REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Con sede en Guarenas


Años 198° y 149°




N° DE EXPEDIENTE: 2915

PARTE ACTORA: JULIO CESAR RIVERO ROJAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-4.270.346

APODERADO DE LA ACTORA:
SENDYS ABREU, Procuradora de Trabajadores abogada e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 115.612

CODEMANDADAS:
“PROTECCION PRIVADA BORROVA”. inscrita en el Registro Mercantil I bajo el N° 69, Tomo 131-A-pro de fecha 06-12-1978.

MOTIVO:
PRESTACIONES SOCIALES


I

SINTESIS DEL CASO


En fecha 14-10-08, recibida dicha demanda por este Tribunal previa distribución, admitida la demanda en fecha 16-10-2008, notificada la demandada en fecha 02-12-2008, certificada dicha notificación por la Secretaria de este Juzgado en fecha 09-12-2008, realizándose la Audiencia Preliminar en fecha 14-01-2009 a las 11:30 a.m., declarándose la Presunción de la Admisión de los hechos por inasistencia de la parte demandada.

La pretensión sustancial del presente caso es el pago de las cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES CON DIECISIETE CENTIMOS (Bs. 3.395,17) reclamados por el demandante por concepto de prestación de antigüedad; vacaciones fraccionadas; bono vacacional fraccionado; utilidades fraccionadas; ciento sesenta y seis (166) cesta ticket no cancelados y el pago de intereses sobre las prestaciones a que tiene derecho por el tiempo de duración de la prestación del servicio laboral comprendido desde 01-08-2007 hasta el día 25-03-2008, fecha en que fue RENUNCIO VOLUNTARIAMENTE, quien ocupaba el cargo de OFICIAL DE SEGURIDAD, no hubo variación salarial durante la relación laboral siendo su l salario el siguiente : SEISCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.614,79), cumpliendo una jornada diaria de lunes a domingo con un día libre a la semana, de 7:00 a.m. a 07:00 p.m., 12 x 12.

En fecha 14 de enero de 2009, siendo la oportunidad fijada para que tuviese lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR, anunciada a las 11:30 a.m., anunciada por el Alguacil a las puertas de este Tribunal, se encontraba presente la parte demandante la ciudadana SENDYS ABREU, Procuradora del Trabajo, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante ciudadano JULIO CESAR RIVERO ROJAS, ambas suficientemente identificado en autos, sin que la parte demandada el “PROTECCION PRIVADA BORROVA”, compareciera ni por si ni por medio de apoderado alguno, consignadas las pruebas por la parte actora, procedió seguidamente esta juzgadora a declarar la presunción de la admisión de los hechos, reservándose cinco (5) días hábiles siguientes para la publicación del fallo definitivo, ordenando agregar las pruebas presentadas por la parte actora al presente expediente.


II


MOTIVACIÓN NORMATIVA



Planteada la controversia en los términos que anteceden, observa el tribunal que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el derecho del trabajo son de eminente orden público y como consecuencia de ello su aplicación no puede ser relajada por la voluntad de los particulares y, es así como los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los principios rectores y primarios en esta materia, consagrando el texto constitucional la obligación del estado de garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo y considera el trabajo como un hecho social, protegido por el estado y regido por los principios de intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad sobre las formas, irrenunciabilidad, in dubio pro operario, autonomía, imparcialidad, oralidad, uniformidad, brevedad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración y especialidad.

Ahora bien, el sistema establecido en la Ley, implementa el principio de la oralidad a través de la audiencia, en donde participan directamente los tres sujetos procesales: el demandante, el demandado y el Juez, desarrollándose el proceso en dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, de conformidad con los artículos 129 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este orden de ideas, cabe destacar, la importancia de la Audiencia Preliminar, su realización es fundamental, se cumple en ese momento el principio de la inmediatez con la presencia del Juez, quien la preside, y la comparecencia obligatoria de las partes o sus apoderados, la incomparecencia le acarrea a las partes consecuencias jurídicas como el desistimiento a la actora y la presunción de la admisión de los hechos a la demandada, previstas en los artículos 130 y 131 ejusdem.

