REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA




CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES
SALA N° 1 DE LA CORTE DE APELACIONES

Los Teques, 01/04/2013
203° y 153°

CAUSA N° 1A-s8788-11
INVESTIGADA: VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY
ACUSADO: PÉRES SINCLAIR LEFRI NICOLAS
DEFENSA PÚBLICA: ABG. JUSMAR CASTILLO SAVERI.
VÍCTIMA: LA COLECTIVIDAD.
FISCALÍA: DECIMA NOVENA (19°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANA DE MIRANDA, LOS TEQUES
DELITO: TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR
PROCEDENCIA: TRIBUNAL CUARTO (4º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, LOS TEQUES
MOTIVO: APELACIÓN DE SOBRESEIMIENTO.
JUEZ PONENTE: DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA.

Corresponde a esta Corte de Apelaciones, conocer del Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del Derecho ABG. EDDMYSALHA GUILLEN, Fiscal Auxiliar Décima Novena (19º) del Ministerio Público del Estado Miranda, contra la decisión dictada en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011) por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, SEDE LOS TEQUES, cuyo texto íntegro se publicó en fecha ocho (08) de agosto de dos mil once (2011), en la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, dictó decisión en los siguientes términos: Admite Parcialmente la acusación fiscal respecto del ciudadano PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS, otorgándosele al Ministerio Público un lapso de veinticinco (25) días continuos para la evacuación de pruebas solicitadas por la defensa del acusado mencionado y en cuanto a la ciudadana CASTRO MILEXA NARDALY declaró el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a la misma; todo por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Drogas en la modalidad de Ocultación, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 concatenado con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Se dio cuenta a esta Alzada, en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil once (2011) del recurso de apelación interpuesto y se designó Ponente al Juez titular DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

En fecha catorce (14) de noviembre de dos mil once (2011), se dictó auto mediante el cual fue admitido el recurso de apelación interpuesto, por no encontrarse incurso en las causales de inadmisibilidad taxativamente previstas en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 428 de la Ley Adjetiva Penal vigente) y se libraron las respectivas Boletas de Citación a las partes a los fines de su comparecencia a la Audiencia Oral pautada de conformidad con lo establecido en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), se realizó ante la sede de esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Los Teques, la Audiencia Oral a que se contrae el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal en el presente caso, celebrándose la misma en presencia de los Jueces integrantes de esta Sala y con la comparecencia de: ABG. HECTOR VILLEGAS, defensor público penal de la investigada de autos; el ABG. DANGER FUENTES, Fiscal del Ministerio Público y la investigada, ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY.-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

INVESTIGADA: VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, titular de la cédula de identidad Nº V.- 22.666.062, venezolana, natural de Los Teques, estado Miranda, edad 19 años, de estado civil soltero, profesión u oficio del hogar, residenciada en: Barrio Colinas del Paso, Calle Buena Vista, a mano izquierda, segunda residencias luego de las escaleras, Residencia S/N, rejas de color negro, Municipio Guaicaipuro, Los Teques, estado Miranda.

ACUSADO: PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 16.889.286, venezolano, natural de Caracas, Distrito Capital, edad 26 años, de estado civil soltero, profesión u oficio indefinido, residenciado en: Barrio Colinas del Paso, Calle Buena Vista, a mano izquierda, segunda residencias luego de las escaleras, Residencia S/N, rejas de color negro, Municipio Guaicaipuro, Los Teques, estado Miranda

DEFENSORA PÚBLICA: JUSMAR CASTILLO SAAVERI; Defensora Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Los Teques.

DEFENSORES PRIVADOS: CARLOS ALBERTO GARCÍA y QUIJADA CORASPE ARNELL; Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 148.047 y 77.611, respectivamente.

FISCALÍA: DECIMA NOVENA (19º) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, LOS TEQUES.

VÍCTIMA: LA COLECTIVIDAD.

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

En fecha cinco (05) de mayo de dos mil once (2011), la profesional del derecho Dra. EDDMYSALHA GUILLEN CORDERO, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Decima Novena (19º) del Ministerio Público del estado Bolivariano de Miranda, Los Teques presentó escrito de ACUSACIÓN FORMAL, (cursante a los folios 27 al 52 de la compulsa I del expediente), en contra de los ciudadanos VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY y PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 285 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 37 numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 108 numeral 4 y 326 ambos del Código Orgánico Procesal Penal vigentes para el momento en que se interpuso la acusación (artículo 11 numeral 4 y 308 Ley Adejtiva Penal vigente), por estar dichos ciudadanos incurso presuntamente en la comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍTO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en relación con el artículo 163 numerales 7 y 10 ejusdem y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 concatenado con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

En atención a la solicitud de Admisión de la Acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Público, se celebró en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), el acto de Audiencia Preliminar en la sede del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Sede Los Teques, con la presencia de todas las partes que integran la presente causa. (Folios 54 al 92 de la Compulsa I del expediente)

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha ocho (08) de agosto de dos mil once (2011) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Sede Los Teques, publicó el texto íntegro de la decisión en los siguientes términos:

“ En cuanto al delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto en el artículo 6 en relación con el 16.1 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; tanto los fundamentos como las pruebas que menciona la Fiscalía en la Acusación, proceden de las personas que participaron en el procedimiento bien como funcionarios policiales, bien como testigos del procedimiento o bien como expertos que practican la experticia, de los cuales no es posible inferir que entre la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, y el ciudadano LEFRI NICOLAS SINCLAIR, haya una asociación distinta a la marital, pues estos son marido y mujer padres de tres hijos que habitan en una residencia. Los funcionarios no llevaban orden a nombre de esta señora, pero se la llevan detenida por el solo hecho de ser la esposa o concubina de quien buscaban. La investigación no arrojó ni siquiera un elemento en su contra. En tal sentido no habiendo el Ministerio Público aportado elementos serios que sirvan para establecer la referida ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, este Tribunal desecha la acusación en lo que se refiere a este tipo penal.
Ahora bien, en lo que se refiere al delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 en relación con el 163.1, 7 y 10 de la Ley Orgánica de Drogas… Los elementos, fundamentos y pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, están únicamente orientados a demostrar que en la vivienda donde fue autorizado un allanamiento en busca de una persona de nombre LEFRI NICOLAS SINCLAIR, que según arrojaba la investigación se encargaba de comerciar con sustancias ilícitas estupefacientes y psicotrópicas… Los testimonios de quienes conforman estos órganos no demostrarían en un eventual juicio oral y público que esta ciudadana estuviera incursa en el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN…
El análisis hecho conlleva a declarar con lugar la excepción de la defensa prevista en el artículo 28.4.i ‘Falta de requisitos formales para intentar la acusación…’ Y como consecuencia de ello, acatando la disposición contenida en el artículo 33.4 del Código Orgánico Procesal Penal, necesario es declarar EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA A FAVOR DE LA CIUDADANA VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY.
En la presente causa también fue acusado el ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, como primer supuesto la defensa alegó que en la etapa de investigación solicitó al Ministerio Público, le tomara entrevista a los ciudadanos QUIÑONES TORRES OSCAR ALBERTO Y SANDRA ROSA ANAMARIMBA quienes fueron testigos del allanamiento, así como también se practicara una inspección en el baño de la residencia donde se efectuó el allanamiento. Solicitud que el Ministerio Público, negó en fecha 16 de abril de 2011, fundamentando su negativa en que las citaciones de tales ciudadanos ya habían sido libradas, por cuanto son testigos de los hechos que originaron la aprehensión, también negó la inspección por cuanto ese despacho la había solicitado como diligencia propia de la investigación y la segunda inspección la negó por cuanto la defensa no indicó la pertinencia y necesidad. Puesto en conocimiento el Tribunal de esa negativa, instó al Ministerio Público conforme al artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, a que evacuara las pruebas solicitadas por la defensa.
…instó al Ministerio Público, a fin de que practique las pruebas solicitadas por la defensa del acusado LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, para lo cual se suspendió la audiencia para continuarla una vez que fueran evacuadas las pruebas y se le dieron veinticinco (25) días; debiendo realizarse la audiencia al terminar el lapso; ello en apoyo a lo previsto EN EL ARTÍCULO 330.1; en criterio de quien aquí decide admitir unas pruebas que el Ministerio Público negó sin tener un fundamento serio, es violentar disposiciones constitucionales relativas al derecho a la defensa. El juez de un Tribunal control es garantista y en función de ello se decidió.
DISPOSITIVA
ESTE TRIBUNAL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO. PRIMERO. Se desestima parcialmente la acusación, por cuanto se hace necesario la evacuación de las pruebas solicitadas por la defensa del ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR. SEGUNDO: En cuanto a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY… se declara con lugar las excepciones opuestas por la defensa de conformidad al artículo 28.4 literal i en relación con el artículo 326 numerales 3 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal y en tal sentido se decreta el sobreseimiento de la causa con conforme (sic) al artículo 318.4 del Código Orgánico Procesal Penal. Por cuanto no hay base para solicitar el enjuiciamiento…” (Folios 107 al 144 Compulsa I).

