarios a consecuencia de un juicio judicial no puede ser solicitado a través de una causa de daños y perjuicios por cuanto no es la vía procesal idónea, en consecuencia se desecha por impertinente. Y ASI SE DECLARA.
Testimoniales: De los ciudadanos ABELARDO MORA, JULIO FEIJOO y ZOILA SALAS, titular de la cedula de identidad Nº 7.224.011, 7.236.232 y 4.218.888, respectivamente.
1. ABELARDO MORA (identificado ut-supra):
“PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, donde presta sus servicios profesionales y cual es su titulo académico? Contestó: trabajo en el CENTRO MEDICO PASO REAL, soy Cirujano General. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga el testigo si conoce de trato vista y comunicación al ciudadano MARIO TORRICO? Contestó: Si lo conozco. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el Dr. MARIO TORRICO, fue suspendido de su ejercicio profesional en el Centro Medico Paso Real desde el mes de Enero de 2005 hasta septiembre del mismo año? Contestó: Si me consta. CUARTA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si tiene conocimiento que el Dr. MARIO TORRICO, para el momento de su suspensión del ejercicio profesional, haya sido objeto de algún procedimiento disciplinario? Contestó: No hubo procedimiento disciplinario. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, que persona o autoridad del Centro Medico Paso Real, impidió el ejercicio profesional al Dr. MARIO TORRICO, desde enero hasta septiembre de 2005? Contestó: la junta directiva representada por el Dr. ALBERTO RASQUIN. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el medico MARIO TORRICO tuvo que incoar una acción de Amparo Judicial, para lograr la restitución a sus labores profesionales? Contestó: Si se y me consta. SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, como le consta lo declarado anteriormente? Contestó: por información de la Directora Medico Dra. ALBA LOBO.

2. FEIJOO PÉREZ JULIO CESAR (identificado ut-supra)
“PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, donde presta sus servicios profesionales y cual es su titulo académico? Contestó: trabajo en el CENTRO MEDICO PASO REAL, de Charallave, soy medico Cirujano con Post Grado en Cirugía General. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga el testigo si conoce de trato vista y comunicación al ciudadano MARIO TORRICO? Contestó: Si. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el Dr. MARIO TORRICO, fue suspendido de su ejercicio profesional en el Centro Medico Paso Real desde el mes de Enero de 2005 hasta septiembre del mismo año? Contestó: Si me consta. CUARTA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si tiene conocimiento que el Dr. MARIO TORRICO, para el momento de su suspensión del ejercicio profesional, haya sido objeto de algún procedimiento disciplinario? Contestó: No. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, que persona o autoridad del Centro Medico Paso Real, impidió el ejercicio profesional al Dr. MARIO TORRICO, desde enero hasta septiembre de 2005? Contestó: La directiva de la Clínica a través de su presidente el Dr. ALBERTO RASQUIN. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el medico MARIO TORRICO tuvo que incoar una acción de Amparo Judicial, para lograr la restitución a sus labores profesionales? Contestó: Si. SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, como le consta lo declarado anteriormente? Contestó: se que el Dr. TORRICO ejerció una acción porque tenia prohibido el ingreso a las guardias de emergencia y las interconsultas en el Centro Medico Paso real y el personalmente le comunico a los médicos que iba a tomar las acciones para lograr poder ejercer su profesión en la clínica a través de un recurso de Amparo, posteriormente supimos de la sentencia que lo restituyo a sus actividades como cirujano de emergencias.


3. ZOILA BETZABE SALAS (identificado ut-supra):
“PRIMERA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, donde presta sus servicios profesionales y cual es su titulo académico? Contestó: trabajo en el CENTRO MEDICO PASO REAL, soy medico Gastroenterólogo. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Diga la testigo si conoce de trato vista y comunicación al ciudadano MARIO TORRICO? Contestó: Si. TERCERA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, si sabe y le consta que el Dr. MARIO TORRICO, fue suspendido de su ejercicio profesional en el Centro Medico Paso Real desde el mes de Enero de 2005 hasta septiembre del mismo año? Contestó: Si. CUARTA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, si tiene conocimiento que el Dr. MARIO TORRICO, para el momento de su suspensión del ejercicio profesional, haya sido objeto de algún procedimiento disciplinario? Contestó: No. QUINTA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, que persona o autoridad del Centro Medico Paso Real, impidió el ejercicio profesional al Dr. MARIO TORRICO, desde enero hasta septiembre de 2005? Contestó: el propio Dr. ALBERTO RASQUIN. SEXTA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, si sabe y le consta que el medico MARIO TORRICO tuvo que incoar una acción de Amparo Judicial, para lograr la restitución a sus labores profesionales? contestó: Si. SEPTIMA PREGUNTA: ¿Diga la testigo, como le consta lo declarado anteriormente? contestó: nos lo informo la Directora Médica”. Sic.
