REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA.
LOS TEQUES
202º y 153º

EXPEDIENTE: Nº 0089-12 // SENTENCIA DEFINITIVA

PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil “GRUPO DOMINGO PEREIRA, DOPERCA, C.A.” debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado Miranda, en fecha 21 de enero de 2005, bajo el N° 59, Tomo 8-A-Sgdo.-

APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRENTE: MIGUEL JOSE APARCEDO, venezolanos, de este domicilio, abogado en ejercicio, titulares de la cedula de identidad Nº 5.073.787 e inscritos en el Inpre-abogado bajo el Nº 88.415.-
RECURRIDA: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 41-2011, de fecha 28 de febrero de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques.-

BENEFICIARIO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: ciudadano JOSE GREGORIO SANZ HERRERA, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° 6.977.071.-

MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CON SUSPENSION DE EFECTOS.-

- I –
En fecha 04 de diciembre de 2012, fue recibida por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesta por el abogado MIGUEL JOSE APARCEDO MARTINEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.073.787 e inscrito en el Inpre-abogado bajo el Nº 88.415, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa “GRUPO DOMINGO PEREIRA, DOPERCA, C.A.” plenamente identificada, contra la Providencia Administrativa Nº 41-2011, de fecha 28 de febrero de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, mediante el cual declaró con lugar la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, incoado por el ciudadano JOSE GREGORIO SANZ HERRERA, titular de la cedula de identidad N° 6.977.071, contra la referida recurrente Sociedad Mercantil “GRUPO DOMINGO PEREIRA, DOPERCA, C.A.” a quien se ordenó Reenganchar inmediatamente al trabajador accionante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que poseía para el momento del ilegal despido, así como cancelar los salarios dejados de percibir desde la fecha que fue despedido 31 de mayo de 2010, hasta su efectiva reincorporación. El presente recurso se dio por recibido en fecha 06 de diciembre de 2012, y estando dentro del lapso establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, este Tribunal procede hacerlo en los términos siguiente:

- II –
A los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso de nulidad este Tribunal observa:
1. Que el presente recurso de nulidad versa sobre la Providencia Administrativa Nº 41-2011, de fecha 28 de febrero de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques.-
2. Que dicha Providencia Administrativa fue declarada con lugar la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, interpuesta por el ciudadano JOSE GREGORIO SANZ HERRERA, contra la referida recurrente Sociedad Mercantil “GRUPO DOMINGO PEREIRA, DOPERCA, C.A.” ordenando el reenganche al trabajador accionante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que poseía para el momento del ilegal despido, así como cancelar los salarios dejados de percibir desde la fecha que fue despedido, el 31 de mayo de 2010, hasta su efectiva reincorporación.-
3. Que de dicha providencia fueron debidamente notificados, el beneficiario del acto ciudadano JOSE GREGORIO SANZ HERRERA, en fecha 28-02-2011, y la empresa recurrente en fecha 10-03-2011, y en fecha 15 de abril de 2011, procediéndose a efectuar el reenganche en fecha 15 de abril de 2011, dejándose constancia del mismo con el informe de inspección contentiva de verificación del cumplimiento de la providencia administrativa, no dando cumplimiento al reenganche la empresa recurrente.-
4. Que en fecha 11 de julio de 2011, la empresa recurrente interpuso por ante este Circuito Judicial del Trabajo, Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la referida providencia administrativa, correspondiéndole su conocimiento a este Tribunal, el cual dio por recibido en fecha 12 de julio de 2011, y admitido en fecha 18 de julio de 2011, el cual quedo identificado con el numero R.N Nº 0042-11.-
5. Que una vez efectuado las notificaciones correspondiente a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República, al beneficiario del acto mediante boleta y solicitada los antecedentes administrativo a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, se procedió mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2011 y corregido dicho auto mediante auto de fecha 03 de octubre de 2011, a fijarse la Audiencia de Juicio para el día 25 de octubre de 2011.-
6. Que celebrada la Audiencia de Juicio en fecha 25 de octubre de 2011, se dejo constancia de la comparecencia del ciudadano JOSE GREGORIO SANZ HERRERA, asistido por el abogado GUIDO VERA POCATERRA; del mismo modo en dicha audiencia se dejo constancia de la incomparecencia de la empresa recurrente ni por si ni por medio de apoderado judicial, por lo que declaro desistido el procedimiento de conformidad con el articulo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, publicándose la sentencia respectiva en fecha 1º de noviembre de 2011.-
7. Que de dicha sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que declaro el desistimiento del procedimiento de dicho recurso, el apoderado judicial de la empresa recurrente apelo, siendo declarada sin lugar dicha apelación por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del esta misma Circunscripción Judicial y sede, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2012, confirmando la sentencia dictada por este Tribunal.-
8. Que en fecha 25 de julio de 2012, el abogado Miguel José Aparcedo Martínez, inscrito en el Inpre-abogado bajo el Nº 88.415, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente interpuso por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por este Juzgado y el Juzgado Superior señalado.-
9. Que dicha acción de amparo constitucional fue declarado improcedente in limine litis mediante sentencia de fecha 23 de octubre de 2012, con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover.-
10. Que el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad versa sobre la misma Providencia Administrativa contenida en el expediente R.N Nº 0042-11, que fue declarado desistido el procedimiento de de conformidad con el articulo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, de cuya sentencia publicada en fecha 1º de noviembre de 2011, fue apelada y confirmada por el A quen mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2012, y que sobre dichas sentencias fue interpuesto por ante la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia recurso de amparo constitucional el cual fue declarado in procedente in limine litis por sentencia de fecha 23 de octubre de 2012.-
- III –
Ahora bien, precisado lo anterior este Tribunal procede a verificar la tempestividad del presente recurso, para luego efectuar el pronunciamiento sobre la admisibilidad del mismo.
En efecto, el numeral 1º del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece:
Artículo 32: Caducidad. Las acciones de nulidad caducaran conforme a las reglas siguientes:
1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el termino de ciento ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición: La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. (subrayado del Tribunal).-
Por su parte, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece:
Artículo 35: Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
2. Caducidad de la acción.
3. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
4. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
5. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
6. Existencia de cosa juzgada.
7. Existencia de conceptos irrespetuosos.
8. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.
La transcrita norma establece los supuestos en que debe declararse inadmisible la demanda, dentro de ello se encuentra la caducidad de la acción. Ahora bien, de conformidad con las transcritas normas el legislador ha previsto la figura de la caducidad, la cual consiste en el establecimiento de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos contado a partir de la notificación al interesado, en el caso sub examine, de la empresa recurrente, dando lugar a la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad, lapso éste que transcurre fatalmente, no admitiendo por tanto paralización, detención, interrupción ni suspensión y cuyo vencimiento ocasiona la extinción de la acción para el reclamo del derecho que se pretende hacer valer.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 727 de fecha 8 de abril de 2003, sostuvo lo siguiente:
“De lo anterior, se desprende, claramente, que lo que está sometido a la revisión constitucional de esta Sala para su final pronunciamiento unificador guarda relación con el lapso de caducidad.