DEL ESCRITO RECURSIVO

En fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil once (2011), la profesional del derecho ABG. EDDMYSALHA GUILLEN, Fiscal Auxiliar Décimo Novena del Ministerio Público del estado Miranda, Los Teques; interpuso recurso de apelación contra el fallo proferido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Sede Los Teques, estableciendo textualmente lo siguiente:

“PRIMERA DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY, DEL ARTÍCULO 318 NUMERAL 4 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL Y ERRONEA APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA.
Es menester señalar que el Juez Aquo al momento de dictar su decisión fundamenta su decreto de Sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana VARGAS MILEXA NARDALY en la errónea aplicación del artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal penal, conclusión a la cual llegó de manera errada al declarar Con Lugar las excepción prevista en el artículo 28 literal i, en relación con el artículo 326 numerales 3 y 5 todos del Código Orgánico Procesal Penal…
(…)
Ello, pues de la decisión se evidencia que la Juez A Quo señala que de la investigación, la misma consideró que no existían medios idóneos para fundamentar y sustentar un libelo acusatorio contra la ciudadana Vargas Castro Milexa Nardaly, lo cual no es ajustado a los hechos, pues de la investigación que cursa en autos se evidencia que dicha ciudadana fue aprehendida estando en el interior de la vivienda en la cual se practicara el allanamiento, el cual iba dirigido a la búsqueda e incautación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas así como a la ubicación del ciudadano Pérez Sinclair Lefri Nicolas, quien habita conjuntamente con dicha ciudadana la vivienda y es su concubino desde hace mas de tres años. Asimismo, de las actuaciones de la investigación se evidencia que la sustancia ilícita incautada fue hallada en el interior de la vivienda, específicamente en el baño, sustancia ilícita ante la cual ninguno de los imputados hizo señalamiento alguno en cuanto a la procedencia de la misma…
De manera pues, los elementos de convicción antes citados, que la defensa de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, no pudo desvincular de su defendida, pues el Ministerio Público le imputa la comisión de delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de Ocultación, con agravante así como el delito de Asociación para Delinquir, ya que dicha ciudadana conjuntamente con su concubino se ha dedicado a este tipo de actividades ilícitas. Hechos que con los elementos de convicción que trajo al proceso de manera lícita el Ministerio Público le permitieron fundar su escrito acusatorio. A lo cual el Juez de control, como garante de la legalidad y del control formal y material, debe sólo limitarse a verificar si los elementos de convicción, son legales, útiles, necesarios y pertinentes, no siendo dable en este estado procesal (fase intermedia) la valoración de fondo de cada prueba, lo cual es sólo viable en la fase de juicio oral y público…
Razones por las cuales el Ministerio Público considera que la Juez A quo de haber aplicado correctamente la norma jurídica hubiera declarado SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES opuestas por la defensa en cuanto a lo establecido en el artículo 28 literal i del Código Orgánico Procesal penal y en consecuencia hubiera ADMITIDO LA ACUSACIÓN EN CUANTO A LA CIUDADANA VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY. Por lo que con el debido respeto esta representación Fiscal solicita que la presente denuncia sea declarada CON LUGAR Y SEA REVOCADA LA DECISIÓN dictada por la Juez Cuarta de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial, extensión Los Teques Y SE DECLARE LA NULIDAD DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR Y SE ORDENE NUEVAMENTE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR ANTE UNA JUEZ DISTINTA A LA QUE EMITIO EL PRONUNCIAMIENTO, prescindiendo de los vicios alegados.
SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN
Como segunda denuncia se alega la infracción de la Ley, específicamente de los artículos 250, 251 numerales 2, 3 y parágrafo primero y artículo 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal…
El vicio en que incurre la Juez A Quo es la inobservancia de la ley Procesal, ya que el delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN ESTABLECE UNA PENA DE OCHO A DOCE AÑOS, por ser el segundo aparte el subsumible en el presente caso conforme la conducta desplegada por la imputada…
Evidenciándose pues que la pena a imponer en el presente caso en cuanto al delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas… prevé una pena de Ocho (08) a Doce (12) años de prisión, y el delito de Asociación para Delinquir… prevé una pena de Cuatro (04) a Seis (06) años de prisión. De lo cual se desprende pues que el quantum de la pena a imponer excede de los Diez (10) años… Por lo que si el Juez hubiere observado el contenido de la norma el mismo hubiere concluido forzosamente en que por el tipo de delito, la pena que pudiera llegar a imponerse y la gravedad del daño causado, lo procedente y ajustado a derecho es mantener la medida privativa de libertad.
(…)
Ello en virtud que quedo en autos que la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY como concubina de su coimputado en atención a las serias imputaciones que hiciera el Ministerio Público una vez estando fuera del proceso pudiera contribuir en forma directa a la modificación o destrucción de elementos de convicción así como influir en cuanto a los testigos del hecho a fin que los mismos se comporten de manera desleal o reticente, poniendo en peligro la investigación.
De manera que si la Juez hubiere observado de manera correcta el contenido del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, hubiere mantenido el decreto de la Privativa de Libertad que pesaba sobre la ciudadana Vargas Castro Milexa Nardaly.
En tal sentido, con el debido respeto este (sic) Representación Fiscal solicita muy respetuosamente, a esta Digna Corte de Apelaciones que la presente denuncia sea declarada CON LUGAR y en consecuencia se revoque la libertad sin restricciones acordada por la Juez A quo, y en consecuencia sea decretara (sic) LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 numerales 1, 2; 251 numerales 2 y 3 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
TERCERA DENUNCIA. DE LA INMOTIVACIÓN DEL FALLO IMPUGNADO.
El Juez en su decisión al momento de la celebración de la Audiencia Preliminar, en su pronunciamiento numero SEGUNDO, solo se limito a señalar que declaraba con lugar la excepción prevista en el artículo 28 literal i del Código Procesal Penal y en consecuencia no se encontraban llenos los extremos del artículo 326 numeral 3 y 5 ejusdem, sin motivar ni explicar de manera alguna el por qué ese Juzgador llegó a esa resolución violentándose pues la disposición de ORDEN PÚBLICO.
(…)
Siendo que el Vicio de Inmotivación, resulta de Orden Público, de allí la importancia de la presente denuncia, siendo evidente que la decisión de la Juez carece de toda motivación, vulnerando la racionalidad y las reglas de la lógica…
CUARTA DENUNCIA. ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY.
Aplicando de manera errónea el artículo 305 del Código Orgánico Procesal penal…
El vicio en que incurre el A quo consistió en errónea aplicación del artículo Ut Supra, pues del mismo se evidencia que es el Imputado o las personas a quienes por ley les sea atribuible su participación en el proceso o sus representantes, quienes pueden solicitar al Titular de la acción penal la práctica de diligencias, y es el Ministerio Público quien debe dar una respuesta oportuna a dichas solicitudes, es importante destacar que en fecha 07 de abril de 2011, los abogados CARLOS ALBERTO GARCÍA Y QUIJADA CORASPE ARNELL, solicitaron ante este despacho Fiscal la práctica de diligencias específicamente.
La toma de testimonio de los ciudadanos QUIÑONES TORRRES (SIC) OSCAR ALBERTO Y SANDRA ROSA ANAMARIMBA, testigos presenciales del procedimiento policial en el cual se practicara la incautación de la sustancia ilícita y la aprehensión de los imputados de autos. Así como la práctica de una inspección en el interior de la vivienda donde se practicara el allanamiento en el cual resultara la incautación de la sustancia ilícita y la aprehensión de los imputados.
Diligencias estas que se contestaron de manera motiva, en fecha 18 de abril del corriente, explicándose a la defensa que dicha práctica de diligencias ya habían sido practicadas por este Despacho fiscal, por lo cual no habiendo motivado la necesidad, utilidad y pertinencia de la nueva práctica de las mismas, se negaron…
Asimismo, el Juez A quo violentó la disposición prevista en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere al objeto de la fase intermedia el cual no es más que control material y formal de los elementos de convicción con los cuales se formulare el acto conclusivo…
Igualmente violentó el artículo 282 del Código orgánico Procesal Penal, el cual le permite al Juzgador de la fase PREPARATORIA, por vía de Control Judicial, acordar la práctica de diligencias a las partes, lo cual no era aplicable al caso, en virtud que dicha fase ya había concluido en fecha 04 de Mayo de 2.011 de manera que si el Juez hubiere observado la norma prevista en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal necesariamente no hubiere emitido pronunciamiento en audiencia mediante el cual acuerda a la defensa de Lefri Nicolás Pérez Sinclair la práctica de diligencias que en fecha 18 de abril le fueron negadas de manera motivada…
En tal sentido, con el debido respeto esta Representación Fiscal solicita a esta Digna Corte de Apelaciones que DECLARE CON LUGAR la presente denuncia y por vía de nulidad revoque el pronunciamiento que acuerda dicha práctica e insta al Ministerio Público a la práctica errónea y contraria a Derecho de las mismas…
PETITORIOS
Asimismo, en virtud de todos los fundamentos de Derecho anteriormente expuestos, esta Representación del Ministerio Público solicita muy respetuosamente DECLARE CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN al verificarse los graves vicios denunciados en el mismo y en consecuencia SE ORDENE LA CELEBRACIÓN DE UNA NUEVA AUDIENCIA PRELIMINAR, en cuanto a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, ante un Juez de Control distinto al que dictó la Sentencia recurrida, de manera que se garantice el Principio de Legalidad en las decisiones que deba tomar y prescinda de los vicios denunciados.
(…)
Asimismo, se solicita, en virtud de la gravedad de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público, la gravedad del delito, la pena a imponer luego de la celebración de un debate oral y público así como el criterio reiterado, pacífico y vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la no aplicabilidad de medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad en delitos de drogas por considerarlos delitos de lesa humanidad, se dicte al acusado (sic): VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, conforme a los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal penal, por estar presente todos los extremos que permiten su aplicabilidad.
Se solicita se declare SIN LUGAR la solicitud de la defensa de Pérez Lefri Nicolas, en cuanto a la práctica de las mismas diligencias que ya han sido practicadas en fase preparatoria y que fueran negadas por el Ministerio Público.
En tal sentido, con el debido respeto esta Representación Fiscal solicita a esta Digna Corte de Apelaciones que DECLERE CON LUGAR la presente denuncia y por vía de nulidad revoque el pronunciamiento que acuerda dicha práctica e insta al Ministerio Público a la práctica errónea y contraria a Derecho de las misma…” (Folios 01 al 26 Compulsa I).

DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), los profesionales del derecho CARLOS ALBERTO GARCÍA y QUIJADA CORASPE ARNELL, interponen por ante el Tribunal de la causa, escrito de Contestación en razón del Recurso de Apelación que fuera interpuesto por el Ministerio Público; expresando los siguientes alegatos:

“…Por cuanto impone al Ministerio Público, en el curso de la investigación, el hacer constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle y está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan; en esta etapa de nuestra historia, el Fiscal del Ministerio Público solamente se ha dedicado a imponer la acusación, a culpar al presunto inocente y a bloquear el proceso (negando las pruebas solicitadas por la defensa, no trayendo las pruebas ofrecidas a la defensa), cuando no tiene suficientes indicios para acusar, en lugar de ejercer el archivo fiscal o solicitar un sobreseimiento. Antes de eso, se amparan en la imagen del exceso de trabajo y de casos, de la incapacidad por el número de fiscales existentes en el país, pero basta la verdad que visualiza cualquier ciudadano que intervenga en un proceso. A este respecto, debo dejar claro que evidentemente aun cuando se toca a la generalidad de los Fiscales del Ministerio Público y hasta de los que internamente manejan la parte administrativa (proceso, recusaciones, disciplina), no es toda su población la incursa en negligencia).
(…)
Solicitamos sea declarada SIN LUGAR la temeraria apelación ejercida por el ministerio Público…”

MOTIVACIÓN DE ESTA CORTE DE APELACIONES PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO:

PUNTO PREVIO:

En el caso que hoy ocupa la atención de esta Alzada, se observa que la sentencia recurrida decretó: por una parte la Admisión Parcial de la Acusación Fiscal respecto al ciudadano LEFRI NICOLAS PEREZ SINCLAIR, y por otra parte el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida en contra de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de Ocultación y Asociación para Delinquir, como consecuencia de haberse declarado Con Lugar la excepción opuesta por la defensa de la investigada, establecida en el artículo 28.4 literal “i”, es decir, a juicio de la recurrida, por falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal.

En razón de lo anteriormente señalado, tenemos una decisión que respecto a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, aún y cuando no pone fin al proceso ni impide su continuación, esta Corte de Apelaciones a los fines de salvaguardar la Tutela Judicial Efectiva y garantizar el Derecho de Defensa de las partes, le dio entrada para conocer y decidir de los argumentos de la apelación por parte de la Representación Fiscal.

En este sentido, esta Corte de Apelaciones procede a efectuar el análisis de los motivos en los que se basó la recurrente en su escrito de apelación y la argumentación correspondiente, constatándose que:

Establece la representante del Ministerio Público, como primera denuncia, que la Jueza de la recurrida aplicó erróneamente el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal (derogado), artículo 300 numeral 4 de la norma adjetiva penal vigente, alegando la misma, que la sentencia apelada incurrió en valoración de hechos propios de un eventual juicio oral y público, en torno a las pruebas aportadas por el Ministerio Público y que la Jueza de Control, sólo debió verificar si los elementos de convicción presentados eran legales, útiles, necesarios y pertinentes.

La fase intermedia se inicia con un acto conclusivo de la etapa preparatoria y de investigación, en el presente caso, con la acusación formal por parte de la Vindicta Pública. Ella supone que el Ministerio Público haya dado cumplimiento a los fines de la investigación preliminar; que el Fiscal haya logrado esclarecer el hecho, obteniendo tanto los elementos que sirven para fundar la acusación, como aquellos elementos que sirvan a la defensa del imputado o imputada.

En nuestro actual sistema acusatorio, la fase intermedia es obligatoria para el procedimiento ordinario. En ella el Juez ejerce una función de control de la acusación analizando sus fundamentos fácticos y jurídicos, así como la legalidad del ejercicio de la acción penal.

La audiencia preliminar, es la oportunidad procesal que tienen las partes, para denunciar irregularidades en la investigación penal, vicios de la acusación fiscal, oponer excepciones entre otros, por cuanto es la fase del proceso, que tiene como finalidad la depuración y control del procedimiento penal instaurado, todo esto, en atención a la Regulación Judicial, estipulado en el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece la obligación de los jueces, de velar por la regularidad en el proceso.

Ahora bien, el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“…Titularidad de la Acción Penal. La acción penal corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, quién está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.”

Del artículo anteriormente transcrito, se colige que el Ministerio Público requiere recabar conocimientos de los hechos que se investigan y a quien o quienes se les atribuyen, hechos además que deben constituir delitos (Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege), Principio de la Legalidad Penal, a los fines de no perder tiempo y recursos.

De esta manera el Ministerio Público como instructor del proceso penal acusatorio debe dirigir la investigación, y recabados los elementos que arroje tal averiguación, formular la acusación correspondiente a quien aparezca como autor de tales hechos constitutivos de delito o solicitar el sobreseimiento, si no existieren tales elementos de convicción.

En el presente caso, la Juez Cuarta de Control de de este Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, declaró Con Lugar la excepción opuesta por la defensa, conforme al artículo 28 numeral 4, literal “i” del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a favor de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 numeral 4 y 318 numeral 4 (Artículo 300 numeral 4 vigente) ambos de la norma adjetiva penal.

El representante del Ministerio Público, recurre de tal pronunciamiento, alegando que la valoración de fondo de cada prueba, es viable sólo en la fase de Juicio Oral y Público.