Antes de valorar cada uno de los testigos promovidos por la parte actora en necesario establecer lo siguiente:
El Autor RODRIGO RIVERA MORALES, profesor de la Universidad Católica del Táchira, Presidente del Instituto de Derecho Procesal Colombo-Venezolano en su libro LAS PRUEBAS EN EL DERECHO VENEZOLANO expresa lo siguiente:
“La prueba de testigo es uno de los medios probatorios admitidos en la legislación positiva. Esta prueba es una de las más utilizadas para la reconstrucción de los hechos, bien para comprobar la existencia o modo, tiempo y lugar de hecho; también acerca de las circunstancias que rodearon su realización; o simplemente, contradecir la existencia del hecho. Los testigos deben ser extraños a las partes que constituyen el litigio, en el sentido que no deben tener interés en las resultas del mismo, bien a favor o en contra. La prueba de testigo, es un medio probatorio muy antiguo”
Ahora bien, los ciudadanos ABELARDO MORA, JULIO FEIJOO y ZOILA SALAS (identificados ut-supra), comparecieron a rendir su declaración, y los mismos fueron conteste al declarar que prestan sus servicios profesionales como Médicos de la Clínica Centro Medico Paso Real S.A, y que conocen de trato, vista y comunicación al ciudadano MARIO TORRICO, y que saben y le constan que el Dr. MARIO TORRICO, fue suspendido de su ejercicio profesional en el Centro Medico Paso Real desde el mes de Enero de 2005 hasta septiembre del mismo año, y que para el momento de la suspensión del ejercicio profesional el Dr. MARIO TORRICO, no ha sido objeto de algún procedimiento disciplinario, y que la persona o autoridad del Centro Medico Paso Real que impidió el ejercicio profesional al Dr. MARIO TORRICO, desde enero hasta septiembre de 2005 fue el Dr. ALBERTO RASQUIN, así mismo, se puede evidenciar de tales declaraciones, que los testigos fueron contestes al expresar que el medico MARIO TORRICO tuvo que incoar una acción de Amparo Judicial, para lograr la restitución a sus labores profesionales. Esta sentenciadora observa que en tales declaraciones se evidencia que concuerdan con los hechos alegados en los autos por la parte actora, así mismo, quedo evidenciado que hubo congruencia, no hubo contradicción, hubo firmeza en sus declararaciones; igualmente los testigo son hábiles, trabajadores, son testigos presénciales de los hechos, y no fueron tachados en la oportunidad legal por la parte contraria en el presente juicio, razón por la cual a tenor de lo establecido en el artículo 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil esta Juzgadora le otorga valor probatorio a tales declaraciones. Y ASI SE DECLARA.
Posiciones Juradas: Esta prueba fue desistida por la parte actora antes de su evacuación, por lo cual este Tribunal la desecha por desistimiento de su promovente.- Y ASI SE DECLARA.
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:
Documentales:
Aparece de la nota suscrita por la Secretaría de este Tribunal que en la oportunidad de promover las pruebas, la parte demandada, presentó escrito donde aparecen como promovidas tres (3) pruebas documentales: a) Copia certificada del Registro Mercantil de la Empresa Centro Médico Paso Real, S.A, b) Certificación de ingresos del Dr. Mario Torrico durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006 suscrita por el T.S.U Yufremi Jaen y c) Certificación detallada de ingresos del Dr. Mario Torrico según reporte de Comisiones de Servidores. Sin embargo, en aquella oportunidad el apoderado judicial del demandante no acompaño las documentales promovidas, tal y como aparece de la nota donde se lee “sin anexos”.
Al respecto, el Tribunal observa que de conformidad con el principio de preclusión que rige los actos procesales en nuestro ordenamiento jurídico, la oportunidad de la promoción era la única en la cual el demandado podía acompañar el fundamento de sus pruebas y no otra.
Dicho principio se encuentra recogido en el texto del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, así:
Artículo 202 Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario.
Parágrafo Primero: En todo caso en que el curso de la causa quede en suspenso por cualquier motivo, la causa reanudará su curso en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión.
Parágrafo Segundo: Pueden las partes de común acuerdo, suspender el curso de la causa por un tiempo que determinarán en acta ante el Juez.