En el caso que nos ocupa, la parte demandada, habiendo sido notificada para que compareciera a la Audiencia Preliminar, no compareció ni por si ni por medio de apoderado alguno, procediendo el Tribunal a declarar la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante, de conformidad con el articulo 131 ejusdem. ASI SE DECIDE.-

En este sentido ha quedado establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social, Sentencia No. 115, de fecha 17-02-2004, al considerar necesario precisar el alcance jurídico de la contumacia o incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar ordenada por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:

“Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciará, en forma oral conforme a dicha confesión en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día,(…)

Como se desprende de la jurisprudencia in comento, la no comparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar, hace presumir la admisión de los hechos alegados por el actor en su demanda, estando compelido el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución a declararla por la rebeldía del demandado. ASÍ SE ESTABLECE.-

En cuanto a la procedencia de los conceptos demandados, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de junio de 2002, ha establecido que el juzgador está en la obligación de analizar si los hechos esgrimidos por el actor en su libelo acarrean las consecuencias jurídicas señaladas en el mismo, es decir, “ debe exponer el juez en su fallo los motivos de derecho que le llevan a decidir de determinada manera, ya que lo que debe tenerse por aceptado son los hechos alegados mas no el derecho invocado por la parte actora”.

En concordancia con el anterior criterio y en virtud de la incomparecencia de la demandada al inicio de la audiencia preliminar, haciendo uso de las pruebas presentadas, se tienen como admitidos los hechos alegados por la parte actora en el libelo, como son: que la parte actora comenzó a trabajar para la demandada desde 01-08-2007 hasta el día 25-03-2008, fecha esta en que renuncio voluntariamente y el salario devengado por el ex trabajador fue de: SEISCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.614,79),. ASI SE ESTABLECE.

En cuanto al tiempo laborado por el ex trabajador, esta sentenciadora, deja constancia que es de siete (07) meses y veintiún (21) días, como se desprende del libelo de la demanda al señalar que el ex trabajador comenzó a prestar sus servicios laborales desde 01-08-2007 hasta el día 25-03-2008, fechas estas que serán tomadas en cuenta para realizar los cálculos respectivos en función del pago de las prestaciones sociales: prestación de antigüedad; vacaciones fraccionadas; bono vacacional fraccionado; utilidades fraccionadas y los que por derecho le corresponden de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 49, 89, 92, 93 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 3, 108, 112,125 129, 133, 145, 146, 174, 175, 179, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.

Así tenemos, que para determinar el salario de base a los efectos del cálculo de la antigüedad debe estimarse la alícuota respectiva de utilidades y bono vacacional y de esta manera integrarlos al referido salario de base. (Artículos 133 y 146) de la Ley Orgánica del Trabajo. ASI SE ESTABLECE.

En cuanto a los ciento sesenta y dos (162) CESTA TICTKES, solicitados en base a la unidad tributaria de B s. 11,50 desde el 23-04-2007 hasta el 01-11-2007, que asciende a la cantidad de MIL NOVESCIENTOS NUEVE BOLIVARES (Bs.1.909,00) de conformidad con lo establecido en los artículos 2,4 y 9 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial N° 38.154, de fecha 29 de marzo de 2005, en concordancia con el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial N° 38.426 de fecha 28 de abril de 2006, esta Juzgadora ACUERDA dicho pedimento. ASI SE ESTABLECE.

En cuanto a los interese de mora establecidos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este se aplica al derecho que tienen los trabajadores sobre las prestaciones sociales que le recompensen la antigüedad de servicios, en lo que se refiere al beneficio derivado de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores no entra en los supuestos anteriormente señalado. ASI SE ESTABLECE.