Dicho lapso, sin duda alguna, es un aspecto de gran importancia dentro del proceso, dado su contenido ordenador y su vinculación con la seguridad jurídica que tiene que garantizar todo sistema democrático.
En efecto, la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento, de esa forma, de que tras el transcurso del lapso que preceptúa la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le proporcione; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente, incidiría negativamente en la seguridad jurídica.
El lapso de caducidad, como lo denunció el recurrente, transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni suspensión. Sin duda alguna, la caducidad es un lapso procesal y en relación con el carácter de éste, la Sala Constitucional se ha pronunciado y ha establecido que los lapsos procesales establecidos en las leyes y aplicados jurisdiccionalmente no son formalidades que puedan ser desaplicados con base en el artículo 257 de la Constitución. (…)”.
Del mismo modo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00163 de fecha 5 de febrero de 2002, señalo:
“En primer lugar debe precisarse que la caducidad es un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez transcurrido dicho plazo, el derecho no puede ser ejercitado, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley. Por otra parte, debe la Sala aclarar que la prescripción y la caducidad son dos institutos jurídicos distintos, con sólo una afinidad constituida por el transcurso del tiempo, pudiendo interrumpirse la prescripción, no así la caducidad.”
Siendo así, la caducidad de la acción es por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el Tribunal por ante el cual se interpone el recurso y una vez constatada la operación de la misma, debe ser declarada inadmisible la acción interpuesta; ello en virtud de que el Estado necesita, por razones de estabilidad y seguridad jurídica que los actos de la Administración Pública adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone al recurso que pueda intentarse contra ellos una doble limitación: la legitimación activa, y la caducidad en estudio para el caso en concreto.
Por tanto se concluye que la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento de que tras el transcurso del lapso que establece la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica. Es por ello que el recurrente, una vez habilitado para acudir al Órgano Jurisdiccional, deberá proponer su recurso judicial en tiempo hábil, esto es, antes de la consumación del lapso de caducidad.
En consideración a lo expuesto, observa esta Tribunal en el caso de marras, que en fecha 28 de febrero de 2011, la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, dictó la Providencia Administrativa Nº 41-2011 mediante el cual declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir interpuesta por le ciudadano JOSE GREGORIO SAEZ HERRERA, en contra de la Sociedad Mercantil “GRUPO DOMINGO PEREIRA, DOPERCA, C.A.” Igualmente, este Tribunal observa que del escrito que contiene el Recurso de Nulidad presentado por el Apoderado Judicial de la mencionada empresa recurrente, en el cual señala que la recurrente se dio por notificada de la providencia administrativa en fecha 10 de marzo de 2011; igualmente evidencia este Tribunal de las copias certificadas del expediente administrativo acompañadas con el escrito recursivo, una boleta de notificación dirigida al representante legal de la Sociedad Mercantil GRUPO DOMINGO PEREIRA DOPERCA, C.A., debidamente firmada y sellada de fecha 10/03/11, firmada por Domingo Pereira y del Informe de Fijación de Cartel de Notificación y Certificación del funcionario Marcos Díaz, cursante los folios ciento once (111) y ciento doce (112) del presente expediente, por lo que fue en esta fecha, cuando la parte recurrente se dio por notificada de la providencia administrativa objeto del presente recurso de nulidad, tal y como fue señalado en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, por lo que a partir de la fecha de notificación de la providencia administrativa (10 de marzo de 2011) comenzó a transcurrir el lapso de ciento ochenta (180) previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que la empresa recurrente, interpusiera el recurso contencioso administrativo de nulidad, a los fines de hacer valer su pretensión en cuanto a su disconformidad con la mencionada Providencia Administrativa.-
Así las cosas, queda evidenciado que la empresa recurrente interpuso el mencionado recurso en fecha 04 de diciembre de 2012, según consta al vuelto del folio veintidós (22) del expediente donde se dejo constancia que este Circuito Judicial dio por recibido en fecha 04 de diciembre de 2012, por lo tanto, considera este Tribunal que efectivamente transcurrió con creces el lapso de ciento ochenta (180) días establecido en la mencionada norma, del cual disponía la parte recurrente para su ejercicio, lo que ocasiona la caducidad de la acción. Finalmente advierte este Tribunal que la interposición del primer recurso de nulidad en el que quedo desistido el procedimiento (Exp. R.N. Nº 0042-11), en nada afecta el lapso de caducidad, ya que, como se señalo anteriormente, el lapso de caducidad transcurre fatalmente, no admitiéndose en consecuencia paralización, detención, interrupción ni suspensión y su vencimiento produce la extinción de la acción, como en efecto se produjo en el caso bajo análisis. Así se deja establecido.-
En merito a las anteriores consideraciones, este Tribunal forzosamente declara la caducidad de la presente acción y en consecuencia inadmisible el presente recurso contencioso administrativo de nulidad contra la providencia administrativa Nº 41-2011, de fecha 28 de febrero de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda con sede en los Teques. Así se decide.-

- IV –
Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE por haber operado la caducidad el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesta por la Sociedad Mercantil Sociedad Mercantil “GRUPO DOMINGO PEREIRA, DOPERCA, C.A.” contra la Providencia Administrativa Nº 41-2011, de fecha 28 de febrero de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-
EL JUEZ

Dr. ROGER JOSE FERNANDEZ
LA SECRETARIA

MISSBELL Y. CARRASCO L.
NOTA: En el día de hoy, doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) siendo la 3:00 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó y publicó el anterior fallo.
LA SECRETARIA

MISSBELL Y. CARRASCO L.


Exp. N° R.N. 0089-12
RF/mycl.-