Y es con fundamento en este principio que este Tribunal desecha las pruebas documentales promovidas por el demandado.- Y ASI SE DECIDE.-
Valoradas como han sido todas las pruebas se evidencia que las misma son las iniciativas probatorias producidas por las partes a fin de dar por demostrados sus alegatos. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y en consecuencia, quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretende que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. El Juzgador por su parte debe analizar y juzgar cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción.
Análisis de la acción intentada:
Luego de analizadas las actas procesales que integran la presente causa, el Tribunal observa, que la acción intentada por el ciudadano MARIO CARLOS TORRICO, se contrae en principio, a solicitar una indemnización por parte de la empresa CENTRO MEDICO PASO REAL, S.A quienes le imputa haberle ocasionado daños materiales y daño moral a consecuencia de la desincorporación ilegal efectuada por el Centro Medico Paso Real S.A (parte demandada), desde el mes de enero 2.004 hasta diciembre de 2.004.
En este estado, se hace necesario analizar el alegato de parte demandada, en el cual sostiene que la acción intentada debe ser declarada sin lugar por cuanto el fundamento jurídico es el Artículo 1273 y no el artículo 1185 del Código Civil.-
En este sentido, el artículo 257 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela, expresa:
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. (subrayado mío)
En este sentido, observa quien aquí sentencia, que el actor pretende con esta acción el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la conducta de la parte demandada, que lesionó su patrimonio y su moral. Esa conducta, no es otra que el hecho ilícito civil, consagrado y tutelado por la legislación venezolana en el artículo 1.185 del Código Civil, el cual define los supuestos, al amparo de los cuales, quien haya sido objeto de un daño injusto, tiene derecho a que le sea reparado por el agente causante del mismo, al respecto establece dicha norma:
“El que con intención, por imprudencia o negligencia, cause un daño a otro, está obligado a repararlo”.
Se infiere de dicha norma sustantiva como primer supuesto, la verificación de una conducta antijurídica, que por estar reñida con el orden público, entre otras razones a saber, cuales son, que sea contraria a la ley y contra las buenas costumbres, configure la existencia de un hecho ilícito; al respeto es importante señalar, que la parte actora alego que se le ocasionaron daños y perjuicios lo que equivalen daños materiales que se manifiestan a su decir en su patrimonio con ocasión al daño emergente y al lucro cesante que devienen de la ilegal acción de las autoridades del CENTRO MÉDICO PASO REAL, S.A.
Por otra parte, y en contraposición al alegato de parte demandada, ya analizado, se encuentra el principio procesal “iura novit curia”, según el cual se presume que el Juez conoce el derecho. Motivo por el cual, este Tribunal declara, que el hecho de que el demandante no haya señalado como norma rectora el artículo 185 del Código Civil, no obsta para que esta sentenciadora, en análisis de los hechos narrados encuentre que la acción ejercida es la de daños y perjuicios derivada del hecho ilícito civil, norma que también cita el actor para la reclamación del daño moral; sin que este análisis ni determinación constituyan suplencia de alegatos de parte. ASÍ SE DECIDE.-
Entra este Tribunal a valorar en consecuencia, las pruebas aportadas por ambas partes y lo hace en los siguientes términos:
Fue promovido como documento fundamental de la acción, copia certificada emanada de este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de actuaciones sustanciadas en el expediente N° 545-05, que contienen la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por el ciudadano MARIO CARLOS TORRICO, contra el CENTRO MEDICO PASO REAL, S.A, en la cual se homologa un convenimiento celebrado entre ambas partes, a los fines de poner fin a la acción de amparo.