En este sentido, conviene traer a colación el contenido del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 330 del derogado) , norma que claramente prevé cuáles son las cuestiones que debe resolver el Juez o Jueza de Control una vez finalizada la audiencia preliminar, así tenemos que:

“Finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:
1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación de el o la Fiscal o de el o la querellante éstos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda, en caso necesario, para continuar dentro del menor lapso posible;
2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de el o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima;
3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley;
4. Resolver las excepciones opuestas;
5. Decidir acerca de medidas cautelares;
6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos;
7. Aprobar los acuerdos reparatorios;
8. Acordar la suspensión condicional del proceso;
9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

De lo que se puede colegir que, en el caso de que el juez o jueza estime que la acusación no se encuentra suficientemente sustentada y que concurran cualesquiera de las circunstancias que establece el artículo 300 del texto adjetivo penal vigente que ha existido violación de los derechos constitucionales y de las formalidades del proceso en detrimento del acusado, de manera que afecte la validez del proceso y no puedan ser subsanadas ni en la misma fase intermedia ni en el juicio oral, desestimará la acusación y decretará el sobreseimiento a través del correspondiente auto fundado. Lo cual fue constatado por esta Alzada, por cuanto el tribunal de la recurrida fue debidamente consecuente al observar por tanto, el contenido del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la fecha de la realización de la respectiva Audiencia Preliminar), actual artículo 313 de la norma adjetiva penal vigente.

No obstante a lo anteriormente descrito, y analizadas las actuaciones que conforman la presente causa, concretamente efectuada una revisión exhaustiva a la acusación fiscal presentada en fecha cinco (05) de mayo de dos mil once (2011) en contra de los ciudadanos PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS y VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY; se observa que efectivamente, en lo que corresponde a la ciudadana la misma VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, no cumple con los requisitos esenciales que exige el artículo 308 de la Ley Adjetiva penal vigente (artículo 326 del Código Orgánico Procesal derogado); al no existir una relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye a la investigada, al no adecuar la conducta de la misma al tipo penal imputado y al no precisarse los fundamentos de la acusación con la determinación de los elementos de convicción que la motivan, lo cual a todas luces impiden que el Tribunal cumpla con su deber de establecer clara, precisa y circunstanciadamente, todos y cada uno de los elementos de convicción en que se fundamenta la acusación fiscal, dando cumplimiento con ello a garantizar el debido proceso, como jueza garante en esa fase intermedia.

Argumentan la recurrente, que la Juzgadora al momento de pronunciarse con respecto a la excepción opuesta por la defensa de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, establece cuestiones propias del juicio oral y público y que sólo debió pronunciarse con respecto a la legalidad, utilidad, necesidad y pertinencia de los elementos de convicción presentados por la vindicta pública.

En este sentido se constata del texto íntegro del fallo apelado, que la Jueza Cuarta de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal y Sede, que cursa a los folios 107 al 144 de la Compulsa I del expediente, en cuanto a la excepción opuesta por la defensa, se pronuncia de la siguiente manera:

“…Los elementos que recabó el Ministerio Público en la fase de investigación no le permitieron poder subsumir la acción de esta ciudadana en el hecho que dice cometió la señora VARGAS, y ello no fue posible por cuanto la investigación no arrojó fundamentos que pudieran ser llevados como pruebas a un juicio oral y público; sin embargo el Ministerio Público presenta un escrito acusatorio en su contra, pero dicho escrito a pesar de tener la estructura solicitada por la ley, no satisface los requerimientos de fondo. En cuanto a los hechos que se le atribuyen a la imputada; conforme al artículo 326 numeral 2; el Ministerio Público se dedica hacer alusión a la visita domiciliaria y al hallazgo de la sustancia; pero no indica ni el cómo ni el cuando esta ciudadana colocó u ocultó tal sustancia en esa pared del baño; o si por lo menos tenía conocimiento de que eso estaba allí, no establece la relación de causalidad, entre la acción y el resultado…
En relación al 326.4, Aquí el Ministerio Público, señala que el precepto jurídico aplicable es el de: ‘TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN’… Sin embargo, no es posible apreciar cómo logra subsumir la conducta de la persona que acusa en este tipo penal
El análisis hecho conlleva a declarar con lugar la excepción de la defensa prevista en el artículo 28.4.i ‘Falta de requisitos formales para intentar la acusación…’ Y como consecuencia de ello, acatando la disposición contenida en el artículo 33.4 del Código Orgánico Procesal Penal, necesario es declarar EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA A FAVOR DE LA CIUDADANA VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY.”

De lo anteriormente transcrito infiere esta Alzada, que la Jueza de la recurrida, en atención a las facultades establecidas por la Ley, por cuanto el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 330 del Código derogado), establece los pronunciamiento que puede realizar el Juez o Jueza luego de finalizada la Audiencia Preliminar, en los que destacan en el presente caso: Resolver las excepciones opuestas, decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para un eventual juicio oral y público y dictar el sobreseimiento si así lo considera de acuerdo a la Ley; En tal sentido, se constata de la recurrida, que se cumplió con una de las finalidades de la Audiencia Preliminar, la cual no es otra que lograr la depuración del procedimiento, permitir que el Juez ejerza el control de la acusación, realizando un análisis de los fundamentos tanto fácticos como jurídicos que sustentan la Acusación Fiscal.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1303, de fecha veinte (20) de junio de dos mil cinco (2005), con ponencia del magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, que fuera dictada con carácter vinculante, respecto a la función del Juez de Control durante la audiencia preliminar, expreso lo siguiente:

“…Debe esta Sala señalar previamente, que la fase intermedia del procedimiento ordinario, es de obligatorio agotamiento en el marco del actual sistema procesal penal venezolano. Dicha fase se inicia mediante la interposición de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de requerir la apertura de un juicio pleno.
En tal sentido, esta segunda etapa del procedimiento penal, tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.
Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación, los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la ‘pena del banquillo.
Sobre la importancia de esta fase intermedia, ROXIN, haciendo referencia a la legislación procesal penal alemana, la cual es una importante fuente de inspiración del sistema procesal penal venezolano, enseña lo siguiente: ‘La importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior por un juez independiente o por un tribunal colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. (...)
Por otra parte, la importancia del procedimiento intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la posibilidad de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y objeciones.’(ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2000, p. 347)
Esta fase intermedia comprende varias actuaciones, las cuales se pueden sistematizar en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal que les corresponda. Así, tenemos actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación, y el ejercicio por parte del Fiscal, de la víctima –siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia- y del imputado, de las facultades que les otorga el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, tenemos la audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en el artículo 329 eiusdem; y por último, los actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base en los artículos 330 y 331 de dicha ley adjetiva penal.
En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal.
Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otras cosas, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor conforme a lo señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal”. (Subrayado propio).

Por otra parte, en relación a los efectos que produce la desestimación de la acusación, la Sala de Casación Penal en sentencia n° 514, de fecha 08-08-05, con ponencia de la Magistrada DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, señaló:

“…De igual forma, la Sala de Casación Penal, en reiteradas oportunidades ha señalado que: ‘… la decisión contra la cual se recurre se trata de un auto dictado en la fase intermedia del proceso, la cual evidentemente no declara la terminación del juicio ni hace imposible su continuación, toda vez que se trata de un auto que declara el Sobreseimiento de la causa por haberse desestimado totalmente el contenido de la acusación, por efecto de la excepción prevista en el artículo 27 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal derogado solicitada por los defensores de los acusados, pero tal decisión en modo alguno impide la continuación del proceso, puesto que existe la posibilidad de que la acusación sea nuevamente planteada, con base en lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo este caso una excepción que hace posible una nueva persecución penal por el mismo hecho’. (Sent. N° 087 del 28-02-02; Sent. N° 100 del 13-03-02; Sent. N° 158 del 04-04-02).
Por ello las decisiones que declaren el sobreseimiento de la causa, al desestimar la acusación por falta o defectos de los requisitos de forma, no tienen autoridad de cosa juzgada, porque no ponen fin al proceso ni hacen imposible su continuación…” (Subrayado propio).