En virtud de lo anteriormente expuesto, considera esta sentenciadora que, revisada la causa petendi, en cuanto a las prestaciones sociales que no le fueron cancelados al ex trabajador, encontrando que tal pretensión no es contraria a derecho esta Sentenciadora, conforme a la confesión ope legis, forzosamente debe concluir que la demandada “PROTECCION PRIVADA BORROVA”. debe cancelar al ex trabajador JULIO CESAR RIVERO ROJAS, las Prestaciones Sociales, de conformidad con los artículos 26, 49, 89, 92 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 3, 108, 112, 129, 133, 145, 146, 174, 175, 179, 223 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.

En lo que respecta a los intereses moratorios sobre el pago de la prestación de antigüedad art. 108 de la LOT, se hará conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Jurisprudencia de fecha 11-11-2008, de la Sala de Casación Social, Magistrado LUIS FRANCHESCHI GUTIERREZ N°.- 002328, (Caso JOSE SURITA y MALDIFASSI & CIA C.A)., los mismos deberán cuantificarse desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la publicación del respectivo fallo. Igualmente debe asumirse el mismo criterio con respecto a la indexación que por prestación de antigüedad se le adeude al ex trabajador. ASÍ SE ESTABLECE.-

En cuanto a la Indexación de los otros conceptos laborales derivados de la relación laboral, será desde la fecha de la notificación de demandada, 02-12-2008, hasta que la sentencia quede definitivamente firme excluyendo de dicho calculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor. ASÍ SE ESTABLECE.-

En caso de que la demandada no cumpliere voluntariamente la referida Sentencia, se aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASI SE ESTABLECE.

Los conceptos laborales condenados, los intereses moratorios e indexación, serán cuantificados, por un solo experto que nombrará el Tribunal a costas de la demandada. ASÍ SE DECIDE.-

Estando cumplidos los extremos de los artículos 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, considera esta sentenciadora que en la presente delación existen motivos de derecho suficientes que la llevan forzosamente a concluir que la procedencia de la demanda incoada por la parte actora, deberá ser declarada con lugar en la parte dispositiva de este fallo. ASI SE DECIDE.-


III

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Quinto de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por la Autoridad que le confiere la Ley, DECLARA:


PRIMERO: CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENECIOS LABORALES, interpuesta por el ciudadano JULIO CESAR RIVERO ROJAS, contra de la demandada “PROTECCION PRIVADA BORROVA”. ambas partes suficientemente identificadas en autos. En consecuencia, a los fines del cálculo de las prestaciones sociales se ordena una experticia complementaria del fallo, a objeto de determinar los siguientes conceptos: prestación de antigüedad; vacaciones fraccionadas; bono vacacional fraccionado; utilidades fraccionadas; ciento sesenta y dos (162) CESTA TICTKES, que asciende a la cantidad de MIL NOVESCIENTOS NUEVE BOLIVARES (Bs.1.909,00); intereses moratorios, indexación e intereses sobre las prestaciones a que tiene derecho el ex trabajador por el tiempo de duración de la prestación del servicio laboral comprendido desde 01-08-2007 hasta el día 25-03-2008, fecha en que fue renuncio voluntariamente..

SEGUNDO: HAY CONDENATORIA EN COSTAS a la parte demandada, por la naturaleza del presente fallo al resultar totalmente vencida.

Se ordena la publicación del presente fallo en la página Wed del Tribunal Supremo de Justicia, Región Miranda.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Guarenas, a los veintiuno (21) días del mes de enero de dos mil nueve (2009).

Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
Publíquese, Regístrese y déjese Copia Certificada.
LA JUEZ



DRA. CARMEN VIOLETA CEDRÉ TORRES


LA SECRETARIA


En esta misma fecha, siendo las 03:00 p.m., se publicó y registró la anterior Sentencia.



LA SECRETARIA



EXP. No. 2915-08
CVCT/SC/cvct