De la referida copia certificada la cual ya ha sido valorada como documento público, útil para demostrar los hechos que pretende la actora, aparece que, durante el desarrollo de la audiencia constitucional celebrada, las partes arribaron a un acuerdo, el cual fue homologado por este Tribunal. Dicho acuerdo se realizó en los siguientes términos: “La Juez de este Tribunal Dra. AIZKEL ORSI, concede la palabra a la apoderada Judicial del Presunto Agraviado, quien expone: Que se restituyan todas y cada una de las condiciones profesionales que tenia el Presunto Agraviado para la fecha 01 de enero de 2.005. Toma la palabra la representación del Presunto Agraviante, quien expone: Sin que mi presencia convalide los agravios o violaciones alegadas por la parte recurrente en la Acción de Amparo tales como el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la protección del trabajo y el derecho a la protección del salario, por no ser ciertas tales denuncias, convengo en que se restituya a sus guardias que como profesional de la medicina que le concede las acciones tipo A y tipo B, que tiene el presunto agraviado, adquiridas con mi representada, pues realmente esa es la situación, la tenencia de dos títulos valores, que convierten al Dr. MARIO TORRICO, como socio de la empresa que represento, haciendo la salvedad de que ningún momento a existido vinculo laboral alegando por el actor en su escrito de Acción de Amparo Constitucional, que en el peor de los casos a este Tribunal Constitucional, no le compete determinar la calidad de trabajar del presunto agraviado. En este Estado pasa a exponer la representante del Presunto Agraviado quien expone: Aceptamos el Convenimiento hecho por el apoderado judicial del Centro Paso Real. En este estado toma la palabra la ciudadana Juez y expone: Vista la auto composición procesal efectuada y en virtud de la conducta asumida por las partes la cual no afecta el orden publico, este Tribunal suspende la presente Audiencia Constitucional, y se procederá a la homologación respectiva en la sentencia que deberá dictarse dentro de los cinco (05) días siguientes a la presente fecha. Es todo, termino, se leyó y conformes firman.….”
Tal y como se expresó en el referido fallo, determinó que: “…el Convenimiento es la voluntad del accionado, el demandado reconoce expresamente la procedencia de la acción intentada en su contra. Es un acto de disposición de los derechos litigiosos, por lo que únicamente puede realizarlo con eficacia jurídica quienes estén facultados para disponer de ellos. Implica una confesión de los hechos en que se funda la demanda, pero es algo más que una confesión porque ésta solo concierne a los hechos y aquella abarca los fundamentos de derecho invocados por el accionante.
Y es justamente ese reconocimiento, el que sirve como apoyo y fundamento a esta acción de daños y perjuicios. La parte accionada en el amparo, reconoció que el actor había sufrido una suspensión por su causa y que debía ser restituido a sus guardias como profesional, ya demás convino en ello.-
Toca ahora analizar el quantum de ese daño, y para ello debemos valorar las pruebas promovidas a tal efecto.-
Reclama el actor daños materiales causados en la esfera de su patrimonio que ascienden a la suma de BOLÍVARES TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (Bs. 34.604.225,00) discriminado así:
1°) La cantidad de BOLÍVARES TRECE MILLONS SEISICENTOS CUAENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (Bs. 13.642.500,00) por concepto de honorarios profesionales causados desde el mes de Enero de 2005 hasta el mes de abril de 2005.
2°) La cantidad de BOLÍVARES QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO (15.961.725,00), por concepto de honorarios profesionales causados desde el mes de mayo de 2005 hasta el mes de agosto de 2005.
3°) La cantidad de BOLÍVARES CINCO MILLONES (Bs. 5.000.000,00) por concepto de pago de Honorarios Profesionales de abogado, para su representación judicial en el procedimiento de amparo constitucional que le restituyó a sus labores. La prueba para demostrar este hecho fue desechada.
Al respecto, se puede apreciar de los medios probatorios debidamente valorados con anterioridad, la existencia de los daños por ello denunciados; en efecto, del conjunto de pruebas producidas por la actora, en especial la Acción de Amparo Constitucional, así como la evacuación de testigo efectuada por el Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en fecha 10-10-2.006 y el estado de cuenta cursante a los folios del 24 al 34; así las cosas, en el emerge sin ninguna duda que tal como lo alega la accionante existen daños ocasionados por la parte demandada. Asimismo, es necesario indicar, que la parte actora ha logrado demostrar en autos, que la responsabilidad en la ocurrencia del hecho generador de tales daños, recae en la parte demandada por la aceptación expresa en la Homologación de la Acción de Amparo Constitucional, la cual fue Homologado el Convenimiento por este Tribunal en fecha 19-07-200, y cursante a los folios del 83 al 94; dimana de los mismos que la acción del demandado han desplegado frente a la actora una conducta reñida afectando el fuero interno, su reputación, daños patrimoniales y las angustias como consecuencia de esto, constitutiva de un hecho ilícito producto de la conducta antijurídica asumida por los demandados que ocasionaron al actor una minusvalía material moral suficientemente descrita con anterioridad al momento de valorar las pruebas