En este orden de ideas, en sentencia N° 260, de fecha 06-06-2006, con ponencia de la Magistrada. Dra: DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, se dejó sentado:

“…La decisión que declare el sobreseimiento de la causa porque la acusación fue promovida ilegalmente, incumpliendo con los requisitos de forma, no tiene autoridad de cosa juzgada, porque no pone fin al juicio ni impide su continuación, toda vez que se trata de un auto que declara el sobreseimiento de la causa, tal como lo disponen el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal… Así lo estableció, esta Sala de Casación Penal en jurisprudencia, en la cual expresó: ‘…En el caso que nos ocupa, correspondió a la Corte de Apelaciones revisar la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control que al celebrar la Audiencia Preliminar, declaró con lugar la excepción opuesta por la defensa de la imputada OTILIA LANCHEROS PEÑA, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 ordinal 4°, literal ‘i’ del Código Orgánico Procesal Penal, por violación del artículo 326 ordinal 3°, eiusdem y como consecuencia de ello, decretó el sobreseimiento de la causa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 numeral 4, del referido texto adjetivo penal.
Esta Sala de Casación Penal antes de entrar a resolver si la anterior decisión puede ser impugnada mediante el recurso de casación, pasa a realizar las siguientes consideraciones:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, toda acusación para su admisibilidad debe cumplir con estos requisitos: ‘…1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad; 6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado’.
De no cumplirse a cabalidad con dichos requisitos, las partes pueden oponerse a su admisión mediante excepciones, así lo dispone el artículo 28, eiusdem, en los siguientes términos: ‘Durante la fase preparatoria, ante el Juez de control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:… 4.- Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas: … i) Falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando éstos no puedan ser corregidos, o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 330 y 412…’.
Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 numeral 4, del referido código adjetivo penal, el efecto obligatorio que produce la declaratoria con lugar de esta excepción, es que: ‘…4.- La de los numerales 4, 5 y 6, el sobreseimiento de la causa’.
No obstante a lo anterior, se puede volver a presentar acusación, una vez subsanados los vicios que dieron lugar a su desestimación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 numeral 2, eiusdem, el cual expresa que: ‘Nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal:…2.- Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio…’.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido respecto a este tipo de sobreseimiento, que: ‘Incorpora el Código Orgánico Procesal Penal causales de sobreseimiento que no atañen a la acción, y que por lo tanto chocan con el devenir histórico en Venezuela de la institución, desarrollado en el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal, y así aparecen como motivos de excepciones que declaradas con lugar producen el sobreseimiento, defectos de forma en la acusación, contemplados en el artículo 28, 4. b del Código Orgánico Procesal Penal, o ligados a la capacidad procesal (artículo 28, 4. f y g del Código Orgánico Procesal Penal). A pesar de las señaladas excepciones, ser consideradas causas de sobreseimiento por el artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal, ellas no extinguen la acción penal y operan más bien como cuestiones dilatorias, que suspenden la entrada de la acción, pero no la desechan, lo que es lógico, ya que se trata del incumplimiento de requisitos de la acusación, la cual equivale a una demanda, separable como institución de la acción. En el caso de autos, la causa penal se sobreseyó a los hoy accionantes, por habérsela desestimado por defectos en la promoción (acusación) o en su ejercicio. Es decir, por aplicación del artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el motivo del ‘sobreseimiento’ es éste, la nueva persecución contra el imputado es posible si se purgan los defectos, y por lo tanto si ello ocurre, la nueva causa no es una nueva persecución penal contra el imputado. Planteados así los hechos, subsanados los vicios formales que pudiesen existir en el proceso penal y que condujeron al sobreseimiento, el Ministerio Público debe proceder a dictar los actos conclusivos, pudiendo ser cualquiera de los prevenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, tales como el archivo del expediente, o el sobreseimiento por razones atinentes a la acción o al caso del artículo 318. 2 del Código Orgánico Procesal Penal, o realizar la acusación de los imputados (todos o varios de los accionantes)…’. (Sentencia N° 823, del 21/04/03. Caso: Andrés Yánez Monteverde y otros).
De igual forma, la Sala de Casación Penal, en reiteradas oportunidades ha señalado que: ‘…la decisión contra la cual se recurre se trata de un auto dictado en la fase intermedia del proceso, la cual evidentemente no declara la terminación del juicio ni hace imposible su continuación, toda vez que se trata de un auto que declara el Sobreseimiento de la causa por haberse desestimado totalmente el contenido de la acusación, por efecto de la excepción prevista en el artículo 27 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal derogado solicitada por los defensores de los acusados, pero tal decisión en modo alguno impide la continuación del proceso, puesto que existe la posibilidad de que la acusación sea nuevamente planteada, con base en lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo este caso una excepción que hace posible una nueva persecución penal por el mismo hecho’. (Sent. N° 087 del 28-02-02; Sent. N° 100 del 13-03-02; Sent. N° 158 del 04-04-02)… De lo anteriormente expuesto, se evidencia en el presente caso, que la decisión contra la cual se recurre no es de aquellas señaladas en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no pone fin al juicio ni impide su continuación, en virtud de que el Ministerio Público puede interponer nuevamente la acusación.
En consecuencia, esta Sala de Casación Penal, estima procedente declarar INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por la Representación Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 465 eiusdem. Así se declara”. (Subrayado nuestro)

En consecuencia, se aprecia que la Primera Instancia fundamenta el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 28, numeral 4° literal “i” del Código Orgánico Procesal Penal, dado los defectos y omisiones de la acusación, que no dio cumplimiento a lo exigido en el artículo 313 del Texto Adjetivo Penal vigente, dando lugar a su desestimación, sólo en lo que respecta a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, y que en modo alguno produce gravamen irreparable, pues dicha decisión no pone fin al proceso, toda vez que subsanados los defectos de la Acusación Fiscal, el Ministerio Público tiene la posibilidad de plantear nuevamente la acusación, con base en lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo este caso una excepción que hace posible una nueva persecución penal por el mismo hecho, evidenciándose que en el presente caso la decisión impugnada se encuentra ajustada a derecho, pues la recurrida aplicó correctamente y dentro de sus atribuciones, lo preceptuado en los artículos 28 numeral 4, literal “i”; 308 y 300, todos del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Por lo que la presente denuncia en cuanto a la errónea aplicación de una norma jurídica debe ser declarada Sin Lugar. Y ASÍ SE DECLARA.


Como segunda denuncia de apelación, señala la representante del Ministerio Público, la inobservancia de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, (artículos 236, 237 y 238 de la Ley Adjetiva Penal vigente), alegando en su oportunidad que la Jueza de Control no consideró que en el presente caso, está en curso un delito de lesa humanidad, de gran entidad y que de acuerdo a la jurisprudencia, no les está dado a este tipo de delito, el otorgarle a quienes estén presuntamente incurso, Medidas Cautelares distintas a la Privación de Libertad; por lo que solicita que se declare con lugar la presente denuncia y se le decrete a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad.

En este sentido, se hace necesario para esta Corte de Apelaciones señalar que las Medidas Cautelares Privativas de Libertad, tienen por finalidad asegurar las resultas del proceso, y la efectividad del fallo. Una vez que se dicta Sentencia Condenatoria, Sentencia Absolutoria o el Sobreseimiento de la causa, opera el cese de las medidas de Coerción Personal, es decir, no pueden subsistir, y siendo que, en el caso que hoy nos ocupa, en relación a la ciudadana CASTRO VARGAS MILEXA NARDALY, se trata de una decisión en la cual se determinó el Sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana supra mencionada, por lo tanto, la consecuencia jurídica es el decaimiento de la medida cautelar privativa de libertad, que pesaba sobre la investigada, por cuanto cesó el motivo que dio origen a la imposición de la misma.

En este mismo orden de fundamentación el profesional del Derecho HUMBERTO BECERRA C. (2012), ha asentado que:

“…Cabe señalar que el concepto de COERCIÓN PERSONAL, inserto al título VIII del Código Orgánico Procesal Penal, implica de modo necesario el uso actual o potencial de la estructura coactiva del estado para alcanzar determinados fines, constituyendo un modo de obligar o sujetar la voluntad y disponibilidad del sujeto a quién se impute participación de un hecho punible…’ (Las medias cautelares sustitutivas como alternativa a la prisión preventiva en el Proceso Penal Venezolano. Página 28)
El Código Orgánico Procesal Penal ha denominado como medida de coerción personal, en especial a la aprehensión en flagrancia, a la privación judicial preventiva de libertad y las medidas cautelares menos gravosas, las cuales ha encerrado dentro de su normativa legal en el libro primero… medidas de aseguramiento preventivo”

Más adelante, el prenombrado Autor señala lo referente a la Instrumentalidad de las Medidas Cautelares Sustitutivas de la siguiente manera:

“Este instrumento eminente procesal, no es un fin en sí mismo, sino que constituye un , un medio para permitir que el proceso se lleve a cabo. Refiriéndose a este punto, el autor patrio RAFAEL ORTIZ ORTIZ (1997), sostiene que
Visto lo anterior, se hace necesario para este Tribunal de Alzada señalar, que la medida de coerción personal en el caso que hoy nos ocupa se alineo correctamente hasta producirse el fallo de sobreseimiento, ya que se mantuvo la Privación Cautelar Preventiva de Libertad, que fuera dictada en su oportunidad por el Tribunal de Control, hasta la realización de la Audiencia Preliminar, cuando la Juez Cuarta de Control, en esta etapa del proceso dicto su fallo siendo este el Sobreseimiento de la causa seguida a la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, lo cual trae como consecuencia inmediata la libertad plena y sin restricciones de la misma.