aportadas por las partes, es decir, la conducta antijurídica de los demandados, constituyen un hecho que materialmente ha generado el deterioro de en el ámbito personal, profesional, patrimonial y familiar de la parte actora, que indudablemente constriñe su capacidad de vivir de acuerdo a sus necesidades sociales, comprendidas ellas dentro de su entorno laboral, familiar principalmente social, como parte integrante de una sociedad. Asimismo, no puede escapar a las consideración de este Tribunal, que la parte demandada no trajo a los autos ningún elemento de convicción que le pudieran servir para desvirtuar los hechos alegados y probados por la accionante; y estima esta sentenciadora, que en el devenir de la solidaridad social, con independencia de lo grato que pueda ser o no su aceptación a cualquiera de las partes, están ellas obligadas a cumplir con los parámetros mínimos de convivencia social, lo cual de acuerdo a lo expresado anteriormente ha sido violentado por los demandados, al rebasar los límites de tolerancia que les impone la sociedad, incurriendo con ello en una conducta antijurídica en contra de la actora; en virtud de ello, quien aquí sentencia, considera que en el presente caso, la parte actora ha probado sus afirmaciones de hecho, cumpliendo así la obligación que le impone el artículo 1.354 del Código Civil, en concordancia con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y por ello, la indemnización por daños materiales demandada por la actora debe prosperar en derecho, en los términos que se pronunciarán en el dispositivo de este fallo. Y ASÍ SE DECIDE.-
En cuanto a la indemnización por daños morales demandada por la actora, es imperioso señalar para este Tribunal, que la fuente del hecho generador de tales daños, de acuerdo al planteamiento de la litis, se contrae a la conducta desplegada por los demandados, que ha sido establecida con anterioridad en esta sentencia; en tal sentido, es pertinente señalar que, probado el hecho que genera el quebranto moral de quien reclama la indemnización, no tiene la obligación de probar el demandante el daño moral y ha sido lo ha establecido pacífica y reiteradamente la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en tal sentido, es oportuno señalar que, el daño moral, se puede definir como la lesión que sufra la victima en su afecto, honor o reputación, o en su vida psíquica, y el mismo está tutelado en el artículo 1.186 del Código Civil, que dispone:
“La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito,”
En ese orden de ideas, atendiendo a las recomendaciones que el legislador ha previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal, en el norte de mantener la uniformidad de la jurisprudencia atinente al caso como el que nos ocupa, de indicar que el juicio de responsabilidad se activa sólo como reacción frente a un hecho injusto. Y en ese sentido se debe reseñar, que mediante el análisis de los intereses involucrados en el concreto acontecimiento dañoso, se cumple un juicio de valor sobre la exigencia de reaccionar o no frente a tal acontecimiento, a fin de obtener el apaciguamiento del sentido de justicia de la víctima, ofendida por el comportamiento lesivo y bajo tales conceptos, se le debe conceder indemnización por el daño moral a la victima, por la necesidad jurídica de sancionar la conducta ilícita del agente del daño, de manera de evitar la impunidad y para que el derecho sea realmente un instrumento de justicia. En ese sentido, para esta sentenciadora se impone declarar, que demostrado como fueron los hechos constituido por la conducta de la parte demandada descrita con anterioridad en este fallo, que redunda no sólo en la psiquis de la actora sino que se extiende a su entorno laboral, familiar y social, no queda otro camino a seguir a este Tribunal que declarar la procedencia de la indemnización por daño moral que demanda la parte demandante. ASÍ FORMAL Y EXPRESAMENTE SE DECIDE.-

DISPOSITIVA
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, declara:
PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por DAÑOS Y PERJUICIOS, fue interpuesta por el ciudadano: MARIO CARLOS TORRICO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 14.789.777 contra CENTRO MEDICO PASO REAL, S.A, inscrita por ante el Registro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 10 de mayo de 1.989, bajo el Nº 27, tomo 41-A. En consecuencia, se condena a la parte demandada Centro Medico Paso Real, S. A. a:
PRIMERO: Pagar al actor ciudadano MARIO CARLOS TORRICO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 14.789.777, la cantidad de VEINTE Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 29.604.225,00) por los DAÑOS MATERIALES que ha sufrido como consecuencia de la suspensión de sus actividades profesionales.
SEGUNDO: La demandada deberán pagar al actor la suma de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL.
Dada la naturaleza de este fallo, no hay en condenatoria en costas.
Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese a las partes de conformidad con la norma contenida en el artículo 251 ejusdem.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy. En Ocumare del Tuy, al primer (01) día del mes de octubre de dos mil siete (2007). Años 197 de la Independencia y 148 de la Federación.-


LA JUEZ
DRA. AIZKEL ORSI

EL SECRETARIO
ABG. MANUEL GARCÍA

En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo la 11:15 a.m.


EL SECRETARIO
ABG. MANUEL GARCÍA

AO/feed
Expediente: 770-06.