En este sentido no le asiste la razón a la apelante, por cuanto se trata de una decisión en la cual se determinó la falta de requisitos formales para intentar la acusación respecto únicamente de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, por la presunta comisión de los delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de Ocultación y Asociación Para Delinquir; De esta manera, es importante para esta Alzada, acotar que el Código Orgánico Procesal Penal vigente, en su artículo 301 establece:

“Efectos. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o imputada o acusado o acusada a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de éste Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas” (Subrayado propio).

Destaca este Tribunal Colegiado que, es incuestionable que al momento de dictar una decisión en la cual se decretó el Sobreseimiento de la causa, se resuelva como consecuencia inmediata, la libertad plena y sin restricciones de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, ya que la Jueza de Control realizó su fallo debidamente fundado, en consecuencia no existe motivo válido para anular el pronunciamiento dictado por el Tribunal A- quo. En consecuencia lo ajustado a derecho es declararla Sin Lugar la presente denuncia, Y ASÍ SE DECLARA.

Ahora bien, con respecto a la tercera denuncia, alega la Fiscal Auxiliar Décimo Novena (19º) del Ministerio Público del estado Miranda, en su escrito recursivo textualmente lo siguiente:

“TERCERA DENUNCIA. DE LA INMOTIVACIÓN DEL FALLO IMPUGNADO
El Juez en su decisión al momento de la celebración de la Audiencia Preliminar, en su pronunciamiento numero SEGUNDO, solo se limito a señalar que declaraba con lugar la excepción prevista en el artículo 28 literal i del Código Procesal Penal y en consecuencia no se encontraban llenos los extremos del artículo 326 numeral 3 y 5 ejusdem, sin motivar ni explicar de manera alguna el por qué ese Juzgador llegó a esa resolución violentándose pues la disposición de ORDEN PÚBLICO…” (Subrayado propio).

A tenor de lo anterior, conviene en este punto observar que, en cuanto a la motivación de las sentencias, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha trece (13) de mayo de dos mil cuatro (2004), Numero 89,1 bajo la Ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RÓNDON HAAZ, ha señalado lo siguiente:

“…Es criterio vinculante de esta Sala que, aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento éste que atañe al orden público, puesto que, de lo contrario, no tendría aplicación el sistema de responsabilidad de los jueces que la propia norma preceptúa, además de que se desconocería cómo se obtuvo la cosa juzgada, al tiempo que ‘principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social’. (S.C. n° 150/24.03.00, caso José Gustavo Di Mase Urbaneja y Carmen Elisa Sosa Pérez). (omissis)
La obligación de motivación de los fallos es uno de esos requisitos y constituye una garantía contra el atropello y el abuso, precisamente porque, a través de aquélla, es posible la distinción entre lo que es una imposición arbitraria de una decisión y lo que es una sentencia imparcial…” (Subrayado propio).

Constata este Tribunal de Alzada que en fecha ocho (08) de agosto de dos mil once (2011), el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial penal del estado Bolivariano de Miranda, Sede Los Teques, publicó Auto Fundado de la decisión dictada en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), y específicamente con respecto al punto alegado por la recurrente, relativo a la declaratoria con Lugar de la Excepción opuesta por la defensa de la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, se plasmo motivadamente lo siguiente:

“En cuanto al delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR… tanto los fundamentos como las pruebas que menciona la Fiscalía en la Acusación, proceden de las persona que participaron en el procedimiento bien como funcionarios policiales, bien como testigos del procedimiento o bien como expertos que practicaran la experticia, de los cuales no es posible inferir que entre la ciudadana VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, y el ciudadano LEFRI NICOLAS SINCLAIR, haya una asociación distinta a la marital… los funcionarios no llevaban orden a nombre de esta señora… La investigación no arrojó ni siquiera un elemento en su contra. En tal sentido, no habiendo el Ministerio Público aportado elementos serios que sirvan para establecer la referida ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, este Tribunal desecha la acusación en lo que se refiere a este tipo penal.
Ahora bien, en lo que se refiere al delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAAS (SIC) EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN…necesariamente, para adentrarnos en el conocer de estos hechos, debemos tomar como punto de partida, la orden de allanamiento, la cual estaba dirigida a verificar que otra persona, distinta a ella, tiene relación con el tráfico o comercio de drogas… Los elementos que recabó el Ministerio Público en la fase de investigación no le permitieron poder subsumir la acción de esta ciudadana en el hecho que dice cometió la señora VARGAS, y ello no fue posible por cuanto la investigación no arrojó fundamentos que pudieran ser llevados como pruebas a un juicio oral y público; sin embargo el Ministerio Público presenta un escrito acusatorio en su contra, pero dicho escrito a pesar de tener la estructura solicitada por la ley, no satisface los requerimientos de fondo. En cuanto a los hechos que se le atribuyen a la imputada; conforme al artículo 326 numeral 2; el Ministerio Público se dedica hacer alusión a la visita domiciliaria y al hallazgo de la sustancia; pero no indica ni el cómo ni el cuando esta ciudadana colocó u ocultó tal sustancia en esa pared del baño; o si por lo menos tenía conocimiento de que eso estaba allí, no establece la relación de causalidad, entre la acción y el resultado.
En cuanto al contenido del 326.3 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a los fundamentos de la imputación y los elementos de convicción que la motiva; igualmente el Ministerio Público, enuncia cada fundamento pero no explica, como es que las actuaciones que tiene como fundamento, vinculan a la señora VARGAS con el hecho…
En relación al 326.4, Aquí el Ministerio Público, señala que el precepto jurídico aplicable es el de: ‘TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN’… Sin embargo, no es posible apreciar cómo logra subsumir la conducta de la persona que acusa en este tipo penal.
En cuanto al 326.5, relativo al ofrecimiento de los medios de pruebas que presentara en el juicio oral y público; de tales medios de prueba se observa que la pertinencia y necesidad radican en la comprobación de que se realizó una visita domiciliaria, donde los funcionarios actuantes acompañados de dos testigos encontraron en una de las paredes del baño un envoltorio con restos de semillas vegetales que al ser sometido a experticia resultó ser cannavis (sic) sativa (Marihuana).
El análisis hecho conlleva a declarar con lugar la excepción de la defensa prevista en el artículo 28.4.i ‘Falta de requisitos formales para intentar la acusación…’ Y como consecuencia de ello, acatando la disposición contenida en el artículo 33.4 del Código Orgánico Procesal Penal, necesario es declarar EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA A FAVOR DE LA CIUDADANA VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY.” (Folios 142 y 143 Compulsa I).

Del extracto anteriormente transcrito, contenido en el Auto fundado de la sentencia emitida en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), se evidencia que la sentencia apelada contiene una determinación clara y precisa de los fundamentos de la sentenciadora para declarar Con Lugar las excepciones opuestas por la defensa de la ciudadana MILEXA NARDALY VARGAS CASTRO y en consecuencia dictar el fallo determinando el Sobreseimiento de la causa seguida a la misma, se evidencia que la Juzgadora actuó conforme a la facultad que tiene al ejercer el control de la acusación en esta etapa del proceso; en este estado señalamos el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha tres (03) de agosto de dos mil siete (2007), el cual respecto a dicho control señaló:

“Así, el control de la acusación tiende a evitar acusaciones infundadas, como lo sería, por ejemplo, aquella en la que se pretenda solicitar el enjuiciamiento de una persona y el acusador no aporte ninguna prueba, o que aporte pruebas, pero éstas evidente y claramente carezcan de la suficiente solidez para generar un pronóstico de condena en contra de aquélla; o aquella en la que se solicite el enjuiciamiento de un ciudadano por la comisión de una figura punible inexistente en nuestro ordenamiento jurídico-penal (tal como ha ocurrido en el caso de autos). De igual forma, otros aspectos como la necesidad, pertinencia, y legalidad de los medios de prueba, así como la extinción de la acción penal (por ejemplo, en el caso de la prescripción), constituyen materias de fondo que el órgano jurisdiccional también puede examinar en la fase intermedia. Todos estos supuestos no ameritarían actividad probatoria alguna, y por ende, el Juez podrá ejercer respecto a ellos, en la audiencia preliminar, su facultad de control a los fines de evitar la vulneración que una condena dictada en esos términos, podría ocasionarle a los principios de presunción de inocencia y de legalidad penal, cristalizándose y concretándose tal interdicción de la arbitrariedad en la potestad jurisdiccional de dictar el sobreseimiento. En otras palabras, tales cuestiones podrán ser resueltas en la audiencia preliminar, y en caso que el examen de las mismas genere en el Juez un estado de certeza negativa, podrá dictar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, clausurando así el proceso respecto al beneficiario de este pronunciamiento jurisdiccional.” (Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, Expediente: 07-0800).

En un estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia como el nuestro, el juez o Jueza debe convencer porque razona y demuestra cada una de sus inferencias, las que deben estar conectadas lógicamente. Así, la argumentación que debe realizar el juez siempre será una actividad racional, lo cual a juicio de esta Alzada quedó expresamente señalado por la Jueza A- Quo en su sentencia, por cuanto se evidenció que actuando en el marco de sus potestades, la Jueza Cuarta de Primera Instancia en funciones de Control ejerció el control sobre la Acusación interpuesta por el Ministerio Público en contra de la ciudadana MILEXA NARDALY VARGAS CASTRO, determinando que de los elementos probatorios señalados por la Vindicta Pública en su escrito Acusatorio, no se desprenden serios indicios que permitan visualizar un pronóstico de condena para la mencionada ciudadana.
Asimismo, es importante para este Tribunal de Alzada resaltar que la responsabilidad Penal es Individual, por lo que tal y como se dejó sentado en la sentencia dictada por el Tribunal A-quo, el Fiscal del Ministerio Público, debió es su Acusación individualizar la presunta conducta punible de la investigada MILEXA NARDALY VARGAS CASTRO, constatando esta Corte de Apelaciones que esa individualización no ocurrió, es decir, no basta con señalar en que tipo penal se presume incursa la investigada, sino especificar las acciones realizadas por la misma que encuadran dentro del tipo penal acusado. Por lo que en este sentido le asiste la razón al Juzgado de Primera Instancia al señalar que de los elementos promovidos en el acto conclusivo (Acusación), son insuficientes para pronosticar el enjuiciamiento de la ciudadana supra mencionada, por lo que ajustado a derecho la sentenciadora decretó el Sobreseimiento de la causa a favor de la ciudadana MILEXA NARDALY VARGAS CASTRO.

En sintonía con todo lo antes señalado, cabe mencionar que este Tribunal Colegiado ha señalado como criterio reiterado y sostenido que la falta de motivación, como vicio de apelación de sentencia, tiene lugar cuando en la misma existe ausencia total de motivos que permitan conocer a las partes sobre la decisión en estudio, lo cual a juicio de esta Alzada no se manifiesta en el presente caso, por cuanto cursa en autos, la Fundamentación dada por la Jueza respecto al Sobreseimiento dictado a favor de la ciudadana MILEXA NARDALY VARGAS CASTRO, señalando los motivos de hecho y de derecho que la conllevaron a declarar Con Lugar la Excepción opuesta por la defensa pública de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la juzgadora, motivó la sentencia, evidenciándose el debido análisis respecto a la excepción opuesta por la defensa de la ciudadana supra mencionada, logrando la motivación del fallo, respecto del Sobreseimiento dictado, por lo que debe declararse Sin Lugar la presente denuncia de Inmotivación del fallo. Y ASI SE DECLARA.

Como cuarta y última denuncia de apelación, señala la representante del Ministerio Público, respecto concretamente a la Acusación planteada en torno al ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, la errónea aplicación por parte de la Jueza de Control, con respecto a los artículos 282 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal (artículos 264 y 287 Ley Adjetiva Penal vigente), indicando que con respecto a la práctica de diligencias por parte del Ministerio Público y solicitadas por los Abogados privados del ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, la obligación del Ministerio Público es dar respuesta a las solicitudes de las defensa, bien sea acordando la práctica de diligencias solicitadas o pronunciándose negativamente, razonando los motivos de la negativa, y siendo que en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil once (2011), la Vindicta Pública contestó de manera motivada la negativa de la práctica de diligencias, solicita a esta Corte de Apelaciones, se Anule la decisión de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011).

Alega la Fiscal del Ministerio Público, que la Jueza Cuarta de Control actuó fuera de su competencia por cuanto la proposición de diligencias, conforme a lo preceptuado en el artículo 287 de nuestra norma adjetiva penal vigente, sólo le está dado a los imputados y aquellas personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y que sólo en la fase preparatoria y por medio del Control Judicial, podrá el Juzgador acordar la práctica de diligencias.

Al respecto, esta Sala de Alzada observa, en primer lugar, que en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal y Sede, celebró Audiencia Preliminar, en virtud de la Acusación Fiscal presentada por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR y VARGAS CASTRO MILEXA NARDALY, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. En ese sentido, se observa que el punto recurrido se produjo en virtud de la acotación hecha por la defensa privada del acusado LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, la cual denunció en el mencionado acto que:

“…Es el caso ciudadano Juez, la Representación Fiscal en fecha 18 de Abril de 2011, nos negó escrito de pruebas presentado por nuestra defensa, la cual alega Niega, la práctica de diligencias solicitadas por el Defensor relacionadas con las entrevistas de los ciudadanos Quiñones Torres Oscar Alberto y Sandra Rosa Anamarimba, por cuanto las citaciones de los mismos fueron debidamente librados por esta representación fiscal a los fines de tomarles entrevista, puesto que los ciudadanos son testigos presenciales de los hechos que originaron la aprehensión del imputado ut-supra mencionado. Y en esta audiencia la representante del Ministerio Público no consignó dichas entrevistas. Luego agrega, Así mismo en relación a la inspección técnica se Niega, por cuanto este Despacho lo solicito, como diligencia propia de la investigación. Y tampoco en esta audiencia fue presentada dicha prueba. De igual modo niega la inspección Técnica del sitio en donde se encontraban parados los testigos al momento de hacer el allanamiento, por cuanto dicha solicitud no indica su necesidad, pertinencia y utilidad, a los fines del esclarecimiento de los hechos. Y en el escrito introducido a la fiscalía decía que esta diligencia es útil y necesaria ya que estos ciudadanos son unos testigos importantes, por cuanto los mismos presenciaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar como se desarrollaron los hechos al momento de la aprehensión, y podían decir donde estaban parados al momento de hacer el allanamiento, para poder determinar si tenían visibilidad al inmueble en su parte interior, o sea, al baño, ya que con esta inspección se ayudara a la solución del hecho o circunstancia alegado en la presente causa…” (Folios 69 y siguiente de la Compulsa I)

Sobre dicha exposición, la Jueza de instancia, al momento de realizar los pronunciamientos establecidos en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal vigente (artículo 330 derogado), resolvió de la siguiente manera:

“Oídas las exposiciones de las partes, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 4 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOS TEQUES, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Se admite parcialmente la acusación por cuanto es necesario la evacuación de las pruebas solicitadas por la defensa del ciudadano PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS, titular de la cédula de identidad Nº 16.889.286, en tal sentido se insta a la fiscal del Ministerio Público a fin de que evacue las pruebas solicitadas, ello en resguardo al derecho a la defensa previsto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorgándosele veinticinco (25) días continuos para la evacuación de las mismas…” (Folio 91 Compulsa I).

Conforme a lo anterior, se observa que la Jueza de instancia declaró la Admisión Parcial de la Acusación presentada en contra del ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, por considerar que la misma se presentó en contravención de derechos y garantías constitucionales consagrados a favor del imputado de autos, toda vez que la Defensa solicitó motivadamente y previo a la entrega del acto conclusivo, la práctica de diligencias, específicamente, entrevistas con los ciudadanos QUIÑONEZ TORRES OSCAR ALBERTO y SANDRA ROSA ANAMARIMBA e Inspección Técnica en el baño de la residencia donde se efectuó el allanamiento.

Efectivamente, constata esta alzada, que a los folios 98 al 101 de la Compulsa I, escrito presentado por los Abg. CARLOS ALBERTO GARCÍA y QUIJADA CORASPE ARNELL, Defensores Privados del ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, mediante el cual textualmente:

“…Nos dirigimos a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento, que la solicitud realizada ante la Fiscalía 19 del Ministerio Público, de esta Circunscripción Judicial, nos negó el escrito de pruebas, y en base a lo contemplado en el artículo 198 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual nos dice de la libertad de prueba, es el caso de que se quieren demostrar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución de la presente causa, por cualquier medio de prueba incorporados conformes a las disposiciones de este Código y que no están expresamente prohibidas por la ley. El objeto de la investigación de la prueba y de ser útil para el descubrimiento de la verdad, con la finalidad de evitar su presentación en el debate del Juicio Oral y Público y aclararle a este Honorable Juzgado, que las testimoniales de los testigos del allanamiento, junto con la inspección del hecho en sí, aclara el medio prueba, para la mejor defensa de nuestro defendido, por tal motivo, solicitamos a este Juzgado, en vista de la negativa por parte del Ministerio Público, que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la práctica de las siguientes diligencias, destinadas a desvirtuar las imputaciones que recaen sobre nuestro asistido…

Asimismo y con respecto a lo antes solicitado por la defensa técnica del acusado de autos, la Jueza A-Quo, en fecha dieciocho (18) de Mayo de dos mil once (2011), conforme a lo preceptuado en el artículo 282 de nuestra norma adjetiva penal, activa el Control Judicial y acuerda oficiar al Ministerio Público, a los fines de que sea evacuadas las pruebas solicitadas (Folios 102 y 103 de la Compulsa I).

Ahora bien, acerca de las Funciones jurisdiccionales, en el artículo 506 de nuestra ley adjetiva penal, según Gaceta Oficial Nº 6.078, extraordinario de fecha quince (15) del mes de junio del año dos mil doce (2012), del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
“Funciones Jurisdiccionales. Los jueces o juezas en el ejercicio de las funciones de control, de juicio y de ejecución de sentencia, según sea el caso, actuarán conforme a las reglas indicadas en este Código.

En este sentido, se debe concluir indicando que los Jueces y Juezas de Control, como jueces de garantías, tienen como función principal, el Controlar el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales, legales y procesales, haciéndolos respetar, como se constata en el presente caso, por cuanto se evidencia que aplicó correctamente y ejerció a tiempo el Control Jurisdiccional respecto a la práctica de diligencias solicitadas por la defensa del acusado LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR y a pesar de esto, el Ministerio Público no cumplió con su deber legal de evacuar las pruebas solicitadas

Asimismo, se indica a la Vindicta Pública que de ningún modo puede considerarse que la Admisión Parcial de la Acusación Fiscal en cuanto el ciudadano PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS y el hecho de instar al Ministerio Público a que evacue las pruebas solicitadas por la defensa privada, coloca a la Jueza en un rol de investigadora, pues como se esgrimió previamente, la misma se limitó a evidenciar la trasgresión de una norma constitucional, según señala la instancia, el derecho a la defensa previsto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley” (Subrayado nuestro).
En consecuencia, es oportuno mencionar que si bien es cierto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado que el Ministerio Público goza plenamente de autonomía funcional, por lo cual éste no puede ser obligado a que acuse de cierta manera o bien concluya la investigación de un modo particular, no es menos cierto que, el Juez de Control –en este caso- debe en ejercicio de las facultades establecidas en el texto procesal penal, garantizar los derechos de las partes intervinientes en el proceso, lo cual no trastoca el ejercicio de la acción penal, ya que, de conformidad con los artículos 109 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, la Jueza de Control actúo conforme a derecho, pues el primero consagra entre otras cosas que: “El control de la investigación y la fase intermedia estarán a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará tribunal de control…”, y el segundo faculta al Juez o Jueza, a controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en las leyes y resolver peticiones de las partes, entre otras atribuciones.

Por tanto, considera este Tribunal Colegiado que, en el caso de autos, no se vulneró ningún derecho constitucional, ni sustantivo ni adjetivo en la recurrida, pues como se refirió anteriormente, la actuación de la Jueza de Control se evidencia apegada a la Ley y al Derecho, ponderando los intereses legítimos contrapuestos y atendiendo a las circunstancias del caso en particular por lo que no puede decirse que la actuación de la Juzgadora en este caso particular transgredió el ejercicio de la acción penal, ya que, el operador de justicia en su ejercicio jurisdiccional cauteló en la Audiencia Preliminar los derechos del imputado sin menoscabar los derechos de las demás partes.

En ese sentido, es necesario mencionar que, el Juez de Control en sus funciones debe cautelar los derechos del imputado, como bien lo deja sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia No. 365, fecha dos (02) de abril de dos mil nueve (2009) en los siguientes términos:

“Ello así, toda vez que la principal tarea del juez de control no es otorgar niveles de protección procesal al imputado, sino, primordialmente, cautelar sus derechos constitucionales y materiales (los únicos que la actividad investigadora pudiera conculcar). La razón fundamental de la presencia del Juez de control en la actuación penal, es la necesidad de resolver eficazmente todos los conflictos que se presentan entre las partes e intervinientes en la fase de la investigación. En este marco la función del juez de control es proteger a la persona investigada contra la violación de cualquiera de sus derechos fundamentales, violaciones que pueden sobrevenir de capturas, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones o, en su caso, de imputaciones infundadas en fraude a la ley. En el marco de su poder decisorio, el Juez de control debe ponderar intereses legítimos contrapuestos, por un lado, la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa de la persona investigada, y de otro, la efectividad en la aplicación de la ley penal, por medio de la administración de la justicia penal. En términos generales, las afectaciones excepcionales de derechos fundamentales dentro del curso de una investigación penal, deben ser ordenadas por un juez de control de manera previa. ”

Aunado a todo lo antes señalado, es oportuno indicar que en fecha dos (02) de febrero de dos mil doce (2012), se realizó por ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal y Sede, la Audiencia Preliminar con respecto al ciudadano LEFRI NICOLAS PÉREZ SINCLAIR, en la cual entre otras cosas el Tribunal de la causa: Admitió los medios de pruebas ofrecidos tanto por la representación fiscal como los ofrecidos por la defensa privada del acusado de autos. (Folios 36 al 52 de la Compulsa II del expediente).

Todo lo cual permite concluir a quienes aquí deciden, que en el presente caso no se produjo la errónea aplicación de la ley alegada por la representante del Ministerio Público; por cuanto, verificado como ha sido en el presente caso, que la decisión impugnada se encuentra ajustada a derecho, esta Sala de Alzada considera procedente declarar Sin Lugar la presente denuncia, respecto a la Admisión Parcial de la Acusación presentada por el Ministerio Público en contra del ciudadano PEREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS. Y ASI SE DECLARA.-

Ahora bien, De todas las consideraciones antes expuestas y declarados sin lugar, como han sido, todos los planteamientos esgrimidos por la recurrente; en consecuencia, estima este Tribunal Superior, que lo ajustado a derecho es declarar: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho ABG. EDDYMYSALHA GUILLEN, en su carácter de Fiscal Auxiliar Décima Novena del Ministerio Público del estado Miranda. SEGUNDO: SE CONFIRMA en los términos establecidos por el Tribunal A-quo, la decisión dictada en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011) y publicada en fecha ocho (08) de agosto del mismo año, mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Sede Los Teques: por una parte, Admitió Parcialmente la acusación fiscal respecto del ciudadano PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS, otorgándosele en dicha oportunidad al Ministerio Público un lapso de veinticinco (25) días continuos para la evacuación de pruebas solicitadas por la defensa del acusado mencionado y en cuanto a la ciudadana CASTRO MILEXA NARDALY declaró el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a la misma; todo por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Drogas en la modalidad de Ocultación, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 concatenado con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho ABG. EDDYMYSALHA GUILLEN, en su carácter de Fiscal Auxiliar Décima Novena del Ministerio Público del estado Miranda.

SEGUNDO: SE CONFIRMA en los términos establecidos por el Tribunal A-quo, la decisión dictada en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011) y publicada en fecha ocho (08) de agosto del mismo año, mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Sede Los Teques: por una parte, Admitió Parcialmente la acusación fiscal respecto del ciudadano PÉREZ SINCLAIR LEFRI NICOLAS, otorgándosele en dicha oportunidad al Ministerio Público un lapso de veinticinco (25) días continuos para la evacuación de pruebas solicitadas por la defensa del acusado mencionado y en cuanto a la ciudadana CASTRO MILEXA NARDALY declaró el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a la misma; todo por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Drogas en la modalidad de Ocultación, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 concatenado con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por cuanto se declaró con Lugar la excepción opuesta por la defensa, de conformidad a la Ley adjetiva penal en sus artículos 28 numeral 4 literal “i”, en concordancia al artículo 300 numeral 4 (artículo 318 del código derogado)

Se declaran SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto.-

Se CONFIRMA la decisión recurrida.-.

Regístrese, diarícese, déjese copia certificada, Notifíquese y Remítase en su oportunidad legal.-

MAGISTRADO PRESIDENTE


DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA




MAGISTRADA PONENTE


DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO

MAGISTRADA INTEGRANTE


DRA. ADALGIZA MARCANO HERNANDEZ


LA SECRETARIA


ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE


Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el presente fallo.


LA SECRETARIA


ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE






















Causa N° 1A-s8788-11.
JLIV/MOB/AMH/GHA/